antes que a los gitanos, deberķamos expulsar a nuestros prejuicios

La orden dada hace quince días por Sarkozy de desalojar los 300 campamentos de gitanos de Francia para erradicar la violencia ha abierto un frente diplomático con Rumanía. Ayer se cumplió esa orden y la Gendarmería desalojó a la fuerza el primero de los campamentos en Saint-Étienne, en el centro. 250 personas, entre adultos, niños y ancianos, fueron desalojadas y serán expulsados si su situación es irregular. París pide a Rumanía, de donde proceden principalmente los gitanos de Francia, que revise su "política migratoria". Bucarest replica que son un país comunitario y sus ciudadanos pueden desplazarse libremente por la UE.

A sólo diez kilómetros al norte de la torre Eiffel, Pierrette y Julius lavan la ropa de sus seis hijos con el chorro de agua que sale de la grieta de una canalización urbana. Ellos también viven en Francia, un país que un día les acogió pero en el que ahora el presidente de la República, el conservador Nicolas Sarkozy, les considera ciudadanos incómodos que pueden provocar violencia en los municipios en que se instalan.

Pierrette, de 35 años y Julius, de 44, son gitanos de Rumanía. Llegaron al país cuya divisa es libertad, igualdad y fraternidad en 1999 tras ser expulsados de Alemania. Ahora forman parte de comunidades nómadas, que la policía va a desmantelar si comprueba que no viven en regla.



"Llevamos diez años en Francia. Somos nómadas porque nuestra cultura y forma de ver la vida nos hace ser así. Nunca ningún policía nos ha recriminado nada. No hacemos ningún daño, tenemos nuestras leyes y nuestra cultura propias pero nos gustaría que nos respetaran. ¿Por qué quieren expulsarnos?". Así responde Pierrette a la pregunta de qué opina de la decisión de Sarkozy de desmantelar parte de los 600 campamentos ilegales de familias rumanas y gitanas si no demuestran por qué y para qué viven en Francia.

Pierrette teme que ahora los franceses les acusen de violentos recordando la persecución que sufrieron sus padres en la Europa negra del nazismo. La pareja vive rodeada de antiguos talleres hoy abandonados, junto con sus hijos menores, en una caravana. Forman parte de una comunidad de 250 personas asentada en los terrenos de una antigua fábrica textil de Saint-Denis, localidad en que la mayoría de habitantes son franceses originarios de las ex colonias de Áfricay Asia. "Nunca pasamos más de seis meses en una ciudad. Viajamos por carreteras secundarias y vivimos de pequeños trabajos".

Desde 1970 las comunidades nómadas han convivido con los nativos franceses con cierta tranquilidad, pero siempre en el ojo de las críticas por atraer delincuencia o violencia. "Los franceses nunca los han integrado completamente porque viven en terrenos alejados del centro", explica Bruno Masselle, un voluntario que trae comida al campamento.

Acostumbrados a cambiar de ciudad cada tres o seis meses, la ley les confiere derechos y deberes y obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a disponer de un espacio gratuito en el exterior de la localidad donde puedan instalarse. La electricidad y el gas, en los suburbios de París, están financiados por las arcas municipales a cambio de un impuesto mensual por familia que no supera los 200 euros.

Esta familia está englobada, según la terminología jurídica francesa, en la expresión les gens du voyage (las gentes del viaje). Uno de los problemas que ha detectado Marie Laurient, de la ONG Ayuda a los Nómadas de Francia, es que los niños no están escolarizados. Clama por que la UE legisle estas carencias para proteger su dignidad y no se les estigmatice como únicos culpables de la violencia en los barrios difíciles, como pretende el Gobierno.

Sarkozy quiere limitar sus derechos como subsidios, educación o sanidad "si no son legales" y perseguir a los delincuentes con desalojos forzosos de los campamentos. La Liga de Derechos Humanos recuerda que esta minoría "vive en caravanas y unos 15.000 han llegado a Francia de Rumanía y Bulgaria por tratados de libre circulación". Aunque los dos países son miembros de la UE, el Gobierno aplica restricciones laborales y sólo permite a rumanos y búlgaros trabajar en ciertos sectores.

7-VIII-10, D. Martínez, lavanguardia