El 9 de enero del 2004, la familia del policía Aslan Dovletukayev apuraba sus peores fiestas de Año Nuevo. Un grupo de desconocidos armados entró en su casa, en el pueblo checheno de Avtury, para realizar un control de pasaportes. Tras registrar la vivienda, se llevaron a Aslan. Una semana después, su cadáver apareció en otra región con evidentes signos de violencia.
Durante varios años su familia intentó conocer el nombre de quienes secuestraron, torturaron y asesinaron a Aslan. Desesperados, acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en Francia, una instancia internacional que miles de ciudadanos rusos utilizan como última esperanza de obtener justicia. “Me mataron a mi único hijo, pero nadie me ha pedido nunca perdón”, dice entre lágrimas desde Chechenia Sharip Dovletukayev, padre de Aslan.
Rusia tiene en Estrasburgo más causas pendientes que ningún otro país. De las 114.550 peticiones de amparo que estaban sin resolver a 1 de octubre del 2009, 31.000 (27,1%) proceden de Rusia. Los casos son muy diversos, y van desde impagos de pensiones hasta violaciones de lo más preciado, es decir, el derecho a la vida. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tiene como misión investigar violaciones contra la Convención Europea de Derechos Humanos, un tratado que data de 1950. Los 47 países miembros del Consejo de Europa, firmantes de la convención, están obligados a acatar las sentencias. Turquía es el segundo país por causas pendientes (12.250, un 10,7%), seguido de Ucrania, Rumanía e Italia.
¿Por qué procede de Rusia el mayor número de quejas por violaciones de los derechos humanos? En primer lugar, porque es un país enorme (142 millones de personas). En segundo, por las deficiencias del sistema judicial y la aplicación de las leyes. “En otros países, las quejas más frecuentes se refieren a pequeños detalles, mientras que en Rusia las causas son mucho más serias. La lucha contraterrorista no ha terminado, y por este motivo siguen muriendo y desapareciendo personas”, explica el abogado Igor Trunov, quien llevó a Estrasburgo el secuestro terrorista de Nord-Ost, del 2002.
Juristas y ONG consultados por el Magazine coinciden en que en general el problema en Rusia no se encuentra en las leyes, sino en la forma de aplicarlas. “Cuando se denuncia una violación de derechos, por ejemplo por las malas condiciones en las cárceles, o por la muerte de un preso, no se suele abrir una investigación criminal. Eso es un fallo del sistema. Pero la ley existe”, dice la abogada Karinna Moskalenko, cuyos clientes más conocidos son el oligarca Mijail Jodorkovski y la familia de la periodista Anna Politkovskaya, asesinada en el 2006.
En teoría, es necesario agotar todas las instancias judiciales del país antes de dirigirse a Estrasburgo. Pero la práctica del tribunal admite un nuevo caso si se demuestra que la investigación dentro del país es ineficaz, no existe o se alarga en el tiempo. Muchos de los casos rusos que llegan al tribunal proceden de Chechenia y del norte del Cáucaso, ya que en esa región golpeada por dos guerras en las últimas dos décadas rara vez se encuentran a los responsables de delitos graves.
El caso de Aslan Dovletukayev se abrió y se cerró varias veces, hasta que la familia decidió pedir ayuda a la ONG Comité contra la Tortura. Los asaltantes ese 9 de enero podrían ser militares rusos, ya que llegaron en vehículos utilizados habitualmente por el ejército, y según la Convención Europea de Derechos Humanos es el Estado quien debe asumir la responsabilidad de las acciones de sus representantes. “Como norma, los asaltantes nunca se identifican ni presentan orden de arresto”, apunta a este periódico Tatiana Kasatkina, directora de Memorial, la mayor ONG rusa. El Comité contra la Tortura envió este caso a Estrasburgo el 9 de enero del 2007.
Las circunstancias son similares a otros casos ocurridos en Chechenia. “Siempre se abre la investigación, pero no se hace nada, porque aquí los jueces tienen miedo”, dice por teléfono el ex maestro de escuela de Grozny Alaudin Sadykov, víctima él mismo de torturas. Su caso se presentó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 2006 y fue admitido en febrero del 2009.
Sadykov tenía 51 años cuando en marzo del 2000 acompañó a un grupo de militares al centro de detención temporal del distrito Octubre, en la capital chechena, del que sólo salió tras ser golpeado y vejado. Le arrancaron el pelo y lo torturaron con barras de hierro candente. Días después, alguien vestido de militar entró en su celda y le cortó una oreja. Hoy Sadykov ya no trabaja. “Puedo decir que hoy sólo existo.” Este año, el número de sentencias emitidas por el tribunal que responsabilizan a Rusia de violaciones graves contra los derechos humanos en Chechenia ha superado las cien. Casi todas, contrarias al Estado ruso. Las tres más recientes datan de septiembre.
El representante de Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, Georgi Matiushkin, ha anunciado este año que la Duma discutirá una ley que aumente las compensaciones económicas a las víctimas para frenar las peticiones de amparo a Estrasburgo. Solicitada una entrevista con Matiushkin, el departamento de prensa del Ministerio de Justicia de Rusia informó al Magazine que debido a los viajes y a la falta de tiempo no era posible.
