- reforma de las Convenciones ONU sobre drogas
El alcalde de Ciudad de México, Marcelo Ebrard, afirmó que sin la ayuda de Washington su país no vencerá al narco ya que es muy difícil ganar sin una participación de EE. UU. Ebrard que busca la candidatura presidencial de la izquierda en las elecciones del año próximo, hizo estas declaraciones horas después de que el gobernador de Texas, Rick Perry, que persigue la nominación republicana, se manifestara dispuesto a enviar tropas a México para combatir el narco.
Marcelino Ebrard, el alcalde de la ciudad de México que aspira a presentarse como candidato de la izquierda a las elecciones presidenciales del año próximo, afirma que la guerra contra el narcotráfico en su país no se puede ganar sin la ayuda de los Estados Unidos. Esta es una verdad incómoda para ambos países.
Para México, la ayuda directa de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, con el envío de tropas, como ha propuesto el gobernador de Texas, Rick Perry, supondría una grave intromisión en su soberanía. Para los propios Estados Unidos, una propuesta como la citada, comportaría un claro enfrentamiento con el imperio del narcotráfico latinoamericano en un país vecino, con el riesgo de una grave escalada de la violencia demasiado cerca de la frontera de Río Grande, que podría llegar a extenderse incluso al propio territorio estadounidense.
Pero el narcotráfico es un problema de ambos países. La expansión de su poder en México tiene su origen, precisamente, en el consumo de drogas en Estados Unidos. Los cárteles mexicanos controlan la práctica totalidad de la distribución y venta de la droga en el mercado estadounidense desde la caída de los cárteles colombianos de Cali y Medellín en los años noventa. Eso supone un enorme volumen de dinero que explica el gran poder que han adquirido.
El crimen organizado mexicano contabiliza ya 35.000 muertes, entre delincuentes, policías, militares y civiles, desde que en 2006 el gobierno federal decidió declararle la guerra con la intervención directa de las Fuerzas Armadas. Esta cifra de víctimas refleja la sangrienta capacidad de esos grupos criminales para defenderse, para luchar entre sí por el control del territorio y para mantener su imperio del terror.
Los cárteles de la droga y toda su red delictiva, según algunos informes de agencias privadas, se habrían apoderado ya de amplias bolsas del territorio, que equivaldrían a un 30 por ciento de la superficie del país, en donde el Estado es totalmente incapaz de garantizar la vida y las propiedades de los ciudadanos, mantener el control de las carreteras y asegurar el funcionamiento de los propios servicios administrativos.
La citada propuesta del gobernador de Texas de enviar tropas debe contemplarse bajo un prisma electoral, porque Rick Perry es uno de los aspirantes a la nominación presidencial por los republicanos. El trasfondo, sin embargo, es el hartazgo de Estados Unidos ante la ineficacia de México y sus instituciones para hacer frente a los narcotraficantes. Hay más de 80.000 efectivos movilizados en la lucha contra el narcotráfico, pero su labor se ve mermada por la corrupción generalizada, la rivalidad existente entre los diversos cuerpos de seguridad y la incapacidad del ejército para vencer en esta lucha sin cuartel, entre otras cosas porque los militares no saben reunir pruebas para incriminar a los detenidos. Hay más de 120.000 narcotraficantes en las cárceles pendientes de juicio.
México corre el riesgo de convertirse en un creciente Estado fallido frente al progresivo poder de la delincuencia y del crimen organizado. Pero la lucha contra el narcotráfico requiere un enfoque internacional, del que Estados Unidos, como primer mercado de consumo de drogas, no puede desentenderse. La solución requiere un planteamiento global más que un mero envío de tropas estadounidenses a ese país.
4-X-11, E. Sabartés, lavanguardia
La crueldad del narco mexicano parece no tener límite. Más que eso. Pareciera que los sicarios de las diferentes bandas que campan a sus anchas por el país se reten unos a otros a superar en cada ejecución su nivel de saña. Una escalada de brutalidad que tiene como único objetivo sembrar el terror entre la población y asegurar el control de las plazas en disputa.
