"Sobre la gestación subrogada", Lorenzo Bernaldo de Quirós

La maternidad subrogada es un debate de plena actualidad en las Españas. En unos países, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Holanda o el Reino Unido..., está permitida siempre y cuando no conlleve una contra­prestación económica; en otros, ­Israel, India, Rusia, Ucrania o algunos estados norteamericanos, léase Washing­ton o California, esa fórmula es aceptada. En ambos casos, la ­legislación incluye reglas para proteger los derechos de todas las partes involucradas en ese arreglo contractual. Las críticas a este modo de reproducción son básicamente de carácter moral y tienen un marcado sesgo paternalista; suponen una evidente y poco justificada limitación de la libertad individual, de los acuerdos voluntarios realizados entre seres adultos y racionales.

Las sociedades modernas se definen o, mejor, se caracterizan por la existencia de un pluralismo de concepciones sobre la vida buena. Ello no implica asumir una posición relativista, sino reconocer la existencia objetiva de una multiplicidad de valores que constituyen una realidad consustancial a los hombres y no una creación artificial y subjetiva de la fantasía individual. La consecuencia lógica de este planteamiento es la tolerancia hacia los proyectos vitales ajenos y el derecho de cada persona a perseguir sus fines y objetivos mientras no impida a los demás hacer lo mismo y su conducta no cause daño a terceros.

A priori, la gestación subrogada ­altruista parecería plantear menos problemas que su alternativa remunerada. Se estaría en presencia de un acto de liberalidad cuya única recompensa es ayudar a los demás a tener hijos, asumiendo costes reales y potenciales elevados. Sin embargo, esa decisión tiende a calificarse de censurable si se convierte en una transacción monetaria. Ello supondría tratar a las mujeres como instrumentos susceptibles de ser explotados y a los niños como un objeto de compraventa. Esta tesis aúna en una singular coalición tanto a muchos defensores de la moral tradicional como a la mayoría de los grupos feministas.

Ahora bien, la mujer es propietaria de su cuerpo y ha de tener autonomía para disponer de él como estime oportuno. Por tanto, no existe ningún argumento sólido que justifique la ­introducción de impedimento legal alguno cuya finalidad sea conjurar la celebración de un pacto voluntario con un tercero/s, a cambio de un precio, por el cual se compromete: a quedarse embarazada, a llevar la gestación a término y a dar a luz un niño para que otra persona o personas se conviertan en sus padres. Dicho esto, una vez cerrado el contrato, las partes tienen un conjunto de derechos y obligaciones que no pueden ser modificadas salvo causas específicas de fuerza mayor o por mutuo, explícito e indudable consentimiento.

(Emilia Gutiérrez)

Cualquier regulación ha de garantizar los derechos de la madre subrogada. Cabe exigirle un comportamiento que no ponga en riesgo el éxito de la gestación, pero no conceder a los futuros padres la capacidad de decidir sobre aspectos que vulneran su autonomía personal y su integridad física; por ejemplo, el poder interrumpir el embarazo si lo consideran oportuno. Ello sí equivaldría a otorgar a aquellos la facultad de usar a una persona como un ente desprovisto de derechos básicos. En otras palabras, permitir a una mujer la realización de un contrato que le priva del control sobre su propia salud es una modalidad de esclavitud inaceptable en una sociedad civilizada.

A menudo se afirma que la ma­ternidad subrogada atribuye a los niños un valor similar al derivado de comprarse un coche u otro bien. ­Esto ­significa que el amor profesado por los padres estará condicionado por la satisfacción de las expec­tativas creadas por el producto ­adquirido, lo que es un sofisma. Por un lado, los potenciales padres no pagan por el derecho a convertirse en pro­genitores legales, sino por los ser­vicios de gestación prestados;
por otro, la satisfacción de una cuantía, a me­nudo muy alta por ese tra­bajo, im­plica la presencia de una ­poderosa motivación de índole no material ­para obtener la paternidad. De lo contrario, la relación contractual no tendría lugar.

Por otra parte, la afirmación de que las mujeres cuya única motivación es el deseo de ayudar a otros a formar una familia se preocuparán por el bienestar del feto más que las que lo hacen por dinero no es consistente. Incluso la aceptación de ese enfoque no permite deducir que las madres subrogadas no han de ser compensadas por su trabajo. La razón es elemental: el pago no excluye el altruismo. No cabe sostener que, por ejemplo, las enfermeras que cobran por cuidar a sus pacientes lo hacen peor o tienen menor dedicación a ellos que las que los atienden de manera gratuita. Un acto puede estar motivado por la generosidad aunque conlleve un retorno pecuniario.

La resistencia de buena parte del feminismo militante a esta forma de gestación carece de fundamento y entra en contradicción con los principios que en teoría inspiran su ideario: el ­control por parte de las mujeres de su cuerpo, su libertad para que elijan vivir como deseen de acuerdo con sus ideas y preferencias. En la prác­tica, su posición cuestiona la racionalidad de seres dotados de inteligencia y mayores de edad, capaces de saber cuáles son sus intereses, de velar por ellos y tomar decisiones responsables.

La actitud antimaternidad subrogada mantenida por los grupos denominados pro vida resulta sorprendente. Se traduce en negar el derecho a la existencia a seres humanos bajo el pretexto de que su llegada al mundo no se ajusta a los cánones que aquellos consideran correctos. Esta postura es legítima y casi siempre obedece a causas ligadas a concepciones religiosas o morales muy respetables, pero que no cabe imponerla de manera coercitiva a los demás. Si su conciencia veda a un individuo hacer algo, no debe hacerlo, pero esa decisión es estrictamente personal y no extensible a nadie sin su beneplácito.

08/06/2019 - lavanguardia