La abogada Moskalenko lamenta que haya que recurrir a Estrasburgo. “Paralelamente, seguimos los casos en las instancias rusas. Desearíamos que se pudiese hacer justicia aquí, que es nuestro país”. Según ella, Estrasburgo ha ayudado a mejorar la situación aquí. “Tras el primer caso que llevé [el de Valery Kalashnikov, un banquero que en el 2002 ganó el segundo caso contra Rusia por recibir un trato inhumano en prisión], el poder ruso entendió que no se pueden violar los derechos de los presos. Muchas cosas mejoraron. Pero es un problema de todo un sistema, en un país enorme, y eso cuesta”, explica Moskalenko. “El Estado se ha dado cuenta también de que nos presentamos pronto al Tribunal de Estrasburgo y quiere evitarlo aplicando aquí mecanismos más efectivos. De lo cual me felicito.”
Abogados y ONG coinciden, por otra parte, en que las sentencias del tribunal no son la panacea. “Las víctimas reciben la compensación económica sin falta. Pero eso es una solución parcial, porque lo que realmente nos interesa es que se pongan las medidas para que esa violación no se vuelva a cometer. Y eso es lo que el Estado ruso no cumple”, dice Tatiana Kasatkina. Las esperanzas de agilizar los juicios en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estaban puestas en el nuevo protocolo número 14. Pero la reforma estaba bloqueada debido a la negativa de Rusia a ratificarlo. Moscú argumenta, entre otros aspectos, que la reducción del número de jueces que estudian las demandas y que emiten sentencia limita el derecho de los ciudadanos. En mayo del 2009, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que presidía entonces España, desbloqueó la situación al aprobar un protocolo 14 bis. Así, algunas de las reformas se podrán aplicar sólo a los ciudadanos de los rstados miembros que han ratificado el 14.
VLADIMIR KURBATOV
50 años. Encargado de personal. Su hija Kristina murió en el secuestro de Nord-Ost en octubre del 2002 tras el asalto de las fuerzas especiales rusas para desbaratar la acción de un comando de terroristas chechenos.
“Nunca nos dijeron de qué murieron”
“No queríamos saber quién organizó el secuestro de nuestros seres queridos. Queríamos saber cómo habían muerto, de qué y por qué no se les prestó la ayuda médica necesaria tras la intervención de las fuerzas especiales”, explica Vladimir Kurbatov, de 50 años y encargado de personal, delante del monumento en memoria de las 130 víctimas oficiales del secuestro del teatro Dubrovka, ocurrido en octubre del 2002.
Su hija Kristina, que entonces tenía 13 años, era una enamorada del teatro y le encantaba cantar. Formaba parte de un grupo infantil que estaba ensayando en los momentos previos al inicio del musical Nord-Ost. Poco después de las nueve de la noche del 22 de octubre, un comando de terroristas chechenos entró en el teatro y secuestró a todos los que estaban en su interior.
Las fuerzas de asalto entraron en el teatro el día 26. Antes utilizaron un gas narcótico para reducir a los terroristas, pero que terminó matando a la mayoría de los secuestrados muertos. Hasta el día de hoy, no se sabe qué tipo de gas era.
“Encontramos a nuestra hija en el depósito de cadáveres. Un médico nos dijo que la trajeron militares, que no les habían avisado y que no se le aplicó ningún tratamiento porque directamente se la llevó al depósito. Las autoridades no habían organizado la evacuación de los secuestrados que iban a ser víctimas del gas. Los dejaron sobre el asfalto frente al teatro, donde muchos murieron, y luego los metieron en autobuses sin ningún cuidado”, dice Kurbatov. Los familiares de las víctimas de Nord-Ost se dirigieron a Estrasburgo en el 2003 buscando una investigación de lo ocurrido. Todavía esperan respuesta.
SERGUEI SOTNIK
37 años. Carpintero. Ingresado contra su voluntad en instituciones psiquiátricas tras intentar evitar una paliza de varios policías contra una persona en la calle.
“Me encerraron en una clínica psiquiátrica contra mi voluntad”
Los problemas de Serguei Sotnik, un carpintero de San Petersburgo de 35 años, comenzaron en el 2006 de forma casi fortuita. “Volvía de la compra y me di cuenta de que varios hombres estaban dando una paliza a un joven que estaba tirado en el suelo. Pregunté qué ocurría y como respuesta me comenzaron a golpear a mí. Me defendí y le di a uno de ellos. Resultaron ser policías vestidos de paisano”, cuenta Sotnik. Después, la fiscalía le abrió una causa criminal por agresión contra la policía, y un juzgado ordenó que se le realizaran exámenes psiquiátricos en una clínica.
“Como el juicio se retrasaba y esos exámenes caducan, me enviaron otra vez. En total, estuve en tres ocasiones en una clínica psiquiátrica. Unos 30 días en cada ocasión.” Para la Comisión Civil de Derechos Humanos, una ONG de la capital del norte rusa, Sotnik es un activista de los derechos humanos, ya que desde entonces se ha manifestado contra la violencia de la policía hacia los ciudadanos.
