"Los acuerdos con el Vaticano, trampa democrática", Juan José Tamayo

Cuarenta y un años ha que se firmaron los llamados «Acuerdos entre la Santa Sede y el Gobierno Español». Digo ‘llamados’ porque en realidad eran un concordato encubierto como los propios Acuerdos reconocen al afirmar que constituían “la revisión de los textos concordatarios” de 1953. Aun cuando se firmaron el 3 de enero de 1979, una semana después de la aprobación de la Constitución, son preconstitucionales porque se cocinaron antes de dicha aprobación, e incluso anticonstitucionales porque transgreden principios constitucionales como la laicidad del Estado, la neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa y la igualdad de todas las religiones ante la ley.

Dicho llanamente, fueron una trampa democrática en toda regla y una de las primeras incoherencias de la tan elogiada Transición, que empezaba conduciendo en dirección contraria, porque seguía concediendo buena parte de los privilegios del franquismo a la Iglesia católica. Por eso, de todas las transiciones producidas en España después de la muerte del dictador, la más retrasada es la transición religiosa del Estado nacionalcatólico al Estado laico. Todavía quedan importantes restos de nacional-catolicismo en la esfera pública y no pocas muestras de injerencia de la Iglesia en el Estado.

Me sorprendió la escasa importancia que se dio a dichos Acuerdos en los programas electorales de algunos partidos de izquierda en la última campaña electoral, como me sorprende más todavía la nula referencia a ellos y menos aún a su derogación en el acuerdo del PSOE y Unidas Podemos para un Gobierno de coalición progresista firmado el 30 de diciembre pasado, que sigue manteniendo los privilegios educativos, económicos, sociales, jurídicos y militares a la Iglesia católica.

La importancia de los Acuerdos no puede minusvalorarse porque que influyen en la vida política y religiosa española más de lo que a primera vista puede parecer. Por mor de los Acuerdos, la Iglesia católica española sigue viviendo en un doble régimen de dependencia: por una parte, del Vaticano, que es quien nombra a los obispos y ejerce el control sobre el catolicismo patrio; por otra, del Estado español, que la financia con fondos públicos a través de la asignación tributaria, el mantenimiento de los conciertos con los colegios religiosos, las exenciones fiscales, las decenas de miles de bienes inmatriculados por la institución eclesiástica, etcétera. Con dicho apoyo económico, el Estado está salvando a la Iglesia católica de la crisis profunda en la que está inmersa. A su vez, el Estado se siente hipotecado por la Iglesia católica en materias tan esenciales como la educación, el sistema económico, el régimen jurídico del matrimonio, el patrimonio cultural y las fuerzas armadas.

Ya conocemos por la experiencia acumulada durante décadas el proceder del PSOE: en sus programas y cuando está en la oposición ofrece una imagen laica y anuncia la derogación de los Acuerdos, y cuando gobierna mantiene los privilegios a la Iglesia católica e incluso los incrementa, como sucedió con el incremento del 0,52% al 0,7% en la casilla destinada a la Iglesia católica en la declaración de la renta durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Ahora que Unidas Podemos va a entrar en un Gobierno de colación con el PSOE, ¿se dejará arrastrar por esa incoherencia o pondrá sobre la mesa su programa a favor de la laicidad del Estado, lo que implica la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede? A la vista del pacto PSOE-Unidas Podemos, podemos decir: adiós a la derogación de dichos Acuerdos.

Juan José Tamayo