Los modernos cazadores de recompensas no son vaqueros solitarios que recorren los desiertos de Texas y los poblados de Nuevo México para capturar a pistoleros y ladrones de bancos perseguidos por la justicia. Los modernos cazadores de recompensas son hoy agencias financieras a las que el Gobierno del Reino Unido les va a pagar una comisión para delatar a quienes defrauden a la Seguridad Social por cobrar del paro, estar de baja permanente o reclamar beneficios a los que según la ley no tengan derecho.
A pesar del neoliberalismo imperante desde los tiempos de Maggie Thatcher, Gran Bretaña había conservado hasta ahora políticas casi socialistas como la subvención de viviendas a los pobres y una generosidad a la hora de conceder la baja permanente que hace que un millón de británicos no trabaje alegando razones de salud, con frecuencia mental, como depresión y ansiedad.
Cameron ha decidido que en tiempos de austeridad y recortes draconianos del presupuesto, el Tesoro no se puede permitir el lujo de los 5.700 millones de libras (unos siete mil millones de euros) en que se estima el fraude a la Seguridad Social, y los 1.300 millones de libras (1.600 millones de euros) que se pierden en errores administrativos. Sobre estos últimos hay poco que hacer, pero para combatir los abusos el Gobierno ha llamado a diana a los cazarrecompensas.
La teoría es que una de cada tres reclamaciones a la Seguridad Social para percibir beneficios es fraudulenta. Pero no se trata de capturar al culpable vivo o muerto, sino de investigar con la bula del Gobierno en sus cuentas bancarias, su crédito, sus facturas telefónicas y su estilo de vida, y descubrir -por ejemplo- que una familia que vive gratis en un piso de protección oficial se va de vacaciones a la Costa del Sol, está suscrita al satélite para ver el fútbol, paga varios teléfonos móviles y acaba de comprarse una pantalla plana de televisión. O que un individuo que cobra la incapacidad permanente trabaja en negro cuidando jardines o haciendo de albañil. Y además, no paga impuestos.
El coste anual del Estado de bienestar en Gran Bretaña es de 87.000 millones de libras anuales (105.000 millones de euros), que el gobierno de coalición pretende reducir en un 15%. El presupuesto del Ministerio de Trabajo y Pensiones, que se encarga de pagar las viviendas subvencionadas y los subsidios por paro o incapacidad, es de 13.000 millones de libras (16.000 millones de euros) y va a ser recortado en un 40%.
Las recompensas van a consistir en un 5% del dinero que se ahorre el Tesoro público -se calcula que unos 1.200 millones de euros al año, lo mismo que cuestan 150.000 enfermeras o doscientas escuelas- y los cazadores son agencias particulares a las que contratará el Gobierno, con licencia para husmear en las finanzas y vida privada de los sospechosos. También particulares, animados por David Cameron a denunciar a sus vecinos y conocidos, pero en este caso sin obtener nada a cambio, excepto el dudoso honor de ser un chivato.
La mayoría de los británicos aprueban esta campaña contra el fraude. Pero muchos se preguntan si también va a haber cazarrecompensas que persigan los abusos de los bancos, las grandes corporaciones y los millonarios que evaden impuestos, o sólo se trata de castigar los pecados veniales y pasar por alto los mortales, como en la ley del más fuerte que ya imperaba en el Oeste americano.
19-VIII-10, R. Ramos, lavanguardia