Las quejas de Sotnik al Tribunal de Estrasburgo, que se enviaron a principios del pasado mes de septiembre, se refieren a su reclusión en la clínica psiquiátrica. Según el demandante, fue encerrado contra su voluntad. Le ataron a la fuerza en una cama y le administraron medicamentos e inyecciones que no pidió.
ALEXEI MIJEYEV
33 años. Ex policía de tráfico. Vive en una silla de ruedas desde hace 11 años, cuando saltó desde una ventana huyendo de las torturas que le infligía la policía. En el 2006 el Tribunal de Estrasburgo condenó al Estado ruso a pagarle 250.000 euros.
“Debía confesar un crimen inexistente”
Alexei Mijeyev, un ex policía de tráfico de Nijni-Novgorod, vive desde hace 11 años en una silla de ruedas. Tenía 22 cuando en 1998 la policía le reclamó a comisaría. Una chica había desaparecido, y resultó que él y un amigo la habían recogido en su coche el día anterior. Ante la insistencia de Mijeyev de que no le habían hecho nada, el interrogatorio se convirtió en una sesión de tortura, con descargas eléctricas y golpes incluidos durante día y noche.
“No sé por qué lo hicieron. Es algo inhumano, y nadie puede pensar que le puede pasar a él”, explica su madre, Ludmila Mijeyeva. Durante las palizas, le enseñaron una declaración de su amigo, que aseguraba que había sido Mijeyev quien había violado y asesinado a la chica. Y cuando no lo soportó más, aceptó firmar una confesión. Pero en ese momento cambió de opinión, se liberó, rompió una ventana y saltó al vacío. Cayó sobre una motocicleta y se rompió la espalda.
La chica desaparecida regresó a casa ese mismo día.
Se abrió una investigación sobre la caída de Mijeyev, pero se cerró tres meses después por falta de pruebas. El Comité contra la Tortura presentó demanda al Tribunal de Estrasburgo en el 2001. Sólo después de que este lo admitiera a trámite, en el 2004, en Rusia comenzaron a tomarse en serio el caso. En el 2006, falló a favor de Mijeyev y ordenó al Estado ruso pagarle 250.000 euros.
“El dinero nos lo pagaron, pero se acabó. La mayoría se fue en cuidados médicos, que necesita de forma permanente”, dice Mijeyeva. Actualmente, Alexei Mijeyev recibe una pensión de invalidez de 1.200 rublos mensuales (28 euros), y su madre no trabaja. Viven en un segundo piso, y su sueño es vivir en un primero o en un piso con ascensor para que le fuera más fácil salir a la calle. “Pero no tenemos dinero suficiente para mudarnos.”
VALENTIN MOISEYEV
63 años. Diplomático. Condenado a cuatro años y medio de cárcel por espionaje. El año pasado recibió sentencia a favor del Tribunal de Estrasburgo.
“Fui una víctima del contraespionaje”
Todavía está sorprendido de que un día de 1998 terminase en la cárcel acusado de espionaje. Valentín Moiseyev no se explica esta acusación salvo por el hecho de que “los funcionarios de contraespionaje tuviesen que justificar su sueldo y encontraron una víctima, que fui yo”. Diplomático de formación, habla coreano, y en los años 90 trabajó en las embajadas de Rusia en Pyongyang y Seúl. “Me dijeron que había tenido contactos con extranjeros. ¡Pero yo era diplomático! Mi trabajo consistía en tener contacto con extranjeros.”
En 1999 fue condenado a 12 años de cárcel por transferir secretos de Estado a los servicios secretos surcoreanos. Un año después, el Tribunal Supremo redujo la pena a cuatro años y medio. En el 2000 se dirigió a Estrasburgo, que emitió sentencia en octubre del 2008, condenando al Estado ruso por 17 violaciones contra siete artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos. El Estado ruso pagó 25.000 euros a Moiseyev.
También por espionaje fue condenado en el 2001 el periodista Grigori Pasko, pero el Tribunal de Estrasburgo falló en su contra en octubre del 2009. Pasko fue arrestado por el FSB en 1997 en Vladivostok, donde trabajaba para el periódico Boyevaya Vajta, órgano de la flota del Pacífico, y acusado de cometer alta traición mientras trabajaba con periodistas japoneses. Según la sentencia de Estrasburgo, al trabajar para un órgano militar y como funcionario del ejército, debía cumplir la legislación rusa sobre secretos oficiales. Pasko, que no era militar, manifestó al Magazine que la sentencia “puede ser legal, pero no es justa, porque en ninguna otra parte del mundo existe un estatus para los periodistas militares como el que existe en Rusia”. En el 2002 Amnistía Internacional declaró a Pasko preso de conciencia, ya que años antes había publicado que la flota tiraba basura nuclear al mar del Japón, y la acusación contra él podría ser una venganza.
10-I-10, magazine
