Eliseo Barrón, un reportero de 36 años del diario La Opinión-Milenio de Torreón (Durango), fue asesinado tras su secuestro. Ocho rufianes entraron a la modesta casa en que vivía, lo golpearon delante de su mujer e hijas, lo torturaron durante cinco horas y le dieron cuatro tiros. Cubría con frecuencia asuntos de narcotráfico. Publicó varios artículos sobre 300 policías acusados de corrupción. Barrón es el segundo periodista asesinado en Durango en menos de un mes. México es el país con más homicidios de informadores. Desde el 2000, han muerto 49 (tres en el 2009). Ningún asesinato ha sido resuelto. Lo dramático de la muerte de estos reporteros es que los mataron sin que nadie en la prensa regional, nacional o extranjera consiguiera acercarse al cerebro del narco. Ante la violencia de los mafiosos, los periodistas miden lo que publican. "Nos replegamos para no mortificar a los narcos y los narcos siguen ejecutando a placer. Antes mataban a quien los desafiaba, hoy a cualquiera", escribe Ciro Gómez Leyva en el diario Milenio."El crimen avanza, la prensa se achica. Pésima ecuación", recalca el articulista.
En un golpe directo a la red de narcopolíticos que protegen a los carteles de la droga, las autoridades federales mexicanas detuvieron a once alcaldes de importantes poblaciones del estado de Michoacán - en el sudeste-,así como a jefes y ex jefes policiales, un juez penal, una asesora del gobernador y otros altos funcionarios del área de seguridad pública. En esta ocasión, no se detuvo a sicarios o capos.
La acción sin precedentes afectó al núcleo de dirigentes políticos y policiales que mantenían el control de uno de los estados clave para el tránsito de la droga desde el Pacífico a EE. UU. Fue un operativo por sorpresa, preparado con cuidado. Para evitar fugas de información, no se alertó ni al gobernador. Camiones blindados con agentes federales y soldados que llegaron en vehículos artillados rodearon el Ayuntamiento de Apatzingán. No hubo posibilidad de reacción. Las salidas y entradas fueron bloqueadas. Nadie pudo evitar las revisiones. Uno tras otro, once ayuntamientos fueron acordonados, registrados y sus alcaldes detenidos, todos por presuntos nexos con el crimen organizado. Las detenciones se hicieron de forma simultánea.
Con la captura de alcaldes, funcionarios y mandos policiales, salió a la superficie la red de complicidades que el cartel de La Familia - grupo de narcotraficantes que opera en Michoacán-tejió en los ayuntamientos del estado. Según la fiscalía, la organización criminal contaba con la protección de los once alcaldes detenidos - siete del Partido Revolucionario Institucional, dos del Partido Acción Nacional y dos del Partido de la Revolución Democrática-,que tenían el control político de una zona estratégica para el narcotráfico.
Este golpe confirma hasta qué punto el crimen organizado ha penetrado en muchos niveles del gobierno y la sociedad: funcionarios, alcaldes, mandos policiales, poder judicial, empresarios, gobierno. El operativo muestra el tamaño del monstruo al que se enfrenta el Estado mexicano. Michoacán confirma la degradación ética de la clase política, la vulnerabilidad de los funcionarios a los avances del narco y la necesidad de una estrategia integral y de largo plazo para cambiar la ecuación que permite el florecimiento de la criminalidad. Cambio difícil de llevar a término sin que en México se instale un real Estado de derecho.
Los municipios son los más vulnerables a las presiones económicas o violentas del crimen. "El crecimiento de la ilegalidad sólo puede tener lugar si cuenta con protección y complicidad de autoridades y policías", nos comentó un diplomático mexicano.
Agentes infiltrados apoyaron la labor de inteligencia de especialistas civiles y militares. Tras un largo trabajo de escuchas telefónicas, videograbaciones, observación de centros de operación y casas de seguridad, de recibir confidentes y denuncias anónimas, se armó un explosivo rompecabezas. Así comenzaron a saltar nombres conocidos. Primero, alcaldes y agentes policiales; luego los comandantes, directores generales, jueces, fiscales y el director de la escuela de la policía. Las complicidades llegaron hasta la antesala del gobernador Leonel Godoy.
Nunca un gobierno federal se había atrevido a tanto. El golpe más fuerte asestado por la fiscalía se ha dado en el estado natal del presidente Felipe Calderón, donde comenzó su ofensiva contra el narco. Ricardo Celso Nájera, portavoz de la fiscalía, no descartó que se investigue a otros alcaldes y funcionarios.
28-V-09, J. Ibarz, lavanguardia