La ley de Autonomía del Paciente que aprobó el Parlament en el 2000 inspiró la posterior ley orgánica que reconoció tres conceptos esenciales: el deber de los médicos a aceptar la negativa del paciente a no actuar o a dejar de actuar en su cuerpo; el deber clínico de no actuar cuando no mejora nada, aunque el paciente no lo haya dicho, y el derecho, a analgesia hasta la sedación ante un sufrimiento insoportable. "Creemos que estas nuevas leyes son un poco redundantes. Porque ya es un deber atender de ese modo y no cabe objeción", recuerda el presidente del Comité de Bioètica de Catalunya, Marc Antoni Broggi. Catalunya fue la primera comunidad en reconocer el testamento vital.
La ley que desde marzo rige en Andalucía surgió de la necesidad de dar respuesta a casos como el de Inmaculada Echevarría, que sufría una enfermedad degenerativa y reclamaba en Granada su derecho a no seguir con un respirador en su garganta que la mantenía con una vida que no quería. Y tardó diez años en conseguirlo. La norma andaluza fue largamente debatida y consensuada con asociaciones de enfermos, sociedades profesionales y partidos políticos. En el texto se determina qué es sedación, cómo se pide la opinión a la familia, qué es retirar un soporte técnico y cómo se sanciona a quienes nieguen esta atención a los pacientes. Es la base que inspira la nueva ley general.
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro portavoz, Alfredo Pérez Rubalcaba, quiso dejarlo muy claro sabedor de que una norma que regule "la muerte digna" puede suscitar una fuerte polémica por su posible identificación con la eutanasia. Así que lo explicó como lo hubiera hecho ante sus alumnos en sus tiempos de docente: "Cuando alguien está terminal, no tiene solución y lo que le espera por delante es un calvario; hoy la medicina tiene mecanismos para que la muerte que es inevitable se produzca dignamente, es decir, sin sufrimiento y sin dolor". Y de inmediato Rubalcaba aclaró, adelantándose a los posibles críticos, que "no tiene nada que ver con la eutanasia. Esta es una decisión de alguien que sencillamente por la razón que quiera, porque está enfermo, decide morir".
La intención del Gobierno, según explicó el ministro portavoz al término del Consejo de Ministros, es tener lista la ley que regulará la situación en la que quieren morir las personas en estado terminal -que se llamará ley de cuidados paliativos y muerte digna- para marzo del 2011. Fuentes del Ministerio de Sanidad indicaron que esta ley es un proyecto basado en la Estrategia en Cuidados Paliativos aprobada en el 2007, que trata estas cuestiones pero que "no tiene carácter normativo". Esto ha provocado un desarrollo desigual de las unidades de cuidados intensivos en las distintas comunidades autónomas. Según las citadas fuentes, los responsables de Sanidad evaluarán en las próximas semanas los resultados obtenidos de la implantación de esa estrategia para elaborar la futura normativa.
La permisiva legislación de Suiza respecto a la muerte asistida - la ayuda al suicidio está autorizada por ley siempre que no tenga "motivaciones egoístas"-ha convertido a este pequeño país en un paraíso de quienes quieren poner fin a sus vidas "de forma digna". Varias instituciones, Exit y Dignitas, son las más conocidas, se dedican a ello profesionalmente - administrando, por lo general, una inyección de pentotal-.Cada año, entre 300 y 400 personas - un centenar de ellas, procedentes de otros países europeos-se acogen a este particular servicio. Ante el riesgo de derivas, el Gobierno suizo se planteó recientemente la eventual prohibición de este tipo de organizaciones, pero finalmente - ante la oposición suscitada-ha desechado la idea. El debate político se dirige ahora hacia la conveniencia de establecer una reglamentación mucho más estricta de esta actividad.
La nueva legislación pondrá cierta armonía entre todas las comunidades autónomas. Andalucía cuenta desde marzo con una ley que deja muy claro qué es el derecho a sedación y el rechazo de un tratamiento y cuál es el deber del médico ante el paciente y sus familiares, que lo representan en caso de que él mismo no pueda expresarse. Rubalcaba no mencionó, sin embargo, la norma andaluza, sino que puso como modelo legislativo el de Francia, que calificó de "excelente regulación" (véase la página siguiente). Navarra y Aragón han iniciado en sus parlamentos un debate semejante, así que la ley estatal pondrá cierto orden a la situación...
