El ciudadano siempre debe hacerse una pregunta: ¿quién se hace cargo? Un estudio de diversos centros e impulsado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica demuestra que las personas que recogieron chapapote vertido por el Prestige en el 2002, durante más de quince días, unas cuatro horas diarias y además vivían en la zona más afectada por la marea negra, presentan más problemas respiratorios y más alteraciones cromosómicas en sus linfocitos. Los expertos no saben si estas secuelas persistirán ni las relacionan, por ahora, con ninguna enfermedad concreta, pero se trata de alteraciones que, en determinadas circunstancias, pueden favorecer la aparición de algunos cánceres. Participar en la tarea de recogida del chapapote, según los autores del estudio, "no es trivial".
Cuando se produjo el vertido, muchos voluntarios acudieron a la costa gallega para ayudar a los habitantes, que se vieron sobrepasados por un accidente cuyo desarrollo se complicó con la toma de decisiones técnicas y políticas que fueron y todavía son polémicas. El chapapote retorna en forma de nueva amenaza para la salud y parece que fue ayer que Rajoy, entonces en el Gobierno, hablaba de "unos hilillos como de plastilina", quitando importancia al asunto. Los daños ecológicos y económicos, calculados en su día, tienen nuevas e inquietantes ramificaciones.
El sistema de credibilidad de la democracia tiene su piedra de toque en la pregunta antes formulada: ¿quién se hace cargo? En las democracias menos malas, alguien se hace cargo del error porque alguien asume la responsabilidad política, que no es la de los técnicos. En las otras, en las democracias de medio pelo, nadie se hace cargo, todo el mundo silba, el olvido de los actos es norma y el ciudadano debe confiar en su suerte. Conozco a algunos voluntarios que estuvieron trabajando en la recogida del chapapote. ¿Qué pensarán ahora? ¿Compensa el dinero invertido en los pueblos afectados el padecer secuelas de este tipo?
El macrojuicio por la catástrofe del Prestige se celebrará en A Coruña probablemente a finales de año. El fiscal culpa de lo ocurrido al capitán del barco, el griego Apostolos Mangouras, para el que pide doce años de cárcel. El único representante del Estado que está imputado es José Luis López Sors, que era director de Marina Mercante cuando se produjo la catástrofe. Más allá de lo que acabe dando de sí el juicio, y ante los nuevos datos, alguien del Gobierno de aquel momento debería tomar la palabra. Por dignidad y por respeto, y porque, como se estableció claramente, la gestión de aquella grave crisis desde la Moncloa no fue precisamente acertada. Rajoy, que gobernó y aspira a volver, está obligado a decir algo. Y Aznar, que tan raudo se desplazó a Melilla, tiene ahora una magnífica ocasión de actuar como ese gran líder mundial que cree ser.
30-VIII-10, Francesc-Marc Álvaro, lavanguardia