´Educación tributaria´, Antonio Durán-Sindreu

Según el último documento del Instituto de Estudios Fiscales sobre Opiniones y Actitudes Fiscales, quienes tienen controladas sus rentas son cada vez más honestos porque carecen de oportunidades para ocultar sus ingresos. Por tal motivo, los ciudadanos atribuyen la mejora del cumplimiento fiscal al actual sistema de retenciones y al control de la inspección. Opinan así mismo que la principal causa del fraude es la impunidad de los defraudadores aunque existen otros dos factores con una importancia decisiva: la falta de honradez y de conciencia cívica y que los impuestos son excesivos.

Es decir; los impuestos se pagan por obligación y no por convencimiento y quienes cumplen lo hacen por imposibilidad material de ocultar sus ingresos. Se me dirá sin duda que he simplificado mucho e incluso sacado de contexto tales conclusiones. A pesar de ello, creo, sinceramente, que no hago más que resumir un sentir de no pocos ciudadanos.

Es innegable que los impuestos son una obligación que se nos impone y que, como tal, genera rechazo. Sin embargo, lo cierto es que en nuestra educación familiar, escolar y universitaria no se fomenta el deber cívico del pago de impuestos, su razón de ser ni su esencial función redistributiva. Si a la ausencia de esa imprescindible educación le añadimos la ausencia de ejemplaridad social por parte de quienes se supone han de ser nuestros referentes en el ámbito público y privado, es obvio que la opinión de los ciudadanos de a pie, digámoslo una vez mas, de las rentas bajas y medias, sea de verdadero desasosiego. Ante este triste panorama, no es de extrañar que la normativa sea nefastamente prolija, excesiva en prever cautelas innecesarias, asfixiante en niveles de presión fiscal indirecta e incalificable en cuanto a la dureza de su régimen sancionador; circunstancias, todas, que no evitan la percepción de que ese perverso sistema no consigue que paguen impuestos quienes realmente más tienen y, por tanto, quienes más facilidades tienen para deslocalizarse, evadir capitales o eludir la tributación en España.

Pero sin una verdadera educación en ese deber cívico, una exquisita ejemplaridad de quienes nos gobiernan y gozan de un reconocido prestigio social, una lucha ejemplar contra el fraude fiscal, una verdadera política de prevención contra el fraude y de relación sincera con el ciudadano, unas normas sencillas y justas, y sin un verdadero equilibrio entre los derechos de la Administración y del administrado, es imposible avanzar hacia una sociedad mas justa.

Hay que combatir el fraude desde el profundo convencimiento del deber cívico de contribuir, de su innegable componente ético en nuestra escala de valores como sociedad; desde la convicción de que la justicia radica en la redistribución de la riqueza; y, en definitiva, desde el ejemplo de una sociedad que excluye a quienes defraudan.

3-VIII-10, Antonio Durán-Sindreu Buxadé, profesor de la UPF y socio director de Durán-Sindreu, Abogados y Consultores de Empresa, lavanguardia