orgullo radical en el 10º aniversario del Tribunal Penal Internacional

La idea de un Tribunal Penal Internacional para juzgar crímenes particularmente graves que permanecen impunes tiene ya casi un siglo.

Los más despiadados crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, los genocidios, no han hallado hasta hoy - con las excepciones parciales de los tribunales de Nüremberg y Tokio - los instrumentos jurídicos y la instancia jurisdiccional que aseguren su punibilidad.

1994, Emma Bonino and the UN Secretary-General Bhoutros Bhoutros Ghalli

La afirmación del derecho a la ingerencia

Desde 1989, con el vuelco de la situación política a nivel internacional y el surgimiento de voces en favor del 'derecho de ingerencia' -inventado por los radicales durante la batalla contra el "exterminio por el hambre" en el mundo a principios de los años 80- el proceso para llegar a la creación de un Tribunal Penal Internacional es reemprendido por el gobierno francés y activado gracias a una iniciativa del gobierno de Trinidad y Tobago.

Bajo la impresión de los crímenes en masa ocurridos en el curso de la guerra de agresión a Croacia y a Bosnia-Herzegovina, y como consecuencia de las controversias sobre extradiciones en el Líbano, en 1992, gran número de países toman postura en favor de la creación de un Tribunal Penal Internacional.

En consecuencia, las Naciones Unidas dieron a la "International Law Commission" encargo de elaborar un proyecto de estatuto del Tribunal Permanente.

Un primer éxito: La creación del tribunal para crímenes cometidos en la ex-Yugoslavia

En 1993, gracias a una movilización internacional de pocas organizaciones -entre ellas el Partido Radical, que recogió y presentó al Secretario de las Naciones Unidas decenas de miles de firmas de parlamentarios, intelectuales y ciudadanos de todo el mundo- se crea el Tribunal para crímenes cometidos en la ex-Yugoslavia, cerrándose así una primera etapa fundamental en la aparición de una jurisdicción internacional.

1996, Muhamed Kresevljakovic, mayor of Sarajevo, during the Press Conference hold on the TRP Headquarters

Se inicia la campaña por el Tribunal Permanente

Ate estos nuevos y significativos acontecimientos, el Partido Radical da comienzo, en el mismo año 93, a una campaña por la convocatoria de una Conferencia Constitutiva del Tribunal internacional permanente. En 1994 tienen lugar diversas iniciativas en varios parlamentos nacionales y en el europeo, así como ante diferentes gobiernos; varias solicitudes resultan firmadas por centenares de alcaldes europeos, parlamentarios y personalidades. Junto con el alcalde de Sarajevo y miembro del partido, Muhames Kresevljacovic, el Partido Radical convoca, con el slogan "No Hay Paz sin Justicia" una marcha en Roma en la que toman parte decenas de miles de personas y numerosos representantes de ciudades europeas.

Emma Bonino, secretaria entonces del Partido Radical Transnacional, encargada por el gobierno italiano de representarlo ante las Naciones Unidas para la cuestión del Tribunal, plantea la candidatura de Italia como sede de la Conferencia e insiste sobre su urgencia reclamando plazos precisos. Se publica un llamamiento en las páginas del New York Times. Atendiendo a estas solicitudes, en Noviembre del mismo año, la 49ª Sesión de las Naciones Unidas encarga a un "Comité Preparatorio" la elaboración de un borrador del Estatuto del Tribunal.

Convocatoria de la Conferencia Diplomática constitutiva del Tribunal Permanente

Ese Comité concluye las reuniones de su última sesión el 30 de Agosto de 1996 con una recomendación a la Asamblea General de señalar para 1998 la fecha de convocatoria de la Conferencia Diplomática de Plenipoteciarios para la creación del Tribunal Penal Internacional.

En Octubre de 1996, a iniciativa de los eurodiputados inscritos en el Partido Radical, el Parlamento Europeo aprueba significativas aportaciones crediticias a favor de los tribunales 'ad hoc' para la ex-Yugoslavia y Ruanda así como del aún nonato Tribunal Internacional Permanente.

El Partido Radical y el Comité "No hay Paz sin Justicia" -ONG creada en 1994 con el fin de prommover campañas internacionales para la rápida creación del Tribunal Penal Internacional, en apoyo de las conclusiones del "Comité Preparatorio"- se embarcan en una serie de iniciativas de presión y en una recogida de firmas de parlamentarios de todo el mundo. En un llamamiento publicado en el International Herald Tribune y en Le Monde, docenas de personalidades políticas de primera línea y más de 700 parlamentarios piden que la Asamblea General de las Naciones Unidas renueve en el curso de la sesión del 96, el mandato al Comité Preparatorio y confirme el compromiso de convocar la conferencia constitutiva del Tribunal Internacional en 1998.

