El Gobierno espera que la futura ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna reciba un amplio apoyo, sobre todo del PP, algo que en sí ya sería noticia si se comprueban las escasas normas de consenso tramitadas en esta legislatura. El convencimiento de los socialistas se centra en que la futura ley será "muy similar" a la ya en vigor en Andalucía, aprobada con el consenso de los dos partidos mayoritarios, e IU. Sin embargo, fuentes de Sanidad tienen dudas sobre si el partido que lidera Mariano Rajoy tendrá un posicionamiento similar al que tuvo el andaluz Javier Arenas. La causa de ese temor se debe a la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, y a nadie se le escapa que el discurso de los políticos tiende a cambiar sin justificación alguna dependiendo de la cercanía de convocatorias electorales. Es posible, aseguran dichas fuentes, que a algún dirigente del PP le interese poner trabas a esta norma mezclando "de manera interesada" conceptos como muerte digna y eutanasia.
El trámite parlamentario de esta ley comenzará previsiblemente en abril o mayo (dependiendo de la Semana Santa), tras su aprobación por el Gobierno en marzo, según el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Los trabajos para su elaboración se iniciaron la semana pasada, en una reunión presidida por el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos. A ella asistieron Teresa Antoñanzas, directora general de Atención al Usuario de Aragón; Pablo Simón, de la Escuela Andaluza de Salud Pública; Juan Carlos Martínez, de la Junta de Andalucía; así como Carmen Moya, directora de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, y Francisco Valero, director general de Ordenación Profesional. También, miembros del Ministerio de Justicia.
Y sobre la mesa de trabajo, la ley de Muerte Digna aprobada el pasado mes de marzo en Andalucía, y la primera de España que ordena los derechos de los pacientes terminales y las obligaciones de los profesionales que les atienden. La norma reconoce el derecho de los ciudadanos andaluces a declarar su voluntad vital anticipada, que deberá ser respetada. De hecho, el médico tiene la obligación de informar al enfermo sobre el testamento vital, a comprobar si lo tiene en los casos en que el paciente no se pueda expresar, y a respetarlo. Si no tiene testamento vital, le representará su cónyuge o familiares.
La ley reconoce el derecho a recibir - o a no recibir si así lo desea el paciente-información clínica veraz y comprensible sobre su diagnóstico, con el fin de ayudarle en la toma de decisiones. La persona afectada podrá igualmente rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida. El médico tiene obligación de respetar la voluntad del enfermo y de limitar el esfuerzo terapéutico cuando el tratamiento se considere innecesario o sólo prolongue la vida biológica.
Los enfermos terminales y en agonía tienen derecho a unos cuidados paliativos de calidad, al tratamiento del dolor y a la sedación paliativa. Este derecho es inobjetable por parte de los médicos, considerándose una falta muy grave no mitigar el sufrimiento del enfermo y no respetar los valores y creencias del paciente.
27-XII-10, C. López, lavanguardia