Estados Unidos y Japón son los dos únicos estados de los ocho más desarrollados donde la pena capital está vigente, con la diferencia de que en el país asiático apenas se facilitan datos o detalles de las ejecuciones.
La ministra de Justicia pertenecía al grupo de legisladores opuestos a la pena capital y no había firmado ninguna sentencia desde que asumió el cargo en septiembre. Sin más explicación, Keiko Chiba firmó dos condenas en julio y asistió a las ejecuciones, siempre por ahorcamiento.
Ahora, su ministerio ha anunciado la transparencia informativa. Hasta la fecha, los procedimientos eran muy opacos. Sólo desde el 2007, Justicia revelaba la identidad y el delito, siempre tras el ahorcamiento. En cuanto a los reos, lo habitual era comunicarles la ejecución la misma mañana, extremo criticado por el Comité contra la Tortura de la ONU por considerar que creaba una incertidumbre excesiva y obstaculizaba que los condenados pudieran despedirse de los suyos.
Aunque la ley estipula que las ejecuciones deben efectuarse en los seis meses posteriores a la sentencia, los recursos y otros procedimientos judiciales se prolongan años. Así, esta espera tuvo un promedio de 7 años y 11 meses en las ejecuciones de la década siguiente a 1997.
"La clave es qué tipo de debate tendrá lugar en la sociedad japonesa después de que se abran las salas de ejecución a los medios", ha indicado Nobutu Hosaka, antiguo diputado y activista favorable a la abolición de la pena de muerte. "La pena de muerte asusta porque no sabemos mucho de ella. Yo la defiendo, pero lo hago sin tener mucha 107 información", admitía Tomomiro Umino, un ingeniero de 31 años.
La sociedad japonesa no es partidaria de la abolición, según las encuestas. A diferencia de los restantes países desarrollados que la mantienen, los japoneses parecen cada vez más partidarios y en ninguna campaña electoral hay debate al respecto. Una encuesta oficial indica que un 86% la considera "inevitable", cuando en 1999 eran el 80%. Uno de los casos que aumentaron el apoyo fue el del gurú Aum Shinri Kyo, que planificó un mortífero ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995.
Por otra parte, China, el país que encabeza el escalafón mundial de ejecuciones, anunció ayer que podría suprimir este castigo para los delitos económicos y en los casos de condenados de más de 73 años, según la agencia oficial Xinhua. La pena de muerte se establece para 68 delitos, trece de ellos económicos. Se trata de un proyecto de ley que deberá pasar ahora numerosos trámites antes de entrar en vigor.
24-VIII-10, reuters, lavanguardia