La intención del fisco italiano de cobrar impuestos a una prostituta uruguaya, que en los últimos tres años ganó 357 mil euros (más de 500 mil dólares), generó un debate entre quienes apoyan a la mujer y los que piden su expulsión del país.
Identificada como Z.C. la "prostituta más famosa de Italia" cayó en las redes del fisco cuando un control en su cuenta bancaria determinó que entre 2005 y 2008 había depositado 357 mil euros.
Interrogada, la mujer aceptó que ese dinero era fruto de su trabajo como prostituta, que ejercía en su departamento en la ciudad italiana de Parma.
Precisó que incluso algunos de sus clientes, entre los que hay empresarios y profesionistas, le dan una cantidad de dinero fija al mes.
La "luciérnaga", como se conoce a las trabajadores del sexo en Italia, se negó en un inicio a pagar 90 mil euros (135 mil dólares) solicitados por la Guardia de Finanzas, la policía fiscal, al argumentar que ese dinero es para mantener a su numerosa familia en Uruguay.
Pero, en una reciente entrevista televisiva (donde su rostro permaneció oculto), la mujer dijo que podría pagar, aunque su abogado, Luca Berni anunció que impugnará la decisión de la Guardia de Finanzas.
"Si quieren obligar a pagar impuestos a las prostitutas, es necesario antes garantizar aquellas formas de tutela, regularización y asistencia que en Italia no existen", declaró el abogado.
"La Guardia de Finanzas precisa que la prostitución no es un delito y que lo es en cambio la explotación. Mi cliente trabaja por su cuenta y no explota a nadie", añadió.
Para la senadora Donatella Poretti, del opositor Partido Radical, la Guardia de Finanzas tiene razón cuando habla de que se trata de una actividad ilícita.
Pero, dijo, también tiene razón el abogado de la mujer cuando solicita que ante el pago de impuestos debe haber derechos que en la actualidad no se reconocen.
Poretti recordó que su partido pide la legalización de la prostitución y la transformación de esa actividad en una profesión como cualquier otra, con derechos y deberes, incluidos los del acceso a la prevención social y el pago de impuestos.
Precisó que la idea es distinguir la prostitución voluntaria de la explotación y que esta última debe ser combatida.
La secretaria general del Comité para los Derechos Civiles de las Prostitutas, Pia Covre, opinó a su vez que la agencia de ingresos fiscales "está fuera de las reglas", pues la llamada ley Merlin "prohibe la explotación de la prostitución por parte del Estado o de otros".
Sin embargo, el asesor del gobierno regional de Emilia-Romagna (donde se ubica Parma), Roberto Corradi, de la ex separatista Liga del Norte, pidió la revocación inmediata del permiso de estancia de la prostituta y su expulsión del país.
"Si se confirma que la ‘bella de noche’ reside en nuestro país desde 2004 con un permiso de estancia normal, pero que desde entonces no ha desarrollado ninguna actividad laboral que no sea el llamado oficio más antiguo del mundo, creo que se de debe revocar tal permiso y expulsarla de inmediato de nuestro país", demandó.
"Independientemente de la posibilidad de fiscalizar los ingresos derivados de la prostitución, considero que nuestro país puede tranquilamente estar sin inmigrantes que se dedican a la prostitución", opinó.
El caso sirvió para que el Partido Radical presentará ante el Parlamento una iniciativa de ley de legalización de la prostitución, a incluir en el llamado "paquete de seguridad" del gobierno de Silvio Berlusconi.
27-VI-08, bajoelsol