´Desaparecidos del mundo´, Gervasio Sánchez

La desaparición forzosa comienza tras el secuestro de la víctima por un grupo fuertemente armado y su traslado a un centro de detención clandestino. Durante días, semanas o meses, el detenido puede ser sometido a torturas mientras resiste en condiciones ignominiosas. El objetivo es quebrar la resistencia del prisionero y obligarle a delatar a otros compañeros.

Las mujeres sufren violaciones o agresiones sexuales continuas. En un centro chileno se llegó a utilizar un perro pastor alemán especialmente adiestrado para violar a las detenidas; en otros, se introdujeron ratones o arañas en la vagina de las prisioneras.

Muchos mueren víctimas de las torturas y sus cuerpos son escondidos en fosas anónimas, lanzados al mar o a lugares inhóspitos en los llamados vuelos de la muerte.
Durante la dictadura argentina, la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) se convirtió en un gran centro de detención, tortura y exterminio por el que pasaron unas 5.000 personas. En el Casino de Oficiales funcionó una maternidad clandestina donde dieron a luz las detenidas; poco después de su nacimiento, los bebés eran separados de sus madres y entregados en adopción ilegal a miembros o simpatizantes de las fuerzas armadas. Las madres desaparecían para siempre.



Tuol Sleng fue el principal centro de detención del régimen de los jemeres rojos en Camboya, que entre 1975 y 1979 exterminaron a dos millones de ciudadanos. Por sus dependencias pasaron entre 14.000 y 17.000 mujeres, niños y hombres. Todos, sin excepción, fueron fotografiados antes de ser asesinados, incluidos dos millares de niños. Sólo seis prisioneros sobrevivieron al infierno. Las últimas 14 víctimas yacían abrasadas en las habitaciones de tortura cuando los soldados vietnamitas entraron en el centro de detención en 1979. Sus tumbas están hoy alineadas en la entrada. Hoy, es un museo contra el olvido que recibe la visita cada año de miles de turistas o camboyanos, incluidos familiares de las víctimas. En varias salas destacan los engendros utilizados para las continuas torturas y las fotografías en blanco y negro de los prisioneros.

Los monumentos conmemorativos son espacios para el recuerdo donde están escritos los nombres de los desaparecidos. Son el mejor antídoto contra la amnesia.
Los familiares guardan las pertenencias de los desaparecidos como si fueran pequeños tesoros. En muchos casos es lo único que les queda, ya que no conservan fotografías de los ausentes. Radios, navajas de afeitar, relojes, medallas, recordatorios de bodas, mechones del primer corte de pelo cuando eran bebés, diarios, libros o notas escolares forman su personal museo de la memoria.

La desaparición es más cruel que la muerte. La búsqueda se convierte en una obsesión. Durante años, los familiares revisan documentos, visitan antiguos centros de detención, cavan en supuestas fosas comunes, buscan a abogados dispuestos a enfrentarse al silencio judicial, presentan querellas criminales, presionan a los jueces.El compromiso es tan intenso que acaba por sacrificarse la vida personal. La salud de muchas madres se ha quebrado en el largo camino. Algunos hijos nunca han perdonado a sus madres el que dedicasen todo su tiempo al hijo desaparecido y sacrificasen su relación con ellos.

Miles de restos humanos aún sin identificar están almacenados en grandes bodegas climatizadas en los países que han sufrido la desaparición forzosa durante décadas. La Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas de Bosnia-Herzegovina custodia unas 3.000 bolsas en su almacén de Tuzla, al norte del país.



Los cuerpos han sido exhumados de las fosas originales o de las llamadas secundarias, que son aquellas más pequeñas utilizadas por los responsables de las matanzas para trasladar los restos de sus víctimas meses o años después con la clara intención de encubrir o borrar definitivamente los rastros de sus crímenes.

En Argentina y Guatemala, los equipos de antropología forense guardan durante años las cajas con los restos exhumados a la espera de recopilar la información genética y antropológica que permita llevar a cabo las identificaciones.

El proceso de identificación puede durar días, meses o años. Incluso es posible que algunos restos encontrados en fosas comunes nunca sean identificados porque están muy deteriorados o debido a que es imposible encontrar a los familiares para cotejar pruebas genéticas. El ADN contiene la información genética única, personal e irrepetible en cada uno de los individuos y se encuentra en los huesos, en la saliva y en la sangre. Los programas de alta tecnología por ordenador, desarrollados tras los atentados de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001, permiten comparar una muestra de ADN con miles de datos almacenados en pocos segundos y obtener un resultado con una fiabilidad de casi el ciento por ciento.

Los equipos desplegados en Bosnia-Herzegovina visitaron durante años a las familias de las víctimas a lo largo del territorio bosnio, tomaron muestras de ADN y recogieron informes médicos, radiografías y singularidades dentales. Todos estos datos fueron archivados de forma digital y con un código de barras único para cada caso. Desde noviembre del 2001 se ha identificado a 13.000 personas. La identidad de otras 3.000 ha sido verificada utilizando métodos tradicionales.

