coca en Bolivia: una hoja de doble filo

coca en Bolivia: una hoja de doble filo

'Una hoja de doble filo'
Claudi Carreras, LV, 3-X-2004.

Tensión entre los cocaleros bolivianos por el control gubernamental de los cultivos.

El sustento de miles de campesinos de los Andes depende del cultivo de la hoja de coca, cuyo consumo es legal en varios países de Sudamérica. Pero la lucha contra el derivado industrial de ese vegetal, la cocaína, colisiona con los intereses de los cultivadores.

Los países productores de hoja de coca en toda la zona andina están viviendo momentos muy tensos motivados por una situación de inestabilidad general y por una cruzada en contra del narcotráfico abanderada por los países del primer mundo, con Estados Unidos a la cabeza. Los productores de hoja de coca se sienten atacados al ver peligrar su única forma de vida. La guerra abierta contra las drogas no es solo un combate en contra del narcotráfico, es también una confrontación contra campesinos y poblaciones enteras que ven cómo se tambalea su única fuente de ingresos en unos países cuyas tasas de desempleo y precariedad laboral son muy elevadas y en los que el consumo de la hoja de coca –no la cocaína– es legal.

El pasado martes un campesino murió y tres soldados resultaron heridos durante los violentos enfrentamientos que tuvieron efecto en la región cocalera boliviana del Chaparé. Ésta, situada en el centro del país, y la de Yungas, en el departamento de La Paz, son las zonas de producción cocalera más importantes de Bolivia y epicentro del estallido de los conflictos que se repiten periódicamente en el área productora andina. Uno de los más importante sucedió en Unduavi, a 40 km de La Paz, el pasado mes de abril, cuando 8.000 cocaleros de la región de Yungas bloquearon la carretera que une la zona y la capital del país.

Para situarse en el complejo entramado de la producción cocalera hay que destacar que el consumo –mediante la masticación– de hoja de coca es tradicional y fundamental en casi todos los países andinos. Su uso se remonta a tiempos remotos y son muchos los hallazgos arqueológicos que destacan la importancia de este cultivo ancestral. La coca es una planta mítica sagrada indispensable en muchos de los rituales andinos y también un elemento medicinal tradicional que tiene múltiples usos: remedio digestivo, paliativo de los síntomas del mal de altura (soroche), cólicos, dolores reumáticos, heridas y en general efectos analgésicos. Es también un estimulante tradicional que permite soportar las pésimas condiciones laborales que imperan en la zona andina así como disminuir la sensación de hambre y fatiga.

Por tanto, hablar de coca no es en ningún caso hablar de cocaína, su derivado industrial. La producción de hoja de coca para consumo interno es totalmente legal en Bolivia, Perú y Colombia. El conflicto se centra en las cantidades de coca excedentaria que se destinan al narcotráfico.

Bolivia es el segundo productor mundial de hoja de coca; los supuestos contactos de productores bolivianos con las redes de narcotráfico colombianas han situado al país en el eje de la cruzada internacional contra las drogas.

Se condicionan ayudas fundamentales para el país a la paulatina erradicación de los cultivos en las zonas productoras favoreciéndose el intercambio comercial y disminuyendo los aranceles de productos procedentes de los países productores que colaboran en las acciones para combatir el narcotráfico. Los campesinos están en pie de guerra, ven cómo se fumigan los cultivos y cómo se erradica su único medio de vida a cambio de ayudas que casi nunca llegan a sus destinatarios o son totalmente insuficientes.

Los condicionantes del cultivo de la coca hacen que sea difícilmente sustituible por otras plantaciones; normalmente las zonas cocaleras no son aptas para otro tipo de cultivo por la erosión y el desgaste de sus suelos. Además, la planta de coca tiene tres o cuatro cosechas anuales en las que el precio está casi siempre garantizado, cuestión que hace que no haya ningún otro producto que pueda competir en rentabilidad. El consumo interno es estable, y el excedente de hojas se vende a redes del narcotráfico internacionales, especialmente a Colombia, que las transforman en cocaína.

