El senador retomaba una crítica frecuente entre organizaciones de derechos humanos, que temen que, pese al cierre previsto del Guantánamo original, la detención irregular de una parte de los presos se mantenga. En Guantánamo, abierto por la administración Bush tras los atentados del 11-S para custodiar a presuntos terroristas y combatientes enemigos, viven ahora unos doscientos detenidos.
Una parte de los detenidos deben ser trasladados a otros países. Otros serán juzgados en tribunales civiles o militares en EE. UU. El resto seguirán detenidos de forma indefinida: la Administración los considera peligrosos, pero carece de pruebas, o las pruebas son inválidas porque se arrancaron con torturas.
Al centro correccional de Thomson, a 240 kilómetros de Chicago (Illinois), se trasladarían presos indefinidos, y allí también se juzgaría a otros presos en comisiones militares.
La adquisición de la prisión de Illinois pone fin a meses de búsqueda. Muy pocos estados estaban dispuestos a recibir a los detenidos, lo que motivó el veto del Congreso al cierre de Guantánamo.
Nada más llegar a la Casa Blanca, en enero, Obama firmó un decreto (orden ejecutiva) por el que ordenaba cerrar Guantánamo "no más tarde de un año después de la fecha de esta orden", es decir, el 22 de enero del 2010. Aquella decisión fue el símbolo más claro de ruptura con las prácticas de George W. Bush. Las dificultades para reubicar a los presos, sin embargo, retrasaron la fecha. En noviembre, el presidente admitió que el plazo se incumpliría.
La compra de la prisión de Thomson, sin embargo, unida a la decisión de juzgar a Jalid Sheij Mohamed - considerado el cerebro del 11-S-y a sus compinches en un tribunal civil de Nueva York, evidencia que las cosas avanzan. El cierre de Guantánamo está más cerca.
