La fuerte presión política ejercida en las últimas semanas por una Francia airada ante las acusaciones de discriminación por parte de la Comisión Europea ha dado resultado y la polémica expulsión de cientos de gitanos rumanos se saldará con un expediente sancionador menor.
En contra de lo advertido por la comisaria Vivian Reding, responsable de Justicia, el ejecutivo comunitario renunció ayer a denunciar a Francia por discriminar a la etnia gitana dentro de la campaña de expulsiones llevada a cabo el pasado verano, tal y como una circular policial fechada en agosto daba a entender.
Tras un largo y tenso debate del colegio de comisarios, el ejecutivo comunitario acordó limitarse a expedientar a Francia, entre otros países, si en dos semanas no corrige los fallos en la transposición de la directiva del 2004 sobre libre circulación de personas. La ley francesa, según Bruselas, no ofrece suficientes garantías procesales a los receptores de una orden de expulsión, como por ejemplo tener posibilidad de recurso y el plazo de un mes para dejar el país.
París replicó que su legislación es conforme con la directiva y dará las explicaciones pertinentes a la Comisión para que no le abra expediente el 15 de octubre. Esta investigación "está lejos de ser un desaire", resaltó el ministro de Inmigración, Eric Besson. Y es que este expediente sí era políticamente aceptable para París; al finy al cabo, Bruselas abre cientos de expedientes al año por divergencias sobre la transposición de directivas.
Menos digerible para el orgullo nacional era que Francia - "la madre de los derechos humanos", como la definió en pleno rifirrafe con Bruselas el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pierre Lallouche-fuera el primer país de la UE acusado de discriminación por razones étnicas, algo prohibido por la Carta de Derechos Fundamentales.
El gobierno francés se declaró satisfecho por la decisión: "La Comisión constata que no hubo discriminación en el desmantelamiento de los campamentos ilegales ni en la expulsión. Francia sale con la cabeza alta", celebró Besson. Yes que finalmente, Bruselas ha dado por buenas las explicaciones de las autoridades francesas "al más alto nivel" de que la campaña "trató de igual manera a todos los ciudadanos".
La polémica circular policial, emitida por el Ministerio del Interior y corregida de puño y letra por el presidente Nicolas Sarkozy cuando la prensa divulgó su existencia, "no tuvo como objetivo ni como consecuencia la persecución de ninguna etnia en particular", ha asegurado París a Bruselas, aunque el documento señalaba a los gitanos "como prioridad" de la acción policial.
Tras conocer su existencia, Reding se declaró espantada y comparó los hechos con la II Guerra Mundial, anunciando la inminente apertura de un expediente. Entretanto, la circular ha sido anulada y Reding admitió ayer a los eurodiputados que carece de "pruebas suficientes" para elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE, como ella pretendía. Sólo pedirá detalles de cómo se aplica la nueva circular. Políticamente, el caso parece cerrado para el presidente José Manuel Durão Barroso, deseoso de rebajar la tensión con París.
30-IX-10, B. Navarro, lavanguardia