Después de más de 25 años de una legislación aplicada con escaso rigor, la nueva ley de plazos se "debería entender como una respuesta jurídica a una situación presente y tolerada en nuestra sociedad". Esa es una de las conclusiones del informe del Institut Borja de Bioètica (IBB) acerca de la nueva ley del aborto. Esta organización de inspiración cristiana ha debatido y desmenuzado todos y cada uno de los detalles de la fecundación, las técnicas de reproducción asistida, las de diagnóstico prenatal y el aborto a lo largo de un año. Han medido cada palabra y, aunque dicen que no están a favor del aborto ni creen que este sea un derecho -aunque funcione como tal-, consideran que, en el contexto presente, la ley de plazos que ha de llegar al Congreso es una respuesta adecuada que la sociedad ya ha normalizado.
El Gobierno ya ha sometido el texto propuesto al Consejo de Estado y al Comité de Bioética de España. En ambos casos, ha recibido el amparo en uno de los aspectos más polémicos, el de que las mujeres pueden tomar la decisión a partir de los 16 años, igualándola con cualquier otra decisión referida a su salud, sin necesidad de informar a los padres de las menores en caso de conflicto. También el Institut
Borja de Bioètica coincide en su dictamen: "Hay que abogar porque se trabaje cada caso en concreto, pero en una situación crítica, se debe respetar la confidencialidad", señala la jurista Núria Terribas, directora del IBB.
En su informe insisten en la necesidad de regular la objeción de conciencia, ahora en una cierta nebulosa, sólo reconocida en la Constitución, y concretar los términos para poder ejercer esos dos derechos, el del médico a no atender abortos por motivos de conciencia y el de la usuaria de ser atendida en un centro sanitario.
Desde el punto de vista el IBB, el plazo máximo para abortar sin alegar ningún motivo no debería superar las 12 semanas. El texto del Gobierno habla de 14 semanas. La fecha coincide con lo que se considera "el momento del inicio del carácter personal del embrión". Para llegar a ese momento, se necesita que concurran una información genética correcta, unas condiciones de implantación que permitan hablar de la individuación del embrión (que ya no pueda dividirse en dos embriones), la existencia de una morfología mínima suficiente y que se haya puesto en marcha la producción y circulación de todos los elementos fisiológicos imprescindibles entre la madre y el embrión implantado.
"Hay otras posturas", señala la directora del instituto recordando la manifestación convocada por la jerarquía eclesiástica para el día 17, "pero creemos que este informe es un modo de orientar a muchas personas de inspiración cristiana". Apoyan el uso de métodos anticonceptivos, incluida la píldora poscoital: "Todos ellos son aceptables desde un punto de vista ético siempre que deriven de una decisión responsable". Y en su análisis sobre la investigación en la que se utilizan embriones sobrantes, el límite ético está en la fabricación. "El riesgo es convertir la reproducción en un proceso industrial".
El IBB, que también elaboró un informe sobre la eutanasia, está formado por juristas, profesores de bioética, biología y filosofía y médicos. Dos de ellos son religiosos. Y no creen que la nueva ley vaya a suponer más abortos que los que ya hay. Las cifras crecen cada año. Si en 1999 hubo 58.399 interrupciones voluntarias del embarazo, en 2005 hubo 91.664 y en el 2007, 112.138. El 88 por ciento, antes de la semana 12.
13-X-09, A. MacPherson, lavanguardia