El ministro de Sanidad italiano, Maurizio Sacconi, es investigado por la fiscalía de Roma después de que el partido Radical le denunciase por amenazas contra los responsables de la clínica "Ciudad de Udine", la única que se mostró disponible a desconectar a Eluana Englaro, según medios de comunicación italianos.
Para la fiscalía de Roma, la investigación al ministro es "un acto obligado" ante la existencia de una denuncia.
El partido Radical italiano, que tiene entre sus líderes a la ex comisaria europea Emma Bonino, denunció a Sacconi, después de que éste asegurase que la clínica de Udine sufriría "consecuencias inimaginables" si se procedía a retirar la sonda que mantiene con vida a Eluana Englaro.
Sacconi & Berlusconi
La clínica "Ciudad de Udine", en el norte de Italia, había sido la única que se había ofrecido a cumplir una sentencia de Tribunal Supremo que autorizaba a la familia Englaro a retirar la sonda alimenticia que mantiene con vida a su hija, una mujer de 38 años en estado vegetativo desde 1992 debido a un accidente de tráfico.
Pero se tuvo que suspender el traslado, ya que justo algunas horas antes el Ministerio de Sanidad envió una circular en la que se prohibía a todos los centros médicos, tanto públicos o privados, que interrumpiesen la alimentación a pacientes en estado vegetativo.
Tras semanas de reuniones con abogados y técnicos, la clínica anunció ayer que se ha visto obligada a replantearse su decisión inicial por las posibles consecuencias que pueden derivar de desobedecer a Sanidad.
17-I-09, efe, publico
El ministro de Sanidad de Italia, Maurizio Sacconi, fue denunciado el pasado 24 de diciembre en Milán por supuesto abuso de actos de oficio en relación a la circular que prohibía a los centros sanitarios del país desconectar a Eluana Englaro, en estado de coma vegetativo desde 1992.
Esta denuncia, que no trascendió hasta hoy a los medios de comunicación italianos, se suma a la presentada por el Partido Radical de Italia por supuestas amenazas contra la clínica "Ciudad de Udine", que se echó atrás en su disposición a desconectar a la joven italiana de la sonda que la mantiene con vida.
La fiscalía de Roma investiga ya a Sacconi en virtud de la denuncia del Partido Radical y está en conocimiento de la existencia de la nueva presentada por el abogado Gian Antonio Conte en Milán en representación de la asociación Jura Hominis, que defiende la tutela de los derechos humanos y civiles.
Esta última denuncia hace referencia al envío por parte del Ministerio de Sanidad el pasado 16 de diciembre de una circular que prohibía a los centros públicos y privados del país ejecutar la autorización que el propio Tribunal Supremo dio el pasado mes de noviembre para que Eluana pudiera morir.
Según la asociación Jura Hominis, se ha producido un "gravísimo rechazo y un obstáculo por parte del ministro al cumplimiento de una sentencia definitiva e irrevocable".
A pesar de todas estas noticias, Sacconi se mostró hoy tranquilo ante el hecho de que se le investigue por supuestas amenazas a la "Ciudad de Udine", que en un principio iba a desconectar a Eluana, pero finalmente dio marcha atrás este viernes tras la circular enviada por la Sanidad italiana.
"Es absurdo que este acto haya alcanzado una dimensión penal. Esto no es más que una intimidación, pero yo no soy uno de esos tipos que se deja intimidar", dijo en tono desafiante Sacconi en Londres, donde se reunió hoy con su colega británico, James Purnell.
El partido Radical italiano, que tiene entre sus líderes a la ex comisaria europea Emma Bonino, denunció a Sacconi, después de que éste asegurase que la clínica Ciudad de Udine sufriría "consecuencias inimaginables" si se procedía a retirar la sonda que mantiene con vida a Eluana Englaro.
La clínica justificó su decisión al considerar que "el Ministerio de Sanidad podría adoptar medidas que podrían poner en peligro la actividad del centro, y, por tanto, hacer peligrar el puesto de trabajo de 300 personas".
Por el momento, Eluana Englaro, de 38 años y en coma vegetativo desde 1992 tras un accidente de tráfico, sigue a la espera de que algún centro del país se decida a aplicar la sentencia del Supremo que la autoriza a morir.
19-I-09, efe, elconfidencial