El Senado italiano aprobó ayer, en medio de un gran escándalo, la reforma de la legislación sobre las interceptaciones telefónicas por orden judicial. La oposición parlamentaria y la mayoría de los medios de comunicación hablan de la "ley mordaza" porque su objetivo es restringir al máximo la posibilidad de que se publique el contenido de los pinchazos telefónicos en investigaciones en curso, so pena de graves sanciones, incluso la cárcel. Se teme que a partir de ahora sea mucho más difícil denunciar escándalos políticos. Con una ley como esta en España, por ejemplo, La Vanguardia no hubiera podido publicar detalles muy importantes sobre el caso Pretoria. Los senadores del Partido Demócrata (PD) abandonaron la sala durante la votación, en señal de protesta. Los representantes de Italia de los Valores (IdV) durmieron en la Cámara y ocuparon luego los bancos reservados al Gobierno. Los críticos con Silvio Berlusconi creen que se trata el enésimo intento suyo de blindar su poder político, de protegerse él mismo y sus ministros del desgaste de múltiples escándalos, a costa de desvirtuar la Constitución y de socavar las libertades democráticas. Se ha convocado, en señal de repulsa, una huelga de prensa, radio y televisión para el próximo 9 de julio.
La mayoría de la prensa escrita italiana –crítica con el Gobierno Berlusconi– está en pie de guerra contra un proyecto de ley, aprobado el jueves por el Senado pero pendiente de ser ratificado por la Cámara de Diputados, que sus detractores califican como la ley mordaza. La legislación pretende hacer más difícil la interceptación de comunicaciones telefónicas por orden judicial y, sobre todo, que su contenido acabe en los periódicos.
El diario La Repubblica, uno de los más combativos contra la coalición de centroderecha y contra il Cavaliere en particular, salió ayer con una portada casi en blanco. Sólo había, en el centro, un pequeño recuadro amarillo con este texto: "La ley mordaza niega al ciudadano el derecho a ser informado".
El periódico llevaba ya días colocando en determinadas informaciones un distintivo parecido para avisar al lector de que, si la ley mordaza entrara en vigor, una noticia como esa no podría salir a la luz.
El rotativo turinés La Stampa dejó también en blanco, como señal de protesta, un comentario diario en su portada. L´Unità, el histórico órgano de los comunistas italianos, fundado por Antonio Gramsci, utilizó en su primera página caracteres tipográficos propios de la época fascista.
En la anómala página dos de La Repubblica, su director, Ezio Mauro, justificó la portada en blanco por la "violencia" ejercida por la nueva ley contra el sistema democrático. Según Mauro, las modificaciones al proyecto que han edulcorado la ley no cambian lo fundamental, que es una "norma de salvaguardia de la casta de gobierno, aterrorizada por el riesgo de que los magistrados la investiguen, de que los periódicos lo cuenten y de que los ciudadanos tomen conciencia".
La acción más contundente es la prevista huelga de los medios de comunicación, un apagón informativo total, el próximo 9 de julio. La asociación de magistrados también se opone a la ley porque considera que dificultará la lucha contra la criminalidad organizada.
Con una legislación como la que se pretende aprobar en Italia habría sido imposible, por ejemplo, que en España La Vanguardia publicara detalles sobre el caso Pretoria basados en las escuchas telefónicas realizadas a los implicados. En Italia quienes rechazan la ley la ven como un nuevo intento de Berlusconi de blindar su poder, de protegerse, él y los suyos, frente a los escándalos. La aprobación en el Senado se hizo vinculándola a una moción de confianza del Gobierno, algo bastante habitual para forzar la disciplina interna pero que tiene un cierto resabio autoritario.
En principio la ley debería superar el trámite en la Cámara, pero en Italia todo es posible. La campaña mediática tiene como objetivo no declarado sembrar dudas en la mayoría berlusconiana y animar al sector contestatario, liderado por Gianfranco Fini, a rebelarse o, al menos, a forzar nuevos cambios de última hora que desvirtúen la legislación.
El ex primer ministro Romano Prodi se mostró "preocupadísimo" por la ley mordaza. Enrico Letta, número dos del Partido Demócrata, principal fuerza opositora, pronosticó que el Gobierno vivirá "un Vietnam" parlamentario la próxima semana.
11/12-VI-10, E. Val, lavanguardia