farmacéuticas negocian compensación de 48.000 millones por crisis de opioides en EE.UU. tras evitar macrojuicio
Conocido por sus originales –además de exitosas– presentaciones, el abogado y predicador texano Mark Lanier lo tenía todo preparado para el macrojuicio que este lunes debía comenzar en Cleveland (Ohio): la primera edición de El mago de Oz , para recordar al jurado la escena en que Dorothy se queda dormida en un campo de amapolas; una jarra de 3.000 años de antigüedad para demostrar que hace tiempo que la humanidad sabe de los efectos adictivos del opio (o la planta de la alegría, como la llamaban los sumerios) y, por supuesto, los informes, los expertos, las víctimas y los argumentos para reclamar una indemnización multimillonaria a las empresas fabricantes y distribuidoras de varios medicamentos a base de opiáceos por su responsabilidad en la crisis de salud pública que vive Estados Unidos. No le hizo falta sacarlos.
Minutos antes de la hora a la que debía comenzar el macroproceso en el que han agrupado más de 2.700 denuncias presentadas por municipios, condados, tribus y estados, el juez federal Dan Polster, anunció que las compañías denunciadas habían llegado a un acuerdo económico con los dos demandantes seleccionados como punta de lanza del caso. No habrá juicio. Las supuestas pruebas de su conducta delictiva (cómo los fabricantes minimizaron el riesgo de adicción o cómo distribuidoras y farmacias cerraron los ojos ante pedidos sospechosos en lugar de dar la alerta sobre posibles abusos en las prescripciones, las discusiones internas cuando surgieron las primeras acusaciones...) no saldrán a la luz. Al menos, de momento.
Las discrepancias sobre cuánto, cómo y cuándo pagarán las compañías dividen a los denunciantes
In extremis, Teva, el fabricante israelí de medicamentos, y las distribuidoras AmerisourceBergen Corp , Cardinal Health Inc y McKesson Corp (las tres, entre las 16 compañías con mayores ingresos de EE.UU., según Fortune ), aceptaron pagar en total 260 millones a los condados de Cuyahoga y Summit (1,7 millones de habitantes en total), situados en Ohio, el segundo estado más afectado por la crisis en EE.UU. Es más dinero de lo que les correspondía dentro del acuerdo global que se negociaba en paralelo. “El rastro de documentos y testimonios que habíamos reunido demostraba claramente una conducta corporativa conspirativa que incentivó el abuso y la adicción a estas peligrosas drogas”, subrayó Lanier en Cleveland.
La clave para aceptar la propuesta, explicó el abogado, fue que el dinero se pagará “lo más rápidamente posible a los gobiernos locales, que son los que han asumido el coste de esta epidemia durante muchos años”. El pacto con los dos condados allana el camino para que las empresas responsables de las medicinas, mucho más adictivas de lo que admitían, y los organismos públicos que deben afrontar sus consecuencias sociales y económicas lleguen a un acuerdo global.
Las discrepancias sobre cuánto, cómo y cuándo deben pagar las farmacéuticas han enfrentado a los demandantes desde que comenzaron las negociaciones. Las ciudades recuerdan bien cómo fueron los estados quienes se quedaron con la mayor parte de los 200.000 millones de dólares que pagaron las grandes tabaqueras en 1998 para zanjar otro macrojuicio y lo usaron para sus propios fines. Esta vez quieren asegurarse de que tiene acceso directo al dinero. Pensilvania, Carolina del Norte, Tennessee y Texas se han declarado conformes con el reparto propuesto (15% para los estados, 15% para los municipios y el 70% a tratamientos médicos y servicios de apoyo), pero otros estados y entidades lo rechazan y siguen negociando.
Las cantidades que se manejan para la compensación rondan los 48.000 millones de dólares para este macroproceso, pero hay más casos. Un juez de Oklahoma ha condenado a Johnson&Johnson a pagar 572 millones, mientras que Purdue –fabricante del OxyContin, el opiáceo más popular– se ha declarado en quiebra y propone pagar entre 10.000 y 12.000 millones para resolver sus denuncias. Aunque abultadas, las cantidades palidecen al lado de la factura que los centros de prevención y control de enfermedades de EE.UU. calculan que tiene la crisis en términos de sanidad, productividad perdida y gastos para el sistema penal, 78.500 millones de dólares al año.