1998, Emma Bonino, European Commissioner, meet Kofi Anan UN Secretary-General

Hacia la cita de Roma

Todo el año 1997 contempla una auténtica explosión de iniciativas, con la aprobación de nuevas resoluciones parlamentarias, con la organización de conferencias de alto nivel en Paris, Malta, Nueva York, Atlanta, Montevideo, Roma y Bruselas, con el reclutamiento para la causa de muchas personalidades internacionales, con la publicación en diversos periódicos de un nuevo llamamiento al Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en favor de la creación en 1998, del Tribunal Permanente. Un conjunto de iniciativas que conduce, en Diciembre del 97, a la confirmación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la convocatoria de Conferencia Diplomática en Roma en Junio de 1998.

La campaña no ha acabado. No son pocos los obstáculos que restan, el primero el papel del Consejo de Seguridad, la independencia del Tribunal y de la Fiscalía y la cuestión de los medios financieros. Se hace preciso ampliar el frente de los países favorables a un verdadero Tribunal. En este sentido adquiere gran relevancia la Conferencia de Dakar de febrero, donde se reunirán la mayor parte de los estados africanos con el objetivo alcanzar una postura común ante la creación del Tribunal Penal Internacional y su opertividad y eficacia.

When peace talks undermine justice

Published in International Herald Tribune

Friday, July 4, 2008, hrw  
 
By Richard Dicker  

 
Diplomats, judges, lawyers, human rights activists and members of nongovernmental organizations are currently marking the 10th anniversary of the completion of the treaty that established the International Criminal Court. The court's creation was an extraordinary step in extending the reach of law to those responsible for the mass slaughter of civilians and the use of rape as a weapon of war.  
 
But what may not get much mention during the celebrations are the difficulties the court has encountered in making arrests. The ICC has no police unit to execute its warrants. It is totally dependent on the assistance of governments - sometimes the very governments that are linked to the crimes charged. And unlike other tribunals, the ICC is mandated to investigate crimes that are committed during ongoing conflicts.  
 
This is a distinction with consequences that may have undercut the ICC's effectiveness. The court's "real time" mandate means that it investigates crimes even as other important diplomatic objectives like peace negotiations or the deployment of peacekeeping forces are underway.  
 
The result: Some in the diplomatic community are suggesting that the quest for justice can prove to be an obstacle to peace. Already, this has diminished the robust diplomatic and political support the ICC needs to succeed. Both the United Nations itself and individual governments have dragged their feet when asked to act forcefully in pressing for arrests.  
 
For example, when members of the UN Security Council traveled to Khartoum in June 2007 for meetings with the Sudanese leadership, the Council failed to include Khartoum's blatant obstruction of the ICC's arrest warrants in its talking points - even though the Council itself had requested that the International Criminal Court investigate the situation in Darfur.  
 
UN officials apparently feared that mentioning the ICC's arrest warrants would deepen the Sudanese leadership's opposition to the much-needed deployment of UN peacekeeping forces in Darfur. Sudanese officials took note of the silence and responded with emboldened resistance not just to the ICC warrants but also to the prompt deployment of peacekeeping forces and the unfettered delivery of humanitarian assistance. (Indeed, Khartoum gave one of the two ICC suspects, the minister for humanitarian affairs, more human rights responsibilities and released the other from custody.)  
 
To its credit, on its mission to Sudan last month, the Council did raise Khartoum's repeated obstruction of justice as one of several pressing items. And on June 9, the Security Council adopted a statement calling on Sudan to cooperate with the international court.  
 
But the tendency to jettison justice has not been limited to interactions between governments. There has been a similar impulse in UN dealings with the Lord's Resistance Army, an insurgent group that has ravaged northern Uganda for 20 years.  
 
Led by Joseph Kony, the rebel group's trademark practice has been kidnapping thousands of children and turning the boys into child soldiers and the girls into sex slaves. Prodded in part by arrest warrants issued by the ICC for him and his senior commanders, Kony agreed to take part in peace talks. But he insisted that lifting the ICC arrest warrants was a condition for obtaining his signature on an accord.  
 
The UN Security Council was reportedly ready to succumb to the Lord's Resistance Army's demands by suspending the ICC warrants if Kony had signed an agreement, but he failed to appear. It turns out that the rebel group used the talks as a screen to beef up its depleted ranks, spreading havoc across three African countries as it abducted more children.  
 
Other courts have faced similar difficulties. For example, a warrant issued by a joint UN-Sierra Leone court for the arrest of Charles Taylor when he was president of Liberia got nowhere because he was involved in peace talks to end the country's civil war.  
 
Incidents like these should bring home an important lesson: Downgrading justice to achieve other objectives does not work well. It undermines the rule of law and slights the victims of injustice. Moreover, a peace based on impunity is unlikely to be durable. The peace-justice nexus must be examined carefully and objectively because the issue will surface again and again.  
 
At events marking the ICC treaty's 10th anniversary, diplomats need to do more than congratulate themselves for having done the right thing 10 years ago. They must align peace negotiations with the commitment to justice articulated when the treaty was first codified in Rome. They must work to manage the short-term tensions that can occur while pursuing peace negotiations without denigrating justice.  
 
Richard Dicker is director of Human Rights Watch's international justice program.