Desde la asociación Derecho a Morir Dignamente, el resumen es: "Bien, pero insuficiente". Fernando Marín, presidente de la asociación, dice: "Esperábamos que se abordara de una vez la disponibilidad de la propia vida". Con la normativa ya existente (ley de Autonomía del Paciente del 2002), si una persona no quiere seguir o que le pongan un respirador tiene derecho a que se la retiren. No así si no desea seguir viviendo por las limitaciones o el sufrimiento que le provoca la enfermedad. Desde esta asociación se lamenta que no se haya aprovechado la preparación de la sociedad española para abrir el debate. Según la encuesta del CIS, así lo quiere el 60%.
Hace poco más de un año, la británica Debbie Purdy, de 46 años, enferma de esclerosis múltiple, ganó su batalla legal para que la Fiscalía del Estado clarificase cuándo se puede procesar a una persona que ayuda a otra a morir en el extranjero. La Cámara de los Lores, máxima instancia judicial del Reino Unido, apoyó su llamamiento para que el Parlamento modificase la ley y la Fiscalía explicase por escrito los factores que consideraba relevantes para procesar a alguien en las citadas circunstancias. El Gobierno de Gordon Brown se vio obligado a precisar que no actuaría judicialmente contra quienes ayudasen a suicidarse a un enfermo terminal que lo solicite de forma consciente y sin presiones y anunció una nueva ley para plasmar ese criterio. Sin embargo, la caída del Gobierno dejó el proyecto en suspenso, y ahora deberá replanteárselo un gabinete más conservador.
"La semana pasada, unos familiares de un enfermo de 85 años que estaba en la residencia le llevaron al hospital para que muriera sin sufrimiento. Y la respuesta de la facultativa que les atendió fue: ´¿Qué quiere, que nos lo carguemos como los de Leganés?´. Esa es la norma aún. Así que hace falta esta ley", explica Marín.
No lo ven así, sin embargo, las asociaciones de Derecho a Vivir y el Foro de la Familia, que critican duramente al Gobierno al considerar que la futura ley supone "intentar colar la eutanasia por la puerta de atrás". El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, pidió "tolerancia cero" a una norma que se convertirá en "defensora de la muerte en lugar de la vida" y supone un "paso irreversible" en el campo de la medicina. El que fue ex secretario de Estado de Infraestructuras en el gobierno de Aznar ya ha anunciado que promoverá movilizaciones.
En Francia, la ley de los derechos de los enfermos y del final de la vida, aprobada en abril del 2005, es comúnmente conocida como la ley del dejar morir.Difícilmente puede encontrarse mejor definición. Admitida por todo el mundo como un indudable avance - aunque insuficiente, para las asociaciones en defensa del derecho a morir dignamente-, abrió la vía a la eutanasia pasiva. Desde entonces, en determinados casos y siempre con autorización médica, es lícito suspender aquellos tratamientos médicos "inútiles y desproporcionados" cuyo único fin sea mantener la vida artificialmente, así como la administración de medicamentos contra el dolor a enfermos terminales aun cuando ello pueda acelerar la muerte. La aprobación de la ley, no exenta de algunos problemas en su aplicación práctica, permitió apaciguar por un tiempo el debate sobre la eutanasia activa en Francia. Pero el dramático caso de Chantal Sébire, una mujer ciega y desfigurada por un cáncer que la condenaba a morir, volvió violentamente a ponerlo sobre la mesa a principios del 2008. Con la ley en la mano, la justicia rechazó su petición de asistencia al suicidio. Ella misma acabó quitándose la vida poco después. A raíz de este caso, el Gobierno francés encargó al padre de la ley del 2005, el diputado Jean Léonetti, la elaboración de un informe sobre el estado de la cuestión. Presentado en noviembre de ese año, el informe abogaba por introducir algunas modificaciones en la ley para mejorar su aplicación y acabar con algunas disfunciones, pero rechazaba ampliarla con el reconocimiento de la eutanasia activa. El debate, sin embargo, no está acabado. El Senado tenía previsto abordar precisamente esta semana este asunto, aunque la sesión prevista ha sido finalmente aplazada al mes de enero por falta de tiempo. Si el Gobierno se resiste a reconocer la eutanasia activa, la inmensa mayoría de los franceses - el 94%, según un reciente sondeo de Ifop-es favorable a su legalización.
El Consejo General de Enfermería de España también ha mostrado su apoyo a la norma, aunque demanda la regulación de la objeción de conciencia. El PP no se pronunció ayer. La Conferencia Episcopal ha declinado hacer declaraciones a la espera de que se conozca más en detalle el contenido de la futura norma.
20-XI-10, C. López/A. Macpherson, lavanguardia
