"Broma pesada" (¿Hasta cuándo?: una ley electoral para súbditos), Enric Sierra
Una investigadora argentina que realiza un trabajo sobre el desarrollo de las campañas electorales en Europa se sorprendió hace unos días cuando le expliqué cómo los medios de comunicación de España estamos sometidos a una extrema vigilancia judicial inducida por los partidos políticos durante los periodos preelectorales bajo amenaza de penas de prisión. Abrió ojos como platos cuando le dije que existe una ley electoral que limita la acción periodística y prohíbe, bajo penas de cárcel, la publicación de ciertas informaciones. Se trata de una ley de 1985, una época en la que ni se olía la influencia de la era digital y de las redes sociales en la sociedad y en el ámbito político. No obstante, esta legislación preinternet sigue incomprensiblemente vigente. Una de las absurdas disposiciones de esta ley es que, a partir de mañana, los medios españoles tienen prohibida la publicación de encuestas electorales. En este sentido, el artículo 145 de la norma dice: “Quienes infrinjan la normativa vigente en materia de encuestas electorales serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de uno a tres años”. Como no se pueden poner puertas a internet, hay medios que se apoyan en webs extranjeras para publicar los sondeos hasta el último día dejando todavía más en evidencia esta ley obsoleta.
La mencionada investigadora se interesó por la existencia de una junta electoral en España formada por jueces del Tribunal Supremo y catedráticos en Derecho, Ciencias Políticas o Sociología que toma el poder durante la campaña y decide cuestiones como quién debe acudir y quién no a los debates políticos, los minutos y segundos que deben durar las entrevistas a los candidatos en los medios de comunicación e incluso prohíbe a los periodistas el uso de determinadas palabras.
Para rematar este anacronismo legislativo, en nuestro país perdura el llamado día de reflexión que viviremos el sábado próximo, durante el cual también están vetados los mensajes políticos y la publicación en los medios de según qué informaciones, bajo apercibimiento de condenas de prisión. No en vano, las fiscalías de los juzgados se llenan de denuncias por presunto incumplimiento de la ley electoral después de cada proceso de elecciones.
Ni la víspera de las elecciones ni durante la jornada electoral se pueden emitir mensajes políticos y, por supuesto, hay que limpiar los alrededores de los colegios electorales de carteles de propaganda. Todo ello porque la legislación y los partidos que la amparan tratan a los ciudadanos como a unos borregos tan influenciables que pueden cambiar el voto en el último momento si ven la foto de un candidato colgada de una farola. El problema es que ese mismo elector a quien la ley considera cuando menos que uno de los epsilones de la famosa novela de Aldous Huxley, lleva en la mano un smartphone donde probablemente está leyendo todo tipo de mensajes políticos en las redes sociales, participando de debates abiertos, utilizando un vocabulario libre de censuras y consultando los últimos sondeos. Pero, a pesar de todo, esta broma de mal gusto en forma de ley medieval sigue vigente unas elecciones más. ¿Hasta cuándo?