Japón es, junto a Estados Unidos, el único país desarrollado que mantiene en su sistema legal la pena de muerte. que aplica mediante la horca, en secreto y sin previo aviso al preso. Unas circunstancias que las asociaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradamente.
En el 2008 el país ejecutó quince presos y en lo que va de año suma siete.
Keiko Chiba ayer se mostró firme en su propósito, pero prudente. Sabe que más de un 80% de la opinión ciudadana apoya las ejecuciones para los casos de sangre. Por ello, simplemente abogó por "abrir un amplio debate público" sobre la pena de muerte y anunció que gestionará "con extremo cuidado" los casos que "afectan a la vida de las personas".
Cuando Chiba hizo estas declaraciones debía pensar, sin duda, en el informe que Amnistía Internacional (AI) hizo público sobre la pena de muerte en Japón una semana antes de que Hatoyama asumiera el poder. En este documento, AI relata que a los condenados a muerte no se les permite hablar entre ellos, y el contacto con familiares, abogados u otras personas puede limitarse a visitas de cinco minutos. No se les permite moverse salvo para ir al baño, y deben permanecer sentados en su celda. Además, tienen menos acceso al aire libre y la luz del sol, y más probabilidades de sufrir castigos extra por infringir las estrictas normas que se les imponen. Para ellos, cada día puede ser el último. AI dice que se trata de unas condiciones "crueles, inhumanas y degradantes", que actualmente afectan a 102 personas.
Existe, además una gran opacidad. Sólo se sabe que la pena capital se aplica mediante la horca y en siete de las 75 cárceles del país. No hay testigos, no hay grabaciones. No hay nada.