El Equipo Argentino de Antropología Forense lanzó en el 2007 una campaña de recogida de sangre con el objetivo de identificar los 600 restos exhumados que guardan en cajas de galletas en su sede central de Buenos Aires. Muchos presentan perforaciones en el cráneo provocadas por disparos a corta distancia o evidentes signos de tortura.

“Si tienes un familiar víctima de la desaparición forzada, una simple muestra de sangre puede ayudar a identificarlo”, afirmaba un anuncio televisivo. En pocos meses se recibieron miles de llamadas telefónicas.  En Argentina, apenas unos centenares de desaparecidos han sido encontrados e identificados. Centenares de personas fueron lanzadas al mar, igual que ocurrió en Chile. El resto yace en fosas que no han sido localizadas.

En Guatemala, la Fundación de Antropología Forense cuenta con su laboratorio de genética desde noviembre del 2008. La mayoría de las personas identificadas fueron víctimas de masacres ocurridas a finales de los años setenta y principios de los ochenta. Testigos oculares de las matanzas y familiares sobrevivientes desempeñaron un papel muy importante en las identificaciones de los lugares. En la última década se han encontrado 5.000 cuerpos, y un 60% ya ha sido identificado.

Los familiares de las víctimas siempre han hablado de 30.000 desaparecidos en Argentina. Informes de inteligencia estadounidenses estimaron en 1978 que el número de desaparecidos podía rondar los 22.000 en el país austral. Unos 70 desaparecidos nacieron en España, y otros 600 son descendientes de españoles.La dictadura militar de Augusto Pinochet es la máxima responsable de los miles de desaparecidos y asesinados que hubo en Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. Los familiares manejan una lista de unos 1.200 desaparecidos, aunque el número real podría acercarse a los 3.000 si se hubiesen presentado todas las denuncias.

Perú registró denuncias de desapariciones de ciudadanos sin interrupción entre 1983 y 1996, durante diferentes gobiernos democráticos. El número de víctimas, cuyos restos no han sido encontrados, varía entre 7.000 y 15.000. Se encuentran diseminadas en 4.600 fosas clandestinas. Los presidentes Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori jamás impulsaron investigaciones serias que ayudasen a encontrar los restos de los desaparecidos y procesasen a los culpables.

Belaúnde fue un hombre muy respetado hasta su muerte a pesar de las atrocidades cometidas durante su gobierno. Según la Comisión de Derechos Humanos, el 47% de las desapariciones se produjo durante su mandato entre 1980 y 1985. Su sustituto, Alan García, tuvo que huir del país al acabar su periplo (1985-1990), acusado de corrupción. Durante su exilio dorado en París ninguna institución estatal le persiguió por las gravísimas violaciones de los derechos humanos ocurridas durante su gobierno, responsable del 27% de las desapariciones. Hoy es, de nuevo, presidente de Perú.

El primer caso de desaparición forzosa en Colombia se produjo el 9 de septiembre de 1977 y la víctima fue la bacterióloga Omaira Montoya Henao, que padecía una afección cardiaca y estaba embarazada de varios meses. La larga lista de desaparecidos implica a todos los gobiernos democráticos colombianos desde Alfonso López Michelsen hasta Álvaro Uribe. La desaparición forzosa ha sido una práctica habitual en Colombia utilizada por los organismos del Estado, los grupos paramilitares y los grupos insurgentes izquierdistas. El número actual de desaparecidos se acerca a los 30.000, y es muy posible que se superen los 40.000 cuando se comience a investigar a los distintos grupos guerrilleros.

Asimismo, 200.000 guatemaltecos murieron o desaparecieron durante los 35 años de conflicto armado, que empezó en 1962 y concluyó en 1996. El quinquenio más sangriento tuvo lugar entre julio de 1978 y agosto de 1983 durante los gobiernos genocidas de los generales Fernando Lucas García y Efraín Ríos Montt, aunque este país contabiliza el primer caso documentado de desaparición forzosa (28 sindicalistas) en marzo de 1966.

La Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU contabilizó 626 masacres contra las comunidades de origen maya desarmadas, que no pudieron defenderse. Los investigadores internacionales demostraron que las fuerzas gubernamentales, con el ejército a la cabeza, fueron responsables del 93% de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzosas y la guerrilla participó directamente en un 3%.

Una terrible peculiaridad de El Salvador fue el secuestro y la desaparición de niños y niñas. Unos 2.500 menores fueron robados por los militares como botín de guerra durante los ataques a las aldeas o secuestrados después de asesinar a sus padres y entregados a una red que se lucró con la adopción en el extranjero (Estados Unidos y países europeos) después de pasar por orfanatos. El número de casos individuales quintuplica el que se produjo en Argentina. La Asociación Pro Búsqueda, creada por el jesuita español Jon Cortina, fallecido en diciembre del 2005, ha conseguido abrir 790 casos de menores desaparecidos y esclarecer 333 en apenas 15 años de actividades.

En los últimos siete años en Bosnia-Herzegovina, los familiares de las víctimas han realizado funerales masivos cada 11 de julio (conmemoración de la matanza de Srebrenica ocurrida en 1995) en el cementerio de Potocari y han dado sepultura a 4.500 víctimas musulmanas identificadas, incluidas siete mujeres, y también a una católica.

