´El Tribunal de Orden Público´, Enric Juliana

El otoño es en Madrid áspero y luminoso, rudo y amable, convoca sensiblerías, pero jamás caerá prisionero de la melancolía. El día en que Madrid se transforme en una ciudad melancólica, España será otra cosa. Los cielos plomizos se apoderan del azul velazqueño, la vida se endurece, los colores del Retiro se desintegran y un viento glacial te dará mañana las buenas noches. El otoño vuelca en Madrid un rigor sin desamparo. Susbiste un orden.

Subsiste un orden, porque ese es el espíritu del tiempo. Que se desengañen los liberales auténticos y los liberales conversos (numerosos y chillones), la existencia de una autoridad anterior al movimiento de las estaciones, de los hombres y de las cosas es el gran tema de España. Siempre lo ha sido.

Ahora mismo, mientras los cielos plomizos se apoderan del azul con nubes rosáceas, allá por el Campo del Moro, manda en Madrid el Tribunal de Orden Público. Nada verdaderamente importante escapa a sus antenas. Convertidos los tres ejércitos en un benévolo apéndice de la OTAN, obrado el milagro de los capitanes, coroneles y generales políglotas y viajados por medio mundo, es el Tribunal de Orden Público quien recuerda cada día a los españoles la existencia de una autoridad superior al espeso desorden de la época. La Audiencia Nacional está en todo.

Pueden contarse con los dedos de una mano los años en los que la España contemporánea no ha sido regida por una jurisdicción especial. La monarquía alfonsina se apoyó en la ley de Jurisdicciones para subsistir. Desde 1906 a 1931, la libertad de expresión (las ofensas orales o escritas a la unidad de la patria, la bandera y el honor del ejército) estuvo sometida a la autoridad militar. Todo comenzó en Barcelona. Un grupo de oficiales irritados por las chanzas de la revista satírica Cu-cut! asaltó su redacción al grito de "¡Viva España!". Tras el dramático paréntesis republicano, el franquismo fue, en lo esencial, un estado de excepción permanente. La restauración democrática de 1977 derogó las leyes fundamentales de la dictadura, pero una fuerza invisible le impelió a inventarse con extrema presteza una nueva jurisdicción especial, inicialmente justificada por los delitos de terrorismo. En aquel tiempo, ETA mataba cada semana y los cuarteles estaban, de nuevo, al borde del estallido. El 4 de enero de 1977, el mismo día en que era suprimido el TOP franquista, nacía por real decreto la Audiencia Nacional. Una nueva élite judicial democrática asumía la competencia de vigilar los asuntos más sensibles del país (no sólo el terrorismo), mientras España se entregaba a la incierta aventura de la descentralización. Unos poderes eran obligados a dar marcha atrás y otros eran invitados a tomar el vigilante relevo. En ningún otro país de la Europa occidental subsiste una jurisdicción similar.

A medio camino entre Roberto Alcázar y los Intocables de Elliot Ness, los magistrados de la Audiencia Nacional se han convertido en los modernos pretores de la democracia española. Jueces-gobernadores. Jueces con amplia potestad para modificar el curso de la política, como quedó perfectamente demostrado en los años noventa. Se produjo entonces un hito estelar, cuyos ecos aún perduran e influyen. Es un episodio de todos conocido: en 1993, Baltasar Garzón, el juez más popular de la Audiencia, sintió en su interior la misma llamada sobrenatural que ahora dice oír Joan Laporta. Tenía que salvar la nación y aceptó el segundo puesto en las listas del PSOE. (Laporta acabará aceptando el segundo puesto en las listas de CiU, se admiten apuestas). Desde entonces, la Audiencia Nacional además de jurisdicción especial es un animado avispero.

El Tribunal de Orden Público manda en España. Pasan los gobiernos, se alternan las mayorías, se reforman estatutos, se marea la economía y los pilares básicos siguen siendo la Monarquía, la caja única de la Seguridad Social, la Guardia Civil y la Audiencia. Los jueces intocables bajando las escalinatas de la calle Orellana en el telediario de las tres. El pueblo les respeta y seguramente les admira.

Son los federales de un país que aún aborrece esa palabra y comienza a tener serios motivos para no fiarse de los poderes políticos próximos y de los jueces locales. Son los pretores de Pretoria,operación de Estado que, en lenguaje cifrado y esposado, ha notificado a los grupos dirigentes de Catalunya que no es tiempo de aventuras. Son los nuevos corregidores. Son la Autoridad Subyacente en una España desorientada.

15-XI-09, Enric Juliana, lavanguardia