Consumo tradicional
El noroeste argentino también recibe hoja de coca en grandes cantidades dado que es una zona de consumo generalizado; solamente la provincia de Jujuy transfiere a Bolivia, según datos oficiales, medio millón de dólares anuales por la compra de la hoja. En Argentina el consumo de la hoja de coca está fuera de la ley, pero en la zona del noroeste se permite por ser tradicional, y aunque la venta no está permitida, el consumo no se disimula: es común ver en el Congreso de Argentina a los diputados de las provincias andinas masticar coca.

Los productores bolivianos en la zona de los Yungas perciben aproximadamente unos cinco dólares por kilo de hoja de coca. En la parte boliviana de la frontera con Argentina (Villazón), el kilo de hoja de coca cuesta unos 13 dólares y en Jujuy el kilo se vende a 50 dólares aproximadamente. Pese a generar un gran negocio para las redes de distribución ilegal, estas cifras nada tienen que ver con las que genera el narcotráfico. Los enormes beneficios de la síntesis de cocaína no recaen sobre las zonas productoras, pobres y sin infraestructura, sino sobre las redes de distribución y comercialización.

Luis Caballero, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en Bolivia (Felcn) aseguró que la actividad del narcotráfico no beneficia a los productores de la hoja. Según él, un kilo de cocaína cuesta en la boliviana región del Chaparé 1.200 dólares; en Miami, 23.000; y en Europa supera los 70.000. De una hectárea de coca del Chaparé se pueden elaborar seis kilos de pasta base de los que se extraen otros tantos de droga cristalizada.

En el año 1988 Bolivia reguló el cultivo y trafico de substancias controladas con la ley 1.008 que contiene “las reglas generales, la naturaleza y las definiciones sobre la coca”. Desde la aplicación de esta ley y bajo la atenta mirada de la división de Asuntos Antinarcóticos de la embajada de Estados Unidos en Bolivia. se han erradicado miles de hectáreas de coca.

En octubre del año pasado un informe del gobierno de Estados Unidos estableció que el cultivo de coca durante el 2003 llegó a 28.450 hectáreas, de las cuales 16.450 son consideradas ilegales y están ubicadas entre el Chaparé, con 4.600 hectáreas, y los Yungas, con un excedente (siempre según EE.UU.) de 12.550 ha. La presión que Estados Unidos ejerce sobre el gobierno boliviano para erradicar los cultivos es enorme, pero la población no está dispuesta a perder uno de sus escasos medios de vida a cambio de promesas casi siempre incumplidas. Los cocaleros actúan en Bolivia como catalizadores del descontento social. El país esta sumido en una enorme crisis económica provocada por diversos motivos como el cierre de las minas, la caída del precio de estaño, el poco valor de las materias primas exportables, la falta de infraestructuras, la corrupción política generalizada... La falta de rumbo del Gobierno actual está determinando una situación casi irreversible. Durante octubre del año pasado se produjo una revuelta popular iniciada por los productores de coca que derivó en la dimisión del anterior presidente Sánchez de Lozada y el posterior compromiso de Carlos Mesa de establecer un gobierno de transición para solucionar los asuntos más conflictivos.

Desde entonces las cosas no han mejorado y la situación está cada vez más complicada. Gabriel Carranza, ex líder sindical cocalero, manifiesta que el gobierno no está a la altura de las circunstancias, por querer quedar bien con los productores de coca y con Estados Unidos. Considera que en Bolivia este año se van a producir importantes cambios que supondrán la toma de poder por parte del pueblo o el levantamiento de un golpe de Estado reaccionario. En medio de este clima prebélico, las reivindicaciones de los productores de hoja de coca son rápidamente acalladas por el Gobierno para evitar que otros sindicatos y federaciones se unan a las protestas y se repitan los acontecimientos del determinado octubre negro del año pasado, cuando las protestas populares para pedir el fin de las exportaciones de gas a Estados Unidos se saldaron con la muerte de 60 personas y la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que abandonó el país. Buena parte del pueblo boliviano está descontento con la gestión del Gobierno y cualquier chispa puede provocar un nuevo levantamiento.