Fue una capitulación en toda regla. El presidente peruano, Alan García, tuvo que claudicar ante las comunidades amazónicas a las que despreció tantas veces. Al cabo de 70 días de enfrentamientos, con más de 50 muertos entre indígenas y policías, los nativos de la Amazonia obligaron al Gobierno a derogar los decretos - conocidos como leyes de la selva- que permitían a las petroleras explotar sus recursos sin que ellos tuvieran nada que decir.
El Gobierno y representantes de 390 comunidades indígenas acordaron desactivar el conflicto. El final de la crisis supone también la salida del Gabinete del primer ministro Yehude Simon.
"Voy a dimitir en el momento en que todo esté tranquilizado, que debe ser en las próximas semanas", dijo Simon. Los decretos abolidos regulaban el uso y explotación de los recursos hídricos y naturales de la selva, incluidos gas, petróleo y madera. Los indígenas los rechazan por no garantizar el respeto a la naturaleza y no poder participar en la toma de decisiones. Tales decretos, elaborados como parte del tratado de Libre Comercio con EE. UU., significan una amenaza a su supervivencia al permitir el ingreso en sus tierras de multinacionales para extraer petróleo y minerales.
Las comunidades nativas levantarán el bloqueo de la carretera La Merced-La Oroya-Lima (nudo vital del país) por un lapso de cuatro horas diarias hasta que se deroguen definitivamente los decretos. "Vamos a terminar las medidas de fuerza en los puntos que afecten al tránsito, servicios públicos, abastecimiento, oal funcionamiento de estaciones de suministro y bombeo de combustibles", dicen los líderes indígenas.
García respaldó la decisión de Simon de dar marcha atrás. "Debemos abrir un espacio de reconciliación, pacificación y espera", dijo García, al subrayar que es necesario "un clima de paz y tranquilidad que permita mayores inversiones en el país". El conflicto, que se inició con una huelga de nativos el 9 de abril, derivó en graves enfrentamientos el 5 y 6 de junio que dejaron 24 policías y diez lugareños muertos.
Francisco Díez Canseco, presidente del Consejo por la Paz, señala que la médula del conflicto está en la visión que, desde su torre de marfil, tienen quienes manejan la cosa pública desde Lima. "No perciben que allá en el Perú profundo se cocina la protesta por encima del raciocinio occidental, como consecuencia de décadas de marginación y falta de presencia del Estado. Muy poco se ha avanzado en la integración de las etnias amazónicas", denuncia Díez Canseco. García ha logrado en pocos días articular una amplia oposición que va más allá de la defensa de la Amazonia y cuestiona su política económica, como se vio en la jornada de apoyo a los pueblos amazónicos del día 11. El analista Nelson Manrique señala en el diario La República que García creyó que "con una masacre ejemplarizante acabaría con la resistencia de los pueblos amazónicos, como se desprende de los testimonios de varios policías, que afirman que se les dio la orden de disparar a matar".
18-VI-09, J. Ibarz, lavanguardia