"¿Prostitución legal?", Manuel Castells.

¿Prostitución legal?

La prostitución es, a la vez, una vieja práctica y un nuevo fenómeno. Es vieja porque la dominacion patriarcal sobre las mujeres y los niños en la que se ha fundamentado la sociedad desde siempre tiene su expresión más descarnada en la esclavitud sexual y en el comercio sexual organizado por chulos de distinto pelaje, ya sean ratas de calle o chupasangres de burdel selecto. Pero también es nuevo por culpa, cómo no, de la globalización. De las cerca de 400.000 prostitutas que se calcula que hay en España, tanto los datos de la Guardia Civil como las encuestas indican que en torno al 95% son extranjeras, la inmensa mayoría sin documentos de residencia legal. Y esto no incluye los prostitutos, que, aun siendo minoritarios, aumentan rápidamente. Las crisis económico-sociales en Europa del Este, América Latina y África han generado una abundante oferta de mujeres inmigrantes reclutadas, transportadas, explotadas y vendidas por las mafias criminales que controlan la inmigración ilegal y la trata de blancas de todos los colores. Los estudios dicen que menos del 5% de las prostitutas ejerce por su propia voluntad. Y así se pueblan calles, carreteras, clubs de alterne, bares nocturnos, aledaños de hoteles y pisos elegantes de sombras furtivas ofertadas al apetito masculino, para escándalo del vecindario y confusión de las autoridades del lugar.

Escritores costumbristas novelean sobre el encanto bohemio de la vida alegre. Feministas conscientes nos recuerdan la necesaria intransigencia con la dignidad de la mujer (y del hombre, de paso).

La Iglesia clama por la podredumbre moral. Los padres pasan deprisa con los niños ante las esquinas estratégicas. La policía convive como siempre con el mundo de la marginalidad, sabedora de la hipocresía de muchos de los que mandan. Y la ley sigue indefinida: ni legal ni ilegal, sino todo lo contrario. Y mientras, el proxenetismo prospera, las palizas se multiplican, los asesinatos (aquí y en el país de origen) se ejecutan cuando hace falta. Ylas reclutas, engañadas, forzadas o desesperadas voluntarias, se van sumiendo en la droga (en torno a un 25% según estudios del Institut Català de la Dona), se van poniendo enfermas (un 62% de la muestra en Catalunya eran seropositivas) y viven en el terror de las agresiones físicas (que han sufrido el 69%) o psíquicas (experiencia del 76%), según el estudio Edis.

De ahí que, por el efecto combinado de la presión ciudadana y los proyectos innovadores de política social, se plantea en estos momentos en Catalunya y en España la necesidad de tratar el problema. La ordenanza municipal de Barcelona que prohíbe la prostitución callejera desplaza el problema y maquilla la ciudad, pero no trata ni la raíz ni sus efectos para las mujeres victimizadas. Pero tampoco cabe mucho más en las competencias municipales.

Y como las políticas del Estado están paralizadas entre la defensa de los principios y la realidad de la vida, hay lugar para iniciativas valientes, pero arriesgadas, como la que propone en Catalunya la consellera Tura, jugándosela, como de costumbre, como si la supervivencia política no fuera con ella, mediante una regulación parcial de la prostitución. Se trataría de concentrar el comercio sexual en locales controlados, con protección legal y sanitaria para las mujeres, cotización a la Seguridad Social y cobro de impuestos, a la vez que se persigue el proxenetismo bajo sus distintas formas, haciéndolo emerger mediante inspecciones fiscales. Aunque no se conocen detalles de un proyecto aún en gestación, parece que implicaría el control sanitario de las trabajadoras sexuales, el uso obligatorio de condones y la toma de datos de identidad de los clientes. Me imagino (aunque ignoro las cábalas de las autoridades sobre el tema) que si se legaliza la prostitución y la gran mayoría de las mujeres está en el país ilegalmente, habrá que regularizarlas mediante un contrato de trabajo de la tienda de sexo donde trabajen (aunque sea en autogestión aparente).

Como era de esperar, tan pronto como se inició la reflexión en serio sobre un tema vital para la ciudad, la sociedad y para cientos de miles de personas, se rasgaron múltiples vestiduras desde los distintos sacerdocios de la moral establecida, ya sea la tradicional o la progre. Mientras que, por otra parte, cunde el escepticismo lampedusiano de quienes lo han visto todo sin descubrir nada nuevo bajo el sol. Pero antes de montar nuestros viejos caballos para bregar en una nueva justa ideológica, tal vez merezca la pena reflexionar sobre la experiencia internacional reciente. En el contexto europeo el ejercicio individual de la prostitución no está penalizado. Sí que se persigue en general el proxenetismo, salvo en Holanda y en España. En nuestro país, el Código Penal de 1995 considera punible aprovecharse de determinadas circunstancias (edad, relación de superioridad, etcétera) para inducir a la prostitución, pero no es delito facilitarla ni recibir una comisión por los servicios facilitados. Lo que sí es punible es el no pagar impuestos por las rentas así generadas, de ahí el punto clave de la regularización: la actividad no declarada podría ser perseguida como delito fiscal.

Holanda y Alemania, en lugar de prohibir la prostitución, la han intentado organizar. En particular, los centros eros alemanes ofrecen higiene y seguridad para el comercio sexual, tanto para las trabajadoras como para sus clientes. Además, incluyen servicios diversos, como restaurantes y salón de belleza. Como la legislación alemana no permite el proxenetismo, aunque lo deja en términos vagos, son las mujeres las que alquilan los pisos en los centros eros y tienen situación de autónomas, aunque esto suele ser una ficción legal. Las extranjeras, que son mayoría, necesitan tener permiso de residencia. El resultado de estas políticas ha sido una mejora de las condiciones de vida de las prostitutas y un cierto control del proxenetismo salvaje, junto con un ligero aumento de la prostitución. El número de trabajadoras sexuales es aproximadamente de 400.000, o sea, igual que en España, para un país con el doble de población.

El modelo alternativo es Suecia. Allí, en 1999 se aprobó una ley que despenaliza la venta de sexo a la vez que penaliza su compra. En el 2002 aprobaron otra ley de represión del tráfico sexual, destinada a golpear a las redes internacionales que rodean dicho tráfico. La policía y los jueces, con recursos adicionales del Gobierno para este tema, actuaron enérgicamente. Tras una serie de detenciones de clientes y de traficantes, los efectos han sido inmediatos. En cinco años se redujo el número de clientes en un 80% y el de prostitutas en dos tercios. Una campaña de información y educación sobre el tema logró que la inmensa mayoría de la población aprobara esta política. Finlandia y Noruega están planeando la adopción de medidas similares.

¿Se podría hacer en España? Difícil a corto plazo. La razón es que se calcula que un 30% de los hombres españoles han sido o son clientes de prostitutas y que hay una amplia tolerancia social sobre el tema. Por ello parece que tácticamente la regularización de locales, con identificación de los clientes y protección de las trabajadoras, combinada con la prohibición del tráfico callejero, una ayuda para las mujeres víctimas y una acción policial contra las mafias de proxenetas internacionales, podría disminuir la demanda y la oferta al mismo tiempo. A partir del confinamiento del fenómeno, la educación de los hombres y la liberalización de la sexualidad en las costumbres del país, en una segunda fase podría plantearse en términos realistas la desaparición gradual de una lacra muy especial de la humanidad. Una lacra que siempre hizo reír a los machos y llorar a la mitad del cielo.

lavanguardia, 4-II-06