exitosa movilización internauta contra la ministra González-Sinde
El estado de la cuestión:
Hasta ahora la ley de la Sociedad de la Información no incluía mecanismos extraordinarios para actuar contra los infractores de los derechos de autor, lo que obligaba a los afectados (sociedades de gestión) a recurrir a un juez, ralentizando la adopción de medidas correctoras o sancionadores.
Lo que apunta la futura ley:
La creación de la Comisión de Propiedad Intelectual permitiría que un órgano administrativo -no judicial-, una vez recibida una denuncia por una infracción contra los derechos de autor, actuara contra esa página web, bloqueándola o incluso cerrándola.
Los actores del conflicto:
Coalición de creadores. Aunque luego algunos actúen por su cuenta - como esta semana hizo Promusicae-es la voz única de los tenedores de derechos y de las sociedades de gestión.
Redtel. A los proveedores de internet y los fabricantes de tecnología no les interesa el fin del intercambio de archivos, uno de los principales atractivos de la red en un país con una penetración de internet aún pobre.
Internautas. Colectivo difuso, sin cauces de representación claros, pero de activismo febril. Blogueros, abogados, colectivos anti-SGAE, defienden la internet libre.
La vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega negó que la ministra de Cultura, ÁngelesGonzález-Sinde, vaya a dimitir, pero no quiso opinar sobre el supuesto enfado de Sinde al verse desautorizada el jueves por el presidente del Gobierno, que anunció que no se bloqueará página web alguna sin la orden de un juez, apenas unas horas después de que el director de industrias culturales, Guillermo Corral, dijera exactamente lo contrario a un grupo de activistas de internet.
La intervención de Zapatero, en todo caso, no apagó el incendió que se ha desencadenado esta semana en la red y que tenía anoche una prolongación material en forma de manifestaciones en varias capitales españolas, la principal, desconvocada a última hora ante Cultura en Madrid y convertida en "un paseo". Un movimiento que, ateniéndose a las palabras de Zapatero, supone de hecho una toma de partido en un terreno en el que llevaba muchos trimestres manejando una estudiada ambigüedad, escuchando a unos y otros - internautas y sociedades de gestión de derechos-sin decir a nadie que no. Ahora, en cambio, el Gobierno deberá elegir entre descafeinar los artículos sobre Propiedad Intelectual en el trámite parlamentario o, simplemente, eliminarlos.
La posición de calculado desentendimiento del Gobierno respecto a la regulación de internet y de la transmisión de archivos - música y películas-entre particulares a través de redes P2P se fraguó tras la airada respuesta social, en diciembre del 2007, a la ampliación del canon digital. Una respuesta a la que se adhirió entonces el PP - modificando su posición anterior y manteniendo desde entonces dos políticas contrarias, en Europa (a favor de la regulación legislativa de los flujos de contenidos en internet) y en España (en contra de medidas que cercenen la neutralidad de la red)-.La proximidad de las elecciones de marzo del 2008 elevó la intensidad de aquel debate y, desde entonces, el Gobierno se había mantenido fuera de la controversia, delegando la búsqueda de una solución de consenso en una mesa en la que participan la llamada Coalición de Creadores (que aglutina a las sociedades de gestión) y la sociedad Redtel (en la que están representadas las empresas proveedoras de servicios de internet y las fabricantes de tecnología).
El Ejecutivo, por otra parte, quiere sacar a España de la lista negra que la coloca como uno de los países donde más se "piratean" contenidos - es decir, se intercambian archivos-lo que llevó a idear alguna iniciativa legislativa que, sin comprometer la legislación futura - ni lanzarse a aventuras como la controvertida regulación francesa-,ayudara a mejorar la imagen de España en cuanto a la protección de la propiedad intelectual. Algo de esto se habló en las reuniones de trabajo que mantuvieron la delegación española y la Administración estadounidense con ocasión de la visita de Zapatero a Barack Obama.
