prostitución

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La consellera Montserrat Tura, al frente del Departament d´Interior, ha vuelto a dar muestras de iniciativa y coraje políticos al indicar que su conselleria está estudiando una normativa que regule la práctica de la prostitución y, sobre todo, su ejercicio en plena calle. Éste no es un asunto fácil para las administraciones. En un extremo de los modelos que seguir, está el descontrol de Sao Paulo, donde el comercio del sexo puede aparecer por doquier. En otro extremo, está la prohibición estricta de Suecia, donde se persigue severamente al cliente. En medio, Holanda, país que regula oficialmente las condiciones de este peculiar sector económico. Dado que estamos lejos de parecernos a los suecos y tampoco, afortunadamente, hemos llegado todavía al nivel de caos de algunas metrópolis de Brasil, quizás el ejemplo holandés sea el que mejor case con nuestra realidad. Al fin y al cabo, no han faltado políticos que, hablando de otras cosas, han afirmado que Catalunya debería aspirar a ser una próspera y civilizada Holanda del Mediterráneo.

Con todo, a raíz de esta noticia, diversos grupos de ideología diversa (desde feministas hasta católicos militantes) han recordado que tal actividad debe ser prohibida, pues supone un sometimiento de las mujeres y una degradación de la persona. El debate ético sobre la prostitución es una interpelación pertinente sobre muchas de nuestras actitudes, pero las administraciones tienen el deber de intervenir en el plano práctico, más allá de estas consideraciones. Así, parece evidente que una regulación de la prostitución debería ser también una garantía clara para las mujeres que forman parte de este mercado, mucho más que la actual alegalidad y la ley de la calle. En un mundo ideal, donde nadie vendiera ni comprara sexo, la Administración podría olvidarse de todo esto. En la realidad, es obligado que el poder público intervenga en beneficio del más débil de la cadena, que, sin duda, son las prostitutas, y más si se trata de personas extranjeras.

Con todo, seríamos ingenuos si pensáramos que una regulación del negocio del sexo puede erradicar completamente la explotación. En el ramo de la construcción, por ejemplo, hay normativas detalladas y sanciones severas para los empresarios, y ello no evita que algunos desalmados sigan considerando que los operarios de una obra son carne de cañón. No obstante, y a pesar de graves excepciones, mentiría quien dijera que la protección laboral de un albañil es hoy tan precaria como hace treinta años. Si, además, la regulación sirve para que los empresarios del ramo dejen de vivir en un plácido limbo fiscal, la idea de la consellera Tura merece ser considerada seriamente.

lavanguardia, 5-X-05