Iraq es el país con el mayor número de desaparecidos del mundo. Las cifras podrían superar con creces las 100.000 víctimas. El baño de sangre que vive el país desde la invasión estadounidense de marzo del 2003 ha impedido investigar todo lo ocurrido durante los 25 años del régimen sanguinario de Sadam Husein, que persiguió con especial saña a miembros de la mayoría chií y de la minoría kurda. La campaña de limpieza contra la minoría kurda duró varios años y costó la vida a 180.000 kurdos, según organizaciones de derechos humanos. Durante la jornada del 31 de julio de 1983 desaparecieron del valle de Barzan 8.000 varones, incluidos 315 niños. Esta tragedia es equiparable a la de Srebrenica, aunque tuvo lugar doce años antes y pasó inadvertida.

Setenta y cinco años después del inicio de la Guerra Civil y 35 años después de la muerte del dictador, sólo se han abierto en España 231 fosas y se han recuperado 5.300 víctimas. Muchas de ellas aún no han sido identificadas, y sus restos permanecen almacenados en laboratorios universitarios o privados. Sin lugar a dudas, España, un país perteneciente al mundo más desarrollado, está a años luz de Bosnia-Herzegovina, Colombia, Argentina o Guatemala en la búsqueda de las decenas de miles desaparecidos provocados por la contienda civil.

Las autoridades han despreciado durante tres décadas a los familiares de las víctimas, y ningún gobierno español desde el inicio de la transición ha sido capaz de conseguir un acuerdo político de amplia base que convirtiese al Estado en el responsable de la búsqueda de los desaparecidos.
La ley de memoria histórica, aprobada el 31 de octubre del 2007 en el Congreso de los Diputados, es una tibia iniciativa que obliga a los familiares a liderar las investigaciones, calcular los costes de los trabajos de exhumación e identificación e, incluso, trabajar como forenses en las fosas.

Con la muerte de esposas, hermanos e hijos se ha perdido una oportunidad única e irrepetible: formalizar un banco de sangre similar al de Bosnia-Herzegovina o Argentina. Son los nietos los que han encabezado la lucha contra el olvido especialmente a partir del 23 de octubre del 2000 cuando se exhumó la primera fosa, en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo.

Un ejemplo de esta incertidumbre es lo ocurrido con la fosa común de La Puebla de Cazalla (Sevilla), situada en el interior del cementerio, abierta por primera vez en mayo del 2008. Los primeros ocho cuerpos se encontraron a tres metros y medio de profundidad. Unas semanas después ya sumaban 17. Hubo que esperar un año y una nueva subvención para continuar con los trabajos. Entre mayo y noviembre del 2009 aparecieron otros 43 cuerpos. Los trabajos quedaron paralizados de nuevo a la espera de otra subvención de 60.000 euros.

En la fosa podrían estar los restos de otras 100 personas. Al menos una decena de esqueletos visibles no pudieron ser exhumados ante el peligro de derrumbe de una fila de nichos construida años después de los asesinatos. Tampoco se ha avanzado en los trabajos de identificación. En la actualidad, los restos siguen en el mismo lugar en el que fueron guardados por las antropólogas responsables de la exhumación. La desidia de las autoridades estatales, regionales y locales ha influido en todos estos contratiempos.

En los primeros días de marzo del 2010 fueron exhumados doce vecinos en Cetina, una localidad aragonesa situada a 130 kilómetros de Zaragoza. Una subvención de 38.500 euros sirvió para financiar el largo proceso de búsqueda, alquilar un georradar que verificase si se habían producido excavaciones o movimientos de tierra en el pasado, contratar al equipo arqueológico, buscar los alojamientos y encargar las identificaciones de los restos a un laboratorio. Los restos fueron inhumados provisionalmente en un nicho del cementerio de Cetina en octubre pasado.

Durante el funeral en Destriana de la Valduerna (Léon), en mayo del 2010, la nieta de uno de los fusilados recordó que su abuelo “no eran sólo aquellos huesos” y se emocionó cuando dijo que “su espíritu, su voz y su ausencia todavía llenan nuestra casa”. Su epitafio fue sencillo: “No nos mueve ni el odio ni la venganza, sino el amor por los nuestros. Hoy estamos cerrando una herida, convirtiendo el dolor en ternura”.

Fotografía documental
El proyecto Desaparecidos constata la enorme vigencia de la fotografía documental como testimonio de la realidad y ratifica la importante función social que continúa desempeñando el fotoperiodismo. Desaparecidos implica también el afianzamiento de la fotografía documental en ámbitos expositivos y culturales de primer orden, como el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) –del 29 de enero al 5 de junio–, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) –del 1 de febrero al 1 de mayo– y La Casa Encendida de Madrid –del 2 de febrero al 20 de marzo–, tres centros que, en simultáneo pero con versiones diferentes, se han implicado en impulsar esta propuesta fotoperiodística. Sandra Balsells, comisaria

23-I-11, Gervasio Sánchez, magazine