"Querulancia", Ignacio Sánchez-Cuenca

En la reciente sesión de investidura, Pablo Casado amenazó a Pedro Sánchez con denunciarle por prevaricación si este no cesaba de inmediato al todavía presidente de la Generalitat. El PP, además, ha presentado una denuncia contra Torra, por usurpación del cargo. Con la llegada de Vox, la querulancia política se ha intensificado aún más: sólo este partido ha interpuesto catorce denuncias contra rivales políticos, todas las cuales, por cierto, han sido desestimadas. La última, contra