Tanto Reding como Andor criticaron el repentino interés de algunos gobiernos con el problema de la integración de los gitanos. Sólo dos ministros europeos, recordaron, acudieron a la reunión convocada en abril, en Córdoba, por la presidencia española de la UE para abordar el tema.
France came under fresh fire for expelling Roma migrants Thursday as the European Parliament demanded it "immediately suspend" removal of the Gypsies.
It was the second time this week that Euro MPs had taken the floor to lambast President Nicolas Sarkozy´s stand on the issue while debating the plight of Roma across Europe in general.
But France´s Immigration Minister Eric Besson, in Bucharest for talks with Romanian authorities on the issue, hit back immediately, saying there was "no question" of Paris complying.
The resolution condemning France, adopted by 337 votes against 245, expressed "deep concern at measures taken by France and other member states targeting Roma and travellers."
Without naming Germany, which too has expelled Roma, or Italy, which has destroyed several illegal Gypsy camps, it urged "those authorities immediately to suspend all expulsions of Roma."
Sarkozy´s decision in August to dismantle unauthorised Gypsy encampments and fly Eastern European Roma home to Romania and Bulgaria following a public order incident topped much of the agenda of this week´s session of the 736-member parliament.
Turnout was high and members waved banners saying "Equal Rights for All" during the vote on the resolution, a joint motion put to the parliament by left and centrist parties.
A separate motion put by conservatives and euro-sceptics that did not explicitly condemn France failed to muster support.
The resolution adopted emphasised "the right of all EU citizens and their families to free movement and residence throughout the EU, a right which is a fundamental aspect of EU citizenship."
It stressed that "mass expulsions are prohibited" under EU law, "since they amount to discrimination on the basis of race and ethnicity."
The parliament, it added, "is deeply concerned, in particular, at the inflammatory and openly discriminatory rhetoric that has characterised political discourse during the repatriations of Roma."
Besson retorted that parliament was out of line and "of course we are not going to submit to a political diktat."
"I want to say very clearly that there is no question of France suspending returns to countries of origin, whether they are Romanians, Bulgarians or any other nationality."
France touched off an international storm in August for ordering police to clear away unauthorised Gypsy camps after French travellers, angered by a police shooting, went on the rampage in a small town.
While French-born Gypsies were moved on, Eastern European Roma unable to prove they had the means to integrate into mainstream society were flown back home by the hundreds to Romania and Bulgaria.
Besson repeated Paris´s line that the French government was scrupulous in observing national and EU laws.
But the European parliament resolution states that "lack of economic means can in no circumstance justify the automatic expulsion of EU citizens."
It added: "Restrictions on freedom of movement and residence on grounds of public policy, public security and public health can be imposed solely on the basis of personal conduct, and not of general considerations of prevention or ethnic or national origin."
The resolution also slammed the European Commission for its "late and limited response," notably regarding rules on freedom of movement, non-discrimination and the right to protection of personal data.
In another criticism of French policy, Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, on Wednesday likened France´s rhetoric on the issue to that used by the Nazi and fascist regimes
While the remarks brought a sharp response from France, Hammarberg Thursday said he had not targeted the French government.
9-IX-10, afp, yahoo
José Manuel Durão Barroso utilizó ayer su primer discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo para advertir a los gobiernos de que "el racismo y la xenofobia no tienen cabida en Europa" y pedir que ante un problema tan delicado como la integración de la población gitana "nadie despierte fantasmas del pasado". "Todos los europeos deben respetar la ley, y los Gobiernos deben respetar los derechos humanos, incluidos los de las minorías", afirmó el presidente de la Comisión Europea.
La polémica deportación de Francia de cientos de rumanos y búlgaros pertenecientes a esta etnia ocupó buena parte del debate celebrado ayer en Estrasburgo con un formato nuevo, de reminiscencias washingtonianas, con el que se quiere dar más peso al debate político europeo y tratar de acercarlo a los ciudadanos. El claro distanciamiento de Barroso de la retórica inflamada que ha rodeado a la iniciativa del Gobierno francés satisfizo en un primer momento a los eurodiputados, que lo recibieron con aplausos. Pero pronto desde la izquierda se le reprochó su tibieza, al no haber citado en ningún momento a Francia ni al presidente Nicolas Sarkozy al evocar el asunto.
Trata la Comisión Europea de navegar entre dos aguas, defendiendo por un lado la no discriminación de los ciudadanos europeos y su derecho a la libre circulación, pero también las obligaciones y límites de algunos derechos derivados de la pertenencia a la Unión Europea. En ese sentido, Durão Barroso reclamó "responsabilidad" a todo el arco parlamentario a la hora de abordar el problema, para no permitir que "las fuerzas populistas puedan explotar de forma populista el sentimiento de inseguridad".
Socialistas, liberales y verdes tuvieron las palabras más duras contra la política de deportaciones aplicada por Sarkozy, a la que dedicaron calificativos como repulsiva, racista e injusta. Todos los grupos, con excepción del Partido Popular Europeo, tacharon de tibia la actitud de Bruselas, que sigue sin decidir si la reciente deportación de cientos de gitanos rumanos y búlgaros se ha hecho o no de manera conforme con las normas europeas.
Después de varias reuniones tanto a nivel político y técnico, la Comisión Europea ha vuelto a pedir más información a París para cerciorarse de que las expulsiones fueron voluntarias y valoradas caso por caso, reveló ayer la comisaria de Justicia, Vivian Reding, en un debate posterior con los diputados. Con todo, se declaró satisfecha por las "garantías" ofrecidas por el Gobierno francés de que "no ha habido ninguna acción organizada contra los gitanos".
Bruselas, explicó Reding, sigue investigando "los hechos" en sí, para comprobar "que lo que dicen se corresponde con la realidad in situ". La Comisión Europea, dijo, no dudará en actuar si detecta que violaciones de los derechos humanos: "He demostrado que ya soy capaz de llevar a los estados grandes a los tribunales", recalcó la veterana comisaria luxemburguesa, defendiéndose del aluvión de críticas a su"pasividad".
Bruselas mostró su comprensión con los argumentos de Francia sobre los problemas de integración de la comunidad gitana europea anunciando la creación de un grupo de trabajo para revisar cómo gasta cada Gobierno los fondos europeos para la integración de minorías como la gitana. Francia ha criticado reiteradamente que Rumanía no dedica suficiente dinero a este objetivo, a pesar de las ayudas comunitarias que tiene a su disposición. El objetivo es dinamizar y mejorar el uso de estas partidas
Formará parte de ese grupo el comisario de Asuntos Sociales László Andor, húngaro, que ayer exhortó a los diputados a comprender en su globalidad el problema. Antes de 1989, recordó, "la mayoría de los gitanos trabajaba, tenía alguna forma básica de vida". Los gitanos, relató Andor, han sido "las primeras víctimas" de la rápida transición económica que han vivido los países del Este. "No hay solución rápida para este problema, hace falta una estrategia a largo plazo", con acciones en educación y empleo.
Tanto Reding como Andor criticaron el repentino interés de algunos gobiernos con el problema de la integración de los gitanos. Sólo dos ministros europeos, recordaron, acudieron a la reunión convocada en abril, en Córdoba, por la presidencia española de la UE para abordar el tema.
8-IX-10, B. Navarro, lavanguardia