apuesta por la igualdad de oportunidades

apuesta por la igualdad de oportunidades

Expertos en materia educativa reclaman una "gran alianza" entre el sector público y el concertado.
Mercè Beltran, LV, 11/10/2004

Un documento para incomodar

"Me gustaría que este documento incomodara a determinados posicionamientos, desde los sindicatos, al Departament de Educació, pasando por los movimientos de renovación pedagógica, porque sólo a partir de la incomodidad podremos cambiar las cosas". La reflexión es de Jordi Sánchez, presidente de la Fundació Jaume Bofill, quien aseguró que el libro "está cargado de renuncias". Ahora, la fundación llevará estas 300 propuestas a todas las instituciones educativas, justo en el momento en el que la política educativa está en la agenda política comou na prioridad. Su distancia de posicionamientos políticos y la probada reputación de los que lo han elaborado, hacen de este libro una herramienta idónea para algo más que el debate.



El año y medio de debates y reuniones de trabajo que han mantenido cuarenta expertos del ámbito de la educación, bajo el paraguas de la Fundació Jaume Bofill, ha dado como fruto un documento -editado en el libro Política educativa i igualtat d´oportunitats-que contiene 300 propuestas y prioridades para reorientar la política educativa y sentar las bases del Pacto Nacional por la Educación, uno de los objetivos incluidos en el acuerdo firmado por los tres partidos que integran el Gobierno catalán en el Tinell.

Entre estas propuestas destaca la necesidad de establecer una "gran alianza" entre la escuela pública y la concertada para garantizar un sistema "más justo y equitativo". El principio de que el sistema educativo debe garantizar la igualdad de oportunidades impregna todo el documento, y éste se complementa con el principio de calidad. "La sociedad debe entender que el sistema educativo será de calidad si garantiza la igualdad de oportunidades", aseveran los expertos.

Jordi Sánchez, director dela Fundació, y los profesores de la Universitat Autònoma de Barcelona, Xavier Bonal, Miquel Ángel Essomba y Ferran Ferrer, coordinadores de los grupos de tabajo, presentaron las conclusiones del libro que "aunque no pretende ser doctrina sí quiere enriquecer el debate que ahora se abre para avanzar y reorientar la política educativa".

SECTOR PÚBLICO-PRIVADO.La distancia entre el sector público y el concertado en lugar de reducirse se amplia, lo que en la práctica significa que "el sistema educativo no está contribuyendo a hacer posible la igualdad de oportunidades", de ahí que se proponga el acercamiento de las dos redes. Por ello se aboga por "una gran alianza" entre el sector público y el concertado. En este sentido, se insiste en que los "centros que reciben dinero público deben tener una vocación de servicio público", lo que implicaría una revisión de la política de conciertos.

Al respecto, los expertos abogan por establecer criterios objetivos y transparentes para definir qué centros pueden ser "concertados y formar parte de una red de utilidad pública". Para ello se definen siete criterios: el ideario del centro; la exclusión del ánimo de lucro; no discriminación en la admisión de alumnos ni por razones de aptitudes, origen cultural o nivel socioeconómico; coeducación; mecanismos de participación de la comunidad educativa; igualdad de horario escolar con el sector público, así como otros criterios relacionados con la igualdad de oportunidades.

Otras medidas que se prevén para promover esa "gran alianza" entre las redes pública y concertada, son la igualdad de horarios; la movilidad temporal entre el profesorado de centros públicos y concertados de un mismo territorio; la igualdad de oportunidades para matricularse en ambas redes, equiparación en las condiciones laborales y salariales de los profesores de los centros sostenidos con fondos públicos o la creación de sistemas de evaluación externa para todos.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.La proximidad de la administración educativa a los ciudadanos es sinónimo, según los expertos, de mayor eficacia y transparencia. De este principio parten una serie de sugerencias como el impulso de la autonomía organizativa de los centros; comprometer al profesorado para que permanezca durante cierto tiempo en el centro, lo que implica la promoción de contratos más estables; abrir el centro más horas y más días e impulso de la autonomía curricular de los centros. El documento plantea también la necesidad de buscar fórmulas que permitan replantear el actual sistema de funcionamiento de las direcciones de los centros escolares, dándoles un carácter profesional y mejores condiciones para desarrollar su labor.

TERRITORIO.Consensuar las bases para la elaboración de un nuevo mapa escolar que tenga en cuenta las diferentes necesidades educativas del territorio es una de las prioridades en este ámbito, así como la identificación de las zonas de actuación educativa preferente. Ambas cuestiones permitirían definir de forma más ajustada a la realidad la política presupuestaria, la de recursos humanos y los planes de intervención.

DESCENTRALIZACIÓN.Otro de los elementos que implicaría un cambio importante en la actual política sería el acercar a los ciudadanos, al máximo posible, la estructura administrativa. Por ello, el documento de la Fundació Jaume Bofill, habla de la creación de Instituciones Educativas Territoriales, adaptables en función de las característias sociodemográficas de la población, que serían los principales agentes responsables de las decisiones en materia de educación en el territorio, asumiendo las funciones que hoy tienen asignadas las delegaciones territoriales de Educació que, según los expertos, desparecerían. También se propone la creación de los Forum Educativos Locales, órganos con una amplia representación de la sociedad civil.

PROFESORADO.El documento destaca que los profesionales de la educación tienen un papel primordial en la mejora de la situación, de ahí que se propongan una bateria de acciones encaminadas a que éstos se conviertan en el motor del cambio. El objetivo es otro que lograr que todos estén comprometidos con la función social de la educación.

FINANCIACIÓN.El principio de gratuidad de la enseñanza obligatoria y la necesidad de la transparencia en la distribución del dinero en el ámbito educativo, son dos premisas ineludibles. Sentadas estas bases, se apuesta por una ley de financiación de la educación en Catalunya y se incluyen una serie de medidas innovadoras en este ámbito, como los contratos-programa con los centros.