´Hay que legalizar las drogas´, Juan Pina

Escritores como Mario Vargas Llosa o Carlos Fuentes, ex presidentes como el colombiano Gaviria o el brasileño Cardoso, ex altos funcionarios como Kofi Annan y Javier Solana o empresarios como Richard Branson (Virgin) forman la Comisión Global sobre Política de Drogas que hoy publicará en Nueva York su informe. Van quedando atrás los tiempos en que hablar de legalización parecía solamente cosa de frikis, hiperliberales o utópicos. La gran mayoría de los integrantes de la Comisión forman parte del mainstream político, cultural y empresarial, y sólo cabe reprocharles haber tardado tanto en darse cuenta del daño inmenso que hace a todos esta guerra imposible. El estudio, contundente y devastador para quienes todavía sostienen las tesis prohibicionistas, se inicia con una frase que a muchos les puede parecer exagerada o derrotista, pero que refleja con tanta crudeza como exactitud la situación actual: “la guerra contra las drogas ha fracasado”.

Es una guerra que nos ha costado a los ciudadanos de todo el mundo una fortuna incalculable en impuestos, pero no ha sido su único coste. Hemos tenido que pagar también en seguridad, porque la guerra contra las drogas “ha alimentado la violencia y el crimen” como acertadamente señala el empresario Richard Branson. Hemos pagado en vidas humanas, tanto de agentes de las fuerzas de seguridad como de adictos, traficantes y personas ajenas por completo a la cuestión. Hemos pagado con la expansión de enfermedades transmisibles, debido a la subcultura marginal a la que se ha confinado a los consumidores, así como a los costes artificialmente altísimos del consumo. Y, desde luego, hemos pagado en libertad: ya ni siquiera recordamos en qué momento exactamente abdicamos de nuestra soberanía personal y permitimos que el Estado se entrometiera nada menos que en nuestros cuerpos y en nuestras decisiones de consumo. Probablemente lo hicimos cuando le permitimos colonizar el sistema sanitario, convertir a los médicos en funcionarios y someternos, con el cuento de la solidaridad, a unos sistemas de salud burocratizados, inflexibles y mediocres.

La guerra contra las drogas ha generado el mayor negocio turbio de la historia. Bueno, en realidad hay uno aún mayor aunque mucho más discreto: la emisión de dinero fiduciario sin respaldo real por parte de los Estados. Los narcotraficantes desestabilizan países, compran ejércitos y políticos y han llegado a adquirir un peso geopolítico que nunca debieron tener. La prohibición enriquece a las organizaciones criminales más fuertes y despiadadas de la Historia. Por culpa de la prohibición los consumidores carecen de la más elemental información y de toda seguridad jurídica frente al fraude o la adulteración (muchas veces criminal) del producto. Por culpa de la prohibición, el grado de adicitividad de las drogas depende de decisiones estratégicas puntuales de las mafias, que siempre mezclan el producto con otros. Y por culpa de la prohibición, el precio alcanza miles de veces su monto natural, demostrando que nada es más perjudicial en una actividad económica que la intromisión del Estado.

La guerra contra las drogas ha llenado las cárceles de medio mundo con pequeños traficantes y hasta con consumidores, ha fortalecido negocios colaterales tan terribles como el tráfico de personas y de órganos, y ha nutrido a las guerrillas, a regímenes tiránicos y a los dictadores de medio mundo.

Esta guerra debe terminar. El Estado ha usurpado nuestra soberanía arrogándose un ilegítimo papel de tutor de los individuos. Tenemos que obligarle a que deje de ejercer ese papel, que no le corresponde y que nos somete e infantiliza. Las personas deben ser libres de consumir lo que quieran. Los productores deben ser libres de vender productos de cualquier naturaleza, eso sí, informando sin fraude sobre su origen, composición y riesgos. Los precios de esos productos deben ser fijados por el mercado soberano, es decir, por la acción de la gente en el marco de sus libres transacciones. Esto último constituye el mayor golpe que podemos imaginar a la base misma del negocio criminal del narco, ya que le impedirá seguir generando escasez. No nos engañemos, es el narco quien no quiere ni oír hablar de la legalización. Y eso, como bien apunta la Comisión, debería mover la reflexión de cuantos todavía no se atreven a salirse de la ortodoxia estatalista y prohibicionista. Y, como también señala el informe, si bien la legalización de las drogas estúpidamente llamadas “duras” es complicada a corto plazo y va a necesitar mucho más tiempo de deliberación para alcanzar los consensos necesarios, el cannabis puede, en cambio, legalizarse con facilidad. Hacerlo sería un primer paso de gran importancia.

Mantener hoy prohibidos los derivados del cannabis es una injusticia frente a sustancias más nocivas que son legales. Legalizarlos unilateralmente es viable para cualquier país, porque ya hay otros donde la ley permite su comercio. Es impresionante que en España solamente el P-Lib apoye la legalización unilateral e inmediata del cannabis, y da una idea precisa de como nuestra democracia, bajo el imperio del PPSOE, se ha quedado anquilosada y ha dado la espalda a la sociedad en su conjunto pero, sobre todo, a la libertad de los individuos.

1-VI-11, juanpina.com