Mientras, la mesa de la Coalición de Creadores y Redtel no lograba ningún avance, y el Ministerio de Industria y el de Cultura mantenían su pugna particular, uno en defensa de la industria tecnológica y el otro, empujado por las sociedades de gestión, pulso que es más de los departamentos que de sus titulares (ya lo escenificaron Joan Clos y César Antonio
Molina antes que Miguel Sebastián y ÁngelesGonzález-Sinde). Este bloqueo se rompió esta semana con la inclusión de dos modificaciones de la ley de Servicios de la Sociedad de la Información en la ley de Economía Sostenible. Una alude a la obligación de los proveedores de servicios de red de identificar las IP de los posibles autores de delitos contra la propiedad intelectual, cuando lo solicite un juez. La segunda, con la que se ha armado la marimorena, la creación de una Comisión de la Propiedad Intelectual dentro del Ministerio de Cultura que velaría por el respeto de los derechos de autor y cuyas decisiones serían vinculantes. La redacción de los textos deja en el aire la cuestión de si este órgano puede actuar al margen de los jueces, lo que desencadenó la inquietud de los internautas.
Sin embargo, la intervención del jueves del presidente del Gobierno, ratificada ayer por la vicepresidenta tras el Consejo de Ministros, supone no sólo un paso atrás respecto a las intenciones manifestadas por Cultura a los internautas, sino una toma de postura a favor de los firmantes del manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet. Estos consideran que el derecho privado de la propiedad intelectual no puede anteponerse a los derechos fundamentales (la libertad de expresión y el derecho al secreto de las comunicaciones), que por su condición, según la Constitución, sólo pueden ser limitados por un juez.
5-XII-09, P. Vallín, lavanguardia
La semana que se acaba ha sido la más dura desde que ángeles González-Sinde accediera al Ministerio de Cultura, nombramiento que desde el primer minuto provocó una reacción airada de la comunidad internáutica y numerosas peticiones de dimisión. Se entendió entonces que, como guionista y ex presidenta de la Academia de Cine, la ministra era juez y parte en la peliaguda cuestión de la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual en internet.
Desde entonces, sus declaraciones al respecto, bien distintas de las que realizó como presidenta de la Academia, siempre han ido dirigidas a tranquilizar a los usuarios de internet. Incluso esta controvertida semana. El mismo día en que trascendió que había medidas para regular internet en la ley de Economía Sostenible, el ministro de Industria, Miguel Sebastián primero, y González-Sinde poco después salieron para aclarar que en ningún caso se practicarían cortes de servicio a los internautas que se descargaran contenidos. Es decir, que no habría ley Sarkozy en España. De hecho, Cultura fue un poco más lejos y, lanzando inadvertidamente una cerilla a un ámbito bien empapado de gasolina, aclaró que esas medidas de cortes de servicio no estaban pensadas para los usuarios sino para las web que infringieran la propiedad intelectual.
Esta aclaración final, en realidad, sólo propició más controversia, pues quedaba en el aire la creación de una comisión gubernamental que podría decidir cerrar páginas web sin el concurso de un juez. Esto provocó la inmediata movilización de la red, así como el impulso de un manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet.
Precisamente con la voluntad de apagar ese incendio, Cultura convocó a primera hora del jueves a algunos de los más conocidos activistas de la red, blogueros, analistas, e incluso a proveedores de servicios que fueran empresas de referencia en internet. Ante las preguntas de los convocados, el director de industrias culturales del ministerio, Guillermo Corral, acabó por decir que efectivamente, el nuevo órgano gubernativo tendría potestad para cerrar páginas web o bloquear el acceso a ellas en caso de que estuvieran hospedadas fuera de nuestro país. ¿Aunque no lo ordene un juez? Sí, aunque no lo ordene un juez. El bombero se convirtió - acaso sin saberlo o, en todo caso, sin quererlo-en pirómano y el polvorín estalló. Y mientras González-Sinde defendía que seguirían dialogando, internet se alzaba en armas y twitters contra la ley. Hasta que Zapatero intervino y dejó en evidencia a su ministra.
5-XII-09, P. Vallín, lavanguardia
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