ŽJusticia, seguridad y democraciaŽ, Michel Wieviorka

Una idea demasiado simple defiende  que el paso a la democracia se haga con una cierta armonía y que la salida del totalitarismo o de la dictadura significa de entrada menos violencia y más seguridad para la población. Experiencias como las de Brasil o México nos invitan a examinar razonamientos más complejos.

En ambos casos, en efecto, el país ha puesto punto final a un régimen autoritario en los años ochenta. En Brasil había tomado la forma de dictadura militar; en México, un partido-Estado único, el PRI, ejercía un poder especialmente autoritario. Hoy en día se puede hablar con toda libertad en los dos países y las instituciones garantizan una vida cada vez más democrática, aunque, especialmente en México, la corrupción gangrena ampliamente la vida colectiva.

Pero en ambos países la violencia se ha vuelto punzante, el crimen organizado prospera y a diario los medios relatan actos de violencia terribles, puestos en escena con un lujo de crueldad inusitado para hacer llegar los mensajes de terror a quien van dirigidos, no tanto a una población acordada, sino a aquellos que resisten y especialmente se oponen a una banda rival por el control de un territorio o de un tráfico ilegal.

En el pasado, la violencia no sólo era más limitada, sino que podía revestir un cariz político o social.

Las guerrillas han desaparecido en Brasil; en México, la del subcomandante Marcos en Chiapas ha elegido desde mediados de los años noventa no recurrir a la violencia armada. Los secuestros, que en Brasil eran políticos, se han vuelto simplemente crapulosos, ya no se secuestra a un embajador extranjero para obtener la liberación de camaradas encarcelados, sino a personas relativamente modestas cuya familia deberá pagar un rescate. Y en los dos países el crimen no sólo se incrementa, sino que sobre todo se organiza, incluso desde las cárceles, muchas de las cuales se han convertido, en Brasil mucho más que en México, en el cuartel general de las organizaciones criminales. El control del tráfico de estupefacientes es aquí sin duda la actividad más importante, pero son visibles todos los aspectos del crimen organizado, muchas veces con una impudicia y una arrogancia que demuestran, a la vez, un sentimiento de impunidad y una especie de fatalismo: los criminales saben muy bien que su vida será muy corta y, de alguna manera, la queman.

La principal explicación de esta evolución nos lleva al Estado y a su construcción. Los regímenes autoritarios garantizaban la seguridad y no dejaban tanto espacio al crimen y a los traficantes; la democracia naciente no ha sabido o no ha podido apoyarse rápidamente en instituciones judiciales y policiales eficaces y encaminadas al bien público. Al no poder crear o reforzar rápidamente estas instituciones, estas democracias han dejado que el crimen se organizara, incluso bajo un fondo de corrupción por agentes de policía y jueces. El mercado y el dinero se han vuelto más importantes que antes, el neoliberalismo ha venido a completar el debilitamiento de las formas estatales anteriores para abrir perspectivas fantásticas al crimen organizado. Todo ello se explica por las carencias del Estado, lo que nos recuerda que las democracias, para que funcionen correctamente, necesitan forzosamente de instituciones fuertes.

En esa situación, la población tiende a privilegiar todo aquello que pueda reforzar su seguridad. Así, se vuelve hacia el sector privado, que desarrolla un mercado de la seguridad que está en una expansión fantástica, únicamente al servicio de quienes tengan los medios para acceder a él. Esta privatización masiva no sólo toma el relevo a la tarea que debería efectuar el servicio público y el Estado, que debería tener el monopolio del uso de la fuerza, sino que pide al propio Estado que tome medidas que no irán necesariamente en el sentido de la justicia y de la democracia, sino que le darán el sentimiento de que la lucha contra el crimen organizado es activa.

En ese contexto la represión pasa por delante de la prevención, los derechos humanos pueden pasar a segundo término cuando se pone tras las rejas a los sospechosos de actividades criminales, la separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) puede dejarse de lado en nombre de la eficacia. Y como caso extremo, el ejército, que no debería preocuparse más que de la defensa, es también movilizado para efectuar tareas de policía - una tendencia especialmente evidente en México-.Y así se dibuja una paradoja. Cuanto más necesario es el paso a la democracia y mayores son las contratendencias que suscita la expansión de la violencia, la población empuja, precisamente, a limitar su espacio y a alentar un endurecimiento del Estado. La población, en este contexto, espera reformas eventuales de la policía o de la justicia, no para que sean puestas al servicio de la democracia, sino al de la seguridad y el orden, incluso el orden autoritario. Y en México, las consecuencias políticas se ven: es muy probable que el antiguo partido-Estado, el PRI, gane las próximas elecciones y vuelva al poder.

Las sociedades europeas están menos tentadas por estas formas de violencia criminal que las de América Latina, aunque hayan salido hace poco de la dictadura, como Grecia, Portugal y España. Pero la crisis financiera que alcanza a estos tres países más duramente que a otros amenaza con debilitar fuertemente sus estados. Ello podría tener una consecuencia imprevista en esta crisis: abrir la vía a un inicio de ciclo en el que el crimen mafioso se extienda, suscitando por parte de la población una demanda de mayor seguridad y de endurecimiento del Estado.

22-V-10, Michel Wieviorka, sociólogo, profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, lavanguardia