"El gran tabú de la Transición: comunistas en el Gobierno", Jordi Barbeta

Cuando la Transición, las cuestiones más difíciles fueron el restablecimiento de la Generalitat republicana y la legalización del Partido Comunista. El PCE fue legalizado gracias a la audacia de Adolfo Suárez y después de que Santiago Carrillo reuniera al comité central para decirles que la condición sine qua non era asumir la monarquía. El secretario general del PCE convocó entonces una conferencia de prensa presidida por la bandera monárquica. Aún así, cuando se supo que el PCE había sido legalizado, Fraga Iribarne dijo que aquello era "un golpe de estado". Parecía que esto era cosa del pasado, pero ahora hemos visto que no. Los que se consideran propietarios de España están dispuestos a permitir que los herederos del PCE participen del teatro político, pero, siguiendo las consignas de la Transición, en ningún caso pueden dirigir "asuntos de Estado", es decir, que Podemos no puede tener ningún "ministro de Estado".

Ha trascendido, como si fuera la cosa más lógica del mundo, que un partido con casi cuatro millones de votos tal vez podría tener algún ministro, pero en ningún caso puede acceder al Ministerio de Defensa, ni al Ministerio de Exteriores, ni al Ministerio de Economía, ni al Ministerio del Interior, ni al Ministerio de Justicia... ¿Dónde se ha escrito que Podemos no puede tener un ministerio de Estado? ¿Pero qué democracia es esta? ¿Es que no son tan ciudadanos españoles de pleno derecho los que han votado a Unidas Podemos como los que han votado a cualquier otra fuerza política? Las circunstancias han querido que por primera vez se plantee la posibilidad de un gobierno de coalición de izquierdas y el gran problema parece que es la incorporación de Podemos a los asuntos de Estado. Parece talmente que el régimen político del 78 no se puede permitir que un partido que no forma parte la asociación de propietarios del Estado acceda a la cocina donde se elaboran los platos, no sea que se entere de los secretos y las miserias del régimen.

¿Quién ha escrito que Podemos no puede tener un "ministerio de Estado"? ¿Pero qué democracia es esta? ¿Es que no son tan ciudadanos españoles de pleno derecho los que han votado Unidas Podemos como los que han votado a cualquier otra fuerza política?

Ha pasado el primer debate de investidura y Pedro Sánchez no ha sido elegido presidente porque no ha querido. Desde el 28 de abril hasta aquí ha pasado suficiente tiempo como para negociar una coalición de gobierno convencional como ocurre en tantos países europeos. Y tal como se desarrolló la campaña y teniendo en cuenta el resultado, sólo era necesario que PSOE y Podemos negociaran la coalición. Ahora ha quedado claro que no quería, y que prefería intentar primero otras alternativas. Que por decisión propia, o por decisión de alguien que manda más que él, prefería el acuerdo con PP y Ciudadanos que con Podemos. Y esto no es, como se ha dicho, un imperativo europeo. Los socialdemócratas alemanes no tuvieron tantas manías cuando tuvieron que incorporar a los Verdes en el gobierno federal y el líder del partido, Joschka Fischer, incluso llegó a ocupar la vicecancillería y el Ministerio de Exteriores y, siendo como era dirigente de un partido pacifista y antimilitarista, defendió la primera intervención militar de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial cuando la guerra de Kosovo, para detener la guerra étnica desencadenada por Slobodan Milosevic.

Gabriel Rufián ha planteado la pregunta que corresponde. "¿Por qué Sánchez prefiere la abstención de PP y Ciudadanos que la incorporación de Pablo Iglesias en el ejecutivo? Tal como ha ido el debate parece muy difícil un acuerdo de investidura para el jueves. Pero después de que Pablo Iglesias ha aceptado dar el paso al lado, a Pedro Sánchez su órdago le puede costar muy caro. La repetición de elecciones es un riesgo mayor para quien tiene más que perder y Sánchez tiene a perder la presidencia del Gobierno. Y Pablo Iglesias tiene ahora la obligación de demostrar que el nuevo Gobierno no supondrá un cambio estético y, por tanto, no se puede conformar con el papel de florero y debe exigir al menos un ministerio de Estado. Si no, quedará evidente que no el Gobierno sino el Estado español es un club privado que reserva el derecho de admisión al que no pertenece al negocio.

23-VII-19, Jordi Barbeta, elnacional.cat