El italiano Silvio Berlusconi, el rumano Mircea Geoana y el caboverdiano Carlos Veiga tienen algo en común. Perdieron unas elecciones después de ganar en el territorio de sus respectivos países. El voto de sus conciudadanos del extranjero los tumbó, aunque en el caso de Berlusconi, en el 2006, sólo fue en el Senado. Son tres ejemplos extremos de la capacidad de influencia de los expatriados, cuyo sufragio tiene por general un valor simbólico pero puede convertirse en determinante.
Es lo que acaba de suceder en las presidenciales de Rumanía. Según los resultados provisionales, objeto ahora de revisión, el socialdemócrata Geoana venció por apenas 15.000 votos en el territorio rumano al actual presidente, el liberal Traian Basescu, pero este logró casi 85.000 papeletas de ventaja entre los residentes en el extranjero, que le permitieron darle la vuelta al resultado final. Mientras en Rumanía hubo un empate, en la emigración Basescu obtuvo un 79% de los votos por el 21% de Geoana, que denunció diversas irregularidades.
El voto en el exterior tiene "más un sentido romántico que influencia en los resultados", proclamó el presidente del Senado de Colombia en 1961, cuando este país concedió el derecho al sufragio a sus emigrantes.
Por lo general, prima ese valor simbólico, de alimentar el sentimiento de pertenencia de los ausentes. Para que dicte el desenlace electoral se precisa ante todo un resultado muy ajustado en el interior, ya que incluso en casos extremos como el de Cabo Verde los votantes de dentro del país suponen más del 90% del total. Y tiene que haber una divergencia entre las preferencias de los electores del exterior y del interior.
En el archipiélago africano de Cabo Verde Pedro Pires ganó dos veces las elecciones presidenciales, en el 2001 y el 2006, pese a perder en el territorio nacional. Curiosamente, el derrotado, Carlos Veiga, había incluido el voto emigrante en las negociaciones de la transición democrática.
Una paradoja similar se dio en Italia. En su anterior mandato como primer ministro, Silvio Berlusconi impulsó el voto para los emigrantes, de la mano de su ministro Mirko Tremaglia, que llevaba varias décadas proponiéndolo. En el 2006, sin embargo, los italianos del exterior se inclinaron por el candidato opositor, Romano Prodi, que gracias a ellos arrebató a Berlusconi la mayoría en el Senado y completó su triunfó en la Cámara de Diputados.
El profesor Dieter Nohlen, uno de los principales especialistas internacionales en elecciones, advirtió hace casi una década del "serio problema" que surge si el voto de los residentes en el exterior define los resultados, pues estos "se tornan muy controvertidos". Rainer Bauböck, teórico de la ciudadanía transnacional, también ha alertado de los problemas de legitimidad que se crean. Sin embargo, es una cuestión muy delicada, porque, como sostiene la socióloga mexicana Leticia Calderón, "si no existiera esa mínima garantía de poder influir y determinar el resultado, entonces el proceso democrático no tendría sustento alguno".
Los detractores del voto exterior argumentan que los residentes en el exterior no van a sufrir el producto de sus decisiones y suelen vincular el derecho al sufragio al pago de impuestos en el país. Los partidarios esgrimen las aportaciones de la diáspora, a través de las remesas y, a menudo, en la lucha por la democracia, al tiempo que reivindican su interés por tener voz en la patria. El debate está siempre condicionado por los cálculos de los partidos sobre la inclinación de los votos procedentes del exterior.
Con frecuencia, las elecciones en el extranjero están presididas por las sospechas de fraude, especialmente cuando el voto se efectúa por correo, como en España. Rodríguez Zapatero ha reconocido que existen "serias deficiencias" en el ejercicio del voto exterior, objeto de un permanente debate en Galicia, donde la diáspora aporta el 13% del censo.
En Galicia ya ha sucedido que el desenlace electoral esté pendiente del voto exterior. Pero hasta ahora en España sólo ha provocado cambios de manos de escaños, como sucedió con un diputado de Barcelona en las generales del 2008, que el PP quitó a CiU, aunque a ello también contribuyó la revisión de las actas del interior. En Canarias ha habido varios bailes de escaños.
Hace más de cien años que Australia y Nueva Zelanda autorizaron a sus marineros a votar desde el exterior. Pero el primer gran impulso llegó con las guerras mundiales, cuando Canadá, Estados Unidos y otros países organizaron elecciones en el frente. Una segunda oleada se registró en la década de los 70, cuando Estados Unidos lo aprobó para los civiles, Francia instauró el sufragio en urna, Portugal creó una circunscripción para los emigrantes y España lo implantó, con muchas limitaciones, en 1977.
La generalización, hasta existir en más de cien países, se produjo a partir de los noventa, fruto de la extensión de la democracia y de la globalización. Así, en un país de inmigrantes como España, raro es el domingo en el que no hay elecciones, a veces decisivas.
14-XII-09, A. Lugilde, lavanguardia
Unos catorce millones de mexicanos residentes en Estados Unidos vieron a distancia cómo, en un final dramático, Felipe Calderón ganó las elecciones presidenciales del 2 de julio del año 2006. El candidato conservador se impuso con una ventaja mínima del 0,58%, apenas con 246.934 votos de un total contabilizado de 41.791.322 electores.
Con una diferencia tan pequeña, los emigrantes mexicanos pudieron haber decidido de sobras la elección. Pero sólo votó una cantidad insignificante: 32.632 electores.
Durante más de diez años, en México hubo continuos debates sobre el derecho al voto de los emigrantes. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que estuvo 71 años en el poder, ponía todo tipo de impedimentos para modificar la ley electoral. Los analistas señalaban que el antiguo partido de Estado actuaba así por considerar que la mayoría de los emigrantes votaría en su contra y porque, durante su larga permanencia en el poder, fue incapaz de darles trabajo.
La llegada de Vicente Fox a la presidencia (del Partido de Acción Nacional) facilitó que en junio del 2005 el Congreso aprobara que los mexicanos residentes en el extranjero pudieran votar. Esta reforma creó enormes expectativas sobre una participación masiva de emigrantes en los comicios presidenciales.
Tras evaluar varias alternativas, se optó por el voto postal, novedad total en México. Pese a que la ley le autorizaba a votar, el emigrante encontraba realmente muchas trabas. En primer lugar, debía solicitar por correo certificado su inscripción en el registro especial para electores en el extranjero. Otro problema aún mayor fue la exigencia de que, para votar, el emigrante debía poseer una credencial electoral con foto. La mayoría no la poseía, y sólo la podía obtener personalmente si viajaba a México, lo cual era más que problemático para los millones de indocumentados.
Alegando razones de equidad en la búsqueda del voto, el Congreso prohibió a partidos y candidatos realizar en el exterior cualquier tipo de campaña. Aunque en los consulados mexicanos se facilitó información, los resultados fueron desalentadores. Sólo se registraron 40.876 emigrantes para las elecciones presidenciales del 2006. La falta de campaña y los requisitos rigurosos que se impusieron para el registro explican tan bajos índices de participación.
Juan José Gutiérrez, coordinador del Movimiento Latino USA, comentó que en las elecciones de julio del 2006 "quedaron fuera de la jugada catorce millones de mexicanos a quienes se les negó el derecho a votar", al tratarse de un proceso "muy viciado en el que no todos pudieron participar".
14-XII-09, J. Ibarz, lavanguardia