"Fue un error legal rechazar las acusaciones de genocidio contra el presidente Al-Bashir", dijo en conferencia de prensa el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo.
Luís Moreno Ocampo
La orden de arresto inicial contra Bashir, emitida el 4 de marzo de 2009, sindicaba al presidente sudanés de crímenes contra la humanidad, incluyendo asesinato, exterminio, traslados forzados, torturas y violaciones en la occidental zona de Darfur.
El tribunal también acusó a Bashir de dirigir ataques contra civiles que no participaban de la guerra ni de los saqueos, pero rechazó la acusación de genocidio pedida por el fiscal.
La Cámara de Apelaciones de la CPI ordenó este miércoles al tribunal que reconsiderara los cargos de genocidio, señalando que había exigido un incorrecto estándar de evidencias al fiscal Moreno Ocampo.
La decisión no es un fallo sobre la culpabilidad o inocencia de Bashir, sino que sólo exige a la Corte que reconsidere si el mandatario debería ser acusado de ese delito.
"La fiscalía mantiene su postura de que la intención del presidente Al-Bashir es destruir (las poblaciones de) Fur, Masalit y Zanghawa. El hambre y la violación son sus armas. Esto es genocidio", dijo Moreno Ocampo.
Aun si la CPI añade esta grave acusación a la ya pesada orden de arresto contra Bashir, él no parece estar en riesgo de detención inminente: se prepara para participar de las próximas elecciones en su país, previstas para abril.
Un portavoz del gobierno sudanés dijo a la prensa que la decisión de la Cámara de Apelaciones de la CPI tenía motivos políticos y podía socavar los comicios.
"Este procedimiento de la CPI es sólo para detener los esfuerzos del gobierno sudanés hacia las elecciones y un pacífico intercambio de poder", dijo Rabie Abdelati, alto funcionario del Ministerio de Información sudanés.
Bashir depende del apoyo de países de la Unión Africana (UA) y de algunos estados árabes que se negaron a respaldar las acusaciones contra él, a pesar de que 30 naciones de África integran la CPI.
Dismas Nkunda, co-director de la Iniciativa Internacional por los Derechos de los Refugiados, dijo que la mayoría de los estados africanos todavía tienen la impresión de que Occidente procura interferir en sus asuntos.
"Los estados africanos se sienten como objetivos. La mayoría de los crímenes graves contra la humanidad se cometen en África. Varios ex jefes de Estado de la UA han sido juzgados por la CPI. La decisión de la UA fue política", dijo Nkuynda a IPS en conversación telefónica desde Kampala.
En cambio, "la CPI tomó una decisión legal", sostuvo.
3-II-10, Z. Zamela, ips