El objetivo de la futura ley es reconocer el derecho a fallecer sin dolor y con respeto a la intimidad del enfermo; validar su voluntad, y regular el papel de la familia si este no puede expresarse. La norma determinará la extensión del sistema de cuidados y dará seguridad al personal sanitario al indicar los derechos y obligaciones que les corresponden.
El borrador de la ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, en manos del Gobierno desde hace más de un mes, será aprobado por el Consejo de Ministros como muy tarde el próximo 13 de mayo, una semana antes de la celebración de las elecciones autonómicas y municipales, según indicaron a este periódico fuentes próximas al Gobierno. Con esta norma, José Luis Rodríguez Zapatero pretende mitigar el cataclismo electoral que muchos pronostican y que las encuestas así apuntan. El Gobierno espera con la ley, posiblemente la última de calado progresista que aprobará Zapatero en su última legislatura, no sólo evitar esa debacle sino inclinar la balanza en aquellas comunidades autónomas en las que "aún no está todo perdido", según las citadas fuentes.
Sabedor de que el espíritu del texto legal - que tiene como fin garantizar los derechos de los ciudadanos y su atención en los últimos momentos de su vida-es apoyado mayoritariamente por la sociedad española, Zapatero ha decidido retrasar la aprobación de la norma, prometida para el pasado mes de marzo, al último minuto antes del 22-M.
Pero ha ido más allá en su reflexión, y en previsión del rechazo que el sector más conservador de la Iglesia pudiera expresar, el Ejecutivo ha decidido modificar el título de la ley y eliminar el concepto "muerte digna", tal como también han solicitado en reiteradas ocasiones las sociedades médicas y de pacientes, así como el propio Congreso de los Diputados (diciembre del 2010). De hecho, según han señalado fuentes próximas al grupo de expertos que ha elaborado el borrador, de este ya se ha eliminado cualquier referencia a ese concepto.
Una de las razones que esgrimían algunos grupos para suprimir esta referencia es su vinculación con la eutanasia, algo que no prevé en "ningún caso" esta norma, según la ministra de Sanidad, Leire Pajín. Pero el que fue número dos de Fomento en el gobierno de José María Aznar y ahora presidente del conservador y católico Foro de la Familia, Benigno Blanco, ya lo dejó claro en una de sus intervenciones: si el Gobierno "de verdad" pretende que esta ley goce de respaldo social suficiente y no cree "una nueva fractura" en la sociedad española "debe renunciar a usar en ella la expresión ´muerte digna´ para centrarse en lo que cuenta con el apoyo unánime de toda la sociedad, que es la promoción de los cuidados paliativos". Blanco recuerda que la expresión "muerte digna" ha sido "manipulada" por los defensores de la eutanasia, por lo que si la futura norma incorpora en su título y en su articulado referencias a ella, "como mínimo generará confusión sobre a qué se quiere referir y como máximo podrá ser interpretada como legitimadora de una u otra forma de eutanasia".
Fuentes del Gobierno, sin embargo, niegan que la supresión de esa expresión de la ley, si es que finalmente el borrador es aprobado tal como está redactado ahora, responda al deseo de no provocar un conflicto, en estos momentos, con la Iglesia. Al contrario, justifican su decisión en los razonamientos esgrimidos por las sociedades médicas que consideran que una norma de estas características no puede incluir la palabra muerte por "respeto a los pacientes", señala el responsable de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), Javier Rocafort.
La supresión de la expresión "muerte digna" permitiría al Ejecutivo presentar un texto que contaría con un gran apoyo - exceptuando IU-ICV-ERC, que apoyan la eutanasia-,todo un golpe de efecto en un momento en el que el consenso parece cosa del pasado.
Esto, sin embargo, pone en aprietos al PP, más interesado en distanciarse del Gobierno que en alcanzar acuerdos. Pero, sin la oposición de la Iglesia, Mariano Rajoy se queda "sin argumentos" para el enfrentamiento, señalan fuentes próximas al Ejecutivo.
30-IV-11, C. López, lavanguardia