el Parlamento Europeo veta el acuerdo pesquero con Marruecos
El Parlamento Europeo dio ayer un golpe de autoridad al vetar la prórroga del actual acuerdo pesquero con Marruecos.
La decisión está motivada sobre todo por la negativa del reino alauí a revertir parte de sus beneficios en la población del Sáhara Occidental, a pesar de disponer de sus aguas y ceder su uso a terceros. Pero para que los eurodiputados se decidieran (por 326 votos en contra, 296 a favor y 58 abstenciones) a sentenciar de muerte el pacto ha hecho falta que confluyeran también razones ecológicas y económicas.
Vigente desde el 2003, el acuerdo otorga 119 licencias a la flota europea (un centenar están en manos españolas) a cambio de pagar a Marruecos 36 millones de euros anuales. Actualmente la Comisión Europea negocia su renovación en nombre de los Veintisiete y habría preferido no ver enrarecido el clima de las conversaciones con Rabat, que se niega a mezclarlas con cuestiones como el estatus del Sáhara Occidental.
La prórroga actual expiraba en marzo del 2012, pero Bruselas pretendía volver a extenderlo mientras duraran las negociaciones. La resolución de la Eurocámara le exige que vele por el respeto de los derechos de la población saharaui, ya que, según las Naciones Unidas, debe beneficiar a quienes viven bajo la autoridad marroquí. La Comisión Europea, acostumbrada a las duras estrategias negociadoras de los marroquíes, es escéptica sobre las posibilidades de suscribir un nuevo acuerdo. "No sabemos si será posible", admitió la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, que hoy mismo pedirá a los gobiernos que retiren su flota.
"Apoyar el acuerdo hubiera ido en contra del derecho internacional, hubiera supuesto una bofetada a los derechos del pueblo saharaui", resaltó en un comunicado el vicepresidente de los Verdes Raül Romeva (ICV), uno de los eurodiputados que más ha batallado por suspenderlo. "El voto de hoy corrige una error histórico y sienta un precedente para futuros acuerdos", añadió.
A los argumentos políticos y jurídicos de quienes defendían la suspensión del acuerdo se sumaron otros que acabaron convenciendo a parlamentarios de todos los signos. El primero, su baja rentabilidad económica, dado el escaso retorno que saca Europa del acuerdo: por cada euro invertido, obtiene 0,65 euros, según cálculos internos. La sostenibilidad ecológica del acuerdo también estaba en duda; los barcos europeos debían capturar excedentes pesqueros pero varios estudios han detectado que en esos caladeros hay, por el contrario, problemas de sobrepesca.
Los eurodiputados del PSOE y el PP votaron en bloque contra el informe del liberal finlandés Carl Haglund, que proponía no prorrogar el actual convenio. La decisión del Parlamento Europeo supone un duro golpe para la flota andaluza y canaria, principales beneficiadas del acuerdo, que daba empleo a unos 840 tripulantes y 700 embarcaciones.
15-XII-11, B. Navarro, lavanguardia