En México - donde opera la mayor multinacional del crimen en el continente americano y la tercera a nivel mundial, después de la mafia ruso-ucraniana y las tríadas chinas-la violencia asociada a los cárteles de la droga y toda su red de actividad delictiva se ha apoderado de amplias bolsas de territorio marcadas ya con el epígrafe de estado fallido. Regiones donde la autoridad es incapaz de garantizar la vida y la propiedad de los ciudadanos ni mantener el control sobre la infraestructura o los servicios. Allí donde la gente de a pie no sale de su casa por la noche; donde la vida cotidiana está coartada por el miedo y la desprotección. Un área equivalente "al 30% del suelo nacional, sin soberanía, donde el gobierno no puede cobrar impuestos o asegurar el libre tránsito por carretera", indica Alberto Islas, director de la consultoría especializada Risk Evaluation.
En su desafío a las instituciones, el crimen organizado utiliza los más crueles métodos de amedrentamiento social. Como la última de sus acciones, anteayer, en Acapulco, donde uno de los grupos que se pelean el control de la ciudad dejó cinco cabezas humanas frente a una escuela primaria de un barrio marginal. El impacto psicológico de esa espeluznante escena no tenía por objetivo a los estudiantes, sino a los maestros: el colectivo de docentes de 170 centros de enseñanza pública que está en huelga hace un mes por las amenazas de extorsión que padece. Por medio de pancartas, volantes, mensajes a sus teléfonos móviles o visitas de comandos armados a las escuelas, los maestros acapulqueños viven bajo la presión permanente de los cárteles que les exigen un porcentaje de su sueldo a cambio de no secuestrarlos.
"Me preocupa mucho Acapulco por la banalización de la maldad que puede significar el hecho de que la perversidad de un ser humano contra otra sea parte del panorama cotidiano. Tenemos que evitar que eso ocurra, porque entonces no hay esperanza. Pero no tengo duda de que vamos a doblegar al crimen organizado", dice a La Vanguardia el diputado y presidente de la comisión de Defensa del Congreso, Rogelio Cerda, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Unos 80.000 efectivos, entre policías federales y miembros de las Fuerzas Armadas, tratan de ganar esta guerra.
Pero la convicción del legislador choca con la realidad del día a día. Como la que se vivió la semana pasada en Veracruz, el primer puerto de entrada de mercancías, cuando un grupo de hombres armados, en una operación perfectamente planeada, arrojaron 35 cadáveres de presuntos sicarios del cártel de Los Zetas en una de las principales avenidas. La matanza se la adjudicó un grupo Los Mata Zetas, que el lunes se presentaba en sociedad con un impactante vídeo. En las imágenes, cinco hombres de negro y encapuchados se identificaron como el "brazo armado del pueblo" cuya misión es erradicar en "igualdad de condiciones" al sanguinario grupo de narcotraficantes. La irrupción del comando, calificado por varios expertos como "un fenómeno inequívoco de paramilitarismo", echa más leña al fuego de la violencia, porque alimenta las acciones de autodefensa civil que ya se manifiestan en muchas zonas. En poblados rurales y en barriadas marginales se han dado casos de patrullajes ciudadanos que terminaron en linchamientos. En las zonas industriales y las áreas residenciales, los empresarios y las familias pudientes contratan los servicios de empresas privadas de seguridad "que actúan en el más absoluto vacío legal", según explica a este diario Victoria Unzueta, analista experta en seguridad nacional. La eclosión de grupos de limpieza antinarco representa, a su juicio, "un reto muy grave al estado, por su organización y control territorial".
Un desafío a la autoridad que se concreta también con la infiltración de las redes sociales por parte de los grupos criminales, en un país en el que Twitter ya es un medio de supervivencia como sistema de alerta ciudadana, ante el silencio de los medios de comunicación por las amenazas de las mafias. Una estrategia de intimidación continua que el sábado pasado se cobró su más reciente víctima: María Elizabeth Macías, jefa de redacción del periódico de Nuevo Laredo Primera Hora,que promueve la denuncia de la delincuencia a través de foros en internet. El cadáver decapitado de la informadora fue localizado en plena calle junto a un mensaje que decía: "Aquí estoy por mis reportes y los suyos".
29-IX-11, E. Sabartés, lavanguardia