la Alta Judicatura, inamovida continuidad sucesoria de la Transacción

Este es un dilema al que nadie encuentra solución. Es como esos problemas matemáticos a los que muchos se aplican, pero a los que no se acierta a hallar respuesta. ¿Cómo es posible evitar la sombra de la política en la justicia?

De entrada, la pregunta contiene un maximalismo que no es cierto. Si hay politización, esta alcanza a unos pocos niveles, si bien trascendentes, porque, para los otros, es inalcanzable. Por ejemplo, hay tres órganos en que sus integrantes son escogidos a propuesta de los partidos: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal de Cuentas. Pero no es así para el resto de los estamentos: los partidos no intervienen para designar magistrados del Tribunal Supremo, o de las audiencias provinciales, o de los juzgados de instrucción. Es más, no hay vías directas para influir en sus decisiones: en las sentencias que dictan o en la forma de dirigir las investigaciones. Dicho de otra forma: si hay presiones es porque se pliegan a ellas.

Pero es cierto que existe un problema que arroja recurrentemente dudas sobre la imparcialidad de estos tres órganos citados, y es la forma de elección de sus integrantes, en las que interviene la política.

El CGPJ es el máximo órgano de gobierno de la judicatura. No juzga, pero tiene competencias muy importantes, como designar determinados cargos (como magistrados del Tribunal Supremo ) y la inspección y la función sancionadora de los jueces.

Desde que la Constitución estableció su existencia se abrió el debate, que se puede resumir con esta pregunta: ¿quién vigila al vigilante? Si lo hacía un órgano escogido únicamente por los jueces, se asomaba el posible inconveniente del corporativismo, de manera que se optó porque este trámite recayera en la soberanía popular, y esta descansa en las Cortes Generales.

COMPOSICIÓN

El Consejo ya ha cumplido su mandato, lo mismo que cuatro magistrados del TC

La filosofía no estaba mal, pero la práctica la ha pervertido. Las Cortes están formadas por los partidos políticos, y estos no siempre han sido institucionales, sino parciales, en sus elecciones, de manera que el CGPJ se acaba convirtiendo en un Parlamento reducido, en el que sus integrantes se reparten dependiendo de las mayorías políticas que existen en cada momento y no siempre según capacidades.

El CGPJ está formado por veinte vocales. Diez los escoge el Congreso y diez el Senado, y tienen un mandato de cinco años. No pueden repetir, salvo el presidente, que es nombrado a su vez en votación de los vocales. Doce corresponden a magistrados y ocho a juristas de reconocido prestigio (abogados, catedráticos...). Los jueces pueden presentar una lista de candidatos.

Lo que ocurre finalmente es que, aunque sean propuestos por sus compañeros o directamente por los partidos, son finalmente las cámaras quienes los escogen, mediante una votación que necesita las tres quintas partes. O sea, que al final, las votaciones se deciden por acuerdos políticos.

Sin embargo, es importante un matiz: los vocales son escogidos “a propuesta de” un partido. O sea, al final los grupos deciden. Lo que ocurre es que los escogidos no siempre obedecen y no es un acatamiento ciego. Por ejemplo, Fernando Grande-Marlaska fue designado vocal a propuesta del PP, pero luego es ministro con el PSOE.

En el caso del Tribunal Constitucional pasa algo similar. Los miembros son votados en las Cortes “a propuesta de”, pero luego no se puede garantizar que redacten sentencias al dictado, y hay precedentes al respecto. La verdad es que ahora no es tan sencillo discernir entre jueces conservadores o progresistas, y el 45,8% de los jueces de España no están afiliados a ninguna asociación profesional. Y el Tribunal de Cuentas es un organismo de fiscalización de los presupuestos públicos, pero que era un desconocido para gran parte de la población hasta que se ha ocupado de asuntos relacionados con el procés .

ACUERDOS DE PARTIDOS

Al igual que en anteriores ocasiones, se nombrarán por consensos políticos

Sin embargo, el mecanismo de elección de estos tres estamentos suscita dudas, incluso en el Consejo de Europa, que ha llamado la atención a España en varias ocasiones por el decisivo papel de los partidos políticos en estas designaciones, sin que se haya puesto remedio. Ahora volverá a repetirse la polémica, porque el CGPJ ha terminado su mandato y debe renovarse, lo mismo que ocurre con cuatro jueces del Tribunal Constitucional. La fórmula no se ha cambiado, pero se complica por la atomización de las Cortes, de manera que la duda es si en el reparto tendrán voz UP, Vox o incluso ERC. Es el dilema que nadie parece decidido a resolver.

, Barcelona, 03/02/2020 - lavanguardia