La reacción en los foros de internautas (los mismos a los que la ministra convocó hace mes y medio para tranquilizarlos) no se ha hecho esperar y ya han puesto el grito en el cielo ante la creación de lo que consideran un "privilegio legislativo", pues se habilita un procedimiento ultrarrápido para defender la propiedad intelectual, mientras, para la defensa de los derechos y libertades fundamentales en internet, se obliga a acudir a un largo contencioso con la administración. Algunos han comparado esta pretensión con la de los esclavistas, por anteponer "el derecho a la propiedad a la libertad de los individuos". De la complicación de la medida que pretende aprobar el Gobierno da buena fe que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, explicara ayer que, para poner esto en marcha, se deberá modificar la ley orgánica del Poder Judicial, la de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y la ley de la Propiedad Intelectual. Lo que complica aún más la aritmética parlamentaria para tantas aprobaciones.
El Gobierno ha tirado por la calle de en medio con la tutela de los derechos de propiedad intelectual en internet, recogida en el anteproyecto de ley de Economía Sostenible que ayer aprobó el Consejo de Ministros para su remisión a los órganos consultivos. Al final, habrá una tutela judicial sui géneris del proceso para el bloqueo de páginas web que presuntamente vulneren derechos de autor o propiedad intelectual, un proceso que será básicamente administrativo.
La pretensión de la llamada Coalición de Creadores y los tenedores de derechos (autores y editores) era que un órgano de la administración actuara de forma soberana, a instancia de parte. Los colectivos por una internet libre y neutral defendían que, al afectarse derechos fundamentales (de especial protección jurídica), sólo un juez podía tomar medidas, al entrar en conflicto el derecho mercantil del propietario de la obra afectada, y el derecho fundamental (libertad de expresión y comunicación y derecho a la información) de los actuantes en internet. Ni una cosa ni la otra. Bueno sí: más bien una cosa con una pizca de la otra.
Será un proceso administrativo, y será la Comisión de la Propiedad Intelectual, que creará el Ministerio de Cultura, la que escuche a las partes y juzgue si hay o no un ilícito contra la propiedad intelectual. La salvedad es que, concluido el expediente, si la decisión es bloquear el acceso a los presuntos contenidos ilegales, este bloqueo requerirá una previa autorización judicial, para la que el juez - un magistrado de la Audiencia Nacional-dispondrá de cuatro días. Lo que está claro, y ayer Cultura no lo explicó, es si el juez se pronunciará sobre el fondo del asunto, pero dada la premura del plazo establecido, todo apunta a que no.
Eso es al menos lo que ha contado la ministra de Cultura, ÁngelesGonzález-Sinde, puesto que la nueva redacción del anteproyecto no se dará a conocer hasta el lunes, dice el Ministerio de Economía, "por razones técnicas" relacionadas con un problema de su página web - valga la paradoja-.Aunque Sinde insiste en que este tipo de autorización judicial es similar a la que se aplica en otros casos, "como la retirada de alimentos por seguridad alimentaria", la clave es que no se trata de una medida cautelar (es decir, provisional, en tanto el juez decide sobre el fondo del asunto), sino de una mera autorización a la administración para actuar bloqueando una página web o parte de sus contenidos. De este modo, al sancionado no le cabe recurrir en una siguiente instancia judicial, ya que no se trata de una sentencia, y por lo tanto, contra esa decisión sólo cabe el contencioso administrativo - aunque también podría acudirse mediante recurso de amparo al Constitucional, si entendiera el sancionado que se han vulnerado sus derechos fundamentales-,es decir, un litigio cuya resolución requerirá años.
La ministra indicó que la Comisión de la Propiedad Intelectual, cuya composición se regulará con un reglamento, tendrá el deber de informar y escuchar al denunciado - si lo encuentra; muchas de las web que ofrecen acceso a descargas (intercambios de archivos) no están alojadas en España, ni siquiera en la UE-en un proceso que, al ser administrativo, no contará con las garantías de una causa judicial (plazos, defensa, pruebas periciales, testimoniales...), y que funcionará como "cuando te ponen una multa de tráfico", explicaba ayer Cultura, metáfora con la que parece darse la razón a los que temían la creación de una "policía de internet", que ayer ya tildaban de aberrante la creación de una jurisdicción especial y juicios rápidos para defender la propiedad intelectual.
9-I-10, P. Vallín, lavanguardia
