impunidad asesina en un México prisionero de la política prohibicionista

En Ciudad Juárez no se investigan seriamente los asesinatos, según lo verificado en un caso reciente. No hacía ni diez minutos que había acabado una balacera cuando este periodista llegó al lugar de los hechos. En el suelo había dos cadáveres. Arribaron peritos y personal del servicio médico forense. En cinco minutos se cerraron las diligencias. No hubo más investigación, ni se presentó nadie de la fiscalía.

Las mujeres que han perdido a sus hijos saben que más del 90% de los asesinatos en Ciudad Juárez no son investigados. Los que menos se indagan son los crímenes de supuestos delincuentes, porque los muertos caen fulminados con la etiqueta de culpables. ¿A quién le interesa el nombre del criminal que mata a otro criminal?, ¿a quién le importa juzgarlo?

En México la autoridad lleva años desentendiéndose de miles de muertos a los que se podría aplicar el refrán "quien mal anda mal acaba". El Gobierno no da importancia al aumento de víctimas en la guerra del narcotráfico porque considera que la mayoría de los asesinados pertenece al bando de los malos. Parece que la estrategia de guerra del Estado para combatir al crimen organizado es la de esperar a que se aniquilen entre sí los sicarios de los capos.

Según el Gobierno, los 16.000 muertos registrados desde que comenzó la guerra contra el narco eran en su mayoría pistoleros que perecieron en escaramuzas por el control de rutas y territorios. Todo indica que las autoridades y sus portavoces en los medios se ufanan de que así ocurra; tales ajustes de cuentas, dicen, son muestra de la eficacia de la estrategia oficial. Según esta argumentación, la menor libertad de movimientos de las bandas conduce a que peleen y se maten entre sí.

Dentro de esa línea, son pasados por alto los homicidios de gente vinculada al narco. Ni se inician averiguaciones por esos crímenes, y las que comienzan no acaban. La periodista Lydia Cacho destaca que la autoridad "ha dicho que los miles de muertes son producto de malos matando a malos, y de buenos matando a malos".

Calderón suele decir que "el mayor reto es imponer la ley". Según Cacho, eso resulta éticamente insostenible mientras existan 16.000 asesinatos sin investigar, oficialmente porque eran malos. "Muchos inocentes han muerto, por eso es inaceptable asumir que imponer la ley es discriminar a los mexicanos entre buenos y malos. ¿Quién lo decide y cómo?", se pregunta.

14-II-10, J. Ibarz, lavanguardia