El Gobierno del presidente Felipe Calderón reforzó ayer su ofensiva contra los narcotraficantes en el estado de Michoacán con el envío de 5.500 soldados, marinos y policías, dos helicópteros de asalto Black Hawk y varios vehículos patrulla. La decisión se produce un día después de que uno de los líderes del cartel de La Familia propusiera al Gobierno un pacto para acabar con la ola de violencia en el país.
EL narcotráfico mantiene un cruel pulso con el Estado mexicano. Un chantaje que se mide en la capacidad de sembrar el terror y la muerte. El crimen organizado pone en jaque a un Estado democrático con acciones que adquieren una dimensión bélica: matanzas de policías, asaltos a comisarías y emboscadas a las fuerzas del orden. Que bandas de delincuentes atenacen un país desarrollado con más de cien millones de habitantes hace que el desafío no sea ya sólo una cuestión interna de México, sino un problema de dimensión global.
La guerra que libra México es un combate del Estado de derecho frente a la barbarie y, por consiguiente, es una batalla de todo el mundo civilizado. Aunque es el país centroamericano el que debe encontrar y corregir las raíces de la impunidad y el poder acumulado por los narcotraficantes. En este sentido, la corrupción arraigada históricamente en las estructuras del Estado ha permitido la expansión de las bandas, y la ofensiva del presidente Felipe Calderón se libra tanto en los escenarios de la droga como en los despachos oficiales de quienes colaboran por acción u omisión en el inmenso negocio del narcotráfico.
México necesita derrotar a los carteles de la droga, a la corrupción y al miedo. Porque la desmoralización de la sociedad sería la mayor de las victorias de los criminales. Las encuestas revelan que más de la mitad de la población piensa que el hampa está ganando la batalla, y México debe transformar el miedo en determinación colectiva contra los narcos. Pero los mexicanos no pueden vencer solos. Necesitan la implicación de la comunidad internacional. Primero, para evitar que la cocaína que produce la narcoguerrilla colombiana alimente los carteles mexicanos vía Venezuela. Después, para conseguir que los países ricos de Occidente frenen el consumo de estupefacientes entre su población que, al final, es el que sostiene y explica la existencia de las organizaciones criminales.
La sangrienta ofensiva que estos días ha desencadenado el cartel La Familia en Michoacán puede ser interpretada como un acto desesperado ante el acoso policial o la expresión de un delirante desafío al Estado. En cualquier caso, lo que está en juego es el imperio de la ley que parte de la legitimidad democrática y la primacía de los derechos humanos sobre el terror. Si el crimen vence en México, sería todo el mundo civilizado el que estaría de rodillas. Si, en el peor de los casos, México se convirtiera en un Estado fallido a manos del narcotráfico, sería una derrota imperdonable de la democracia y la libertad a escala global.
18-VII-09, afp/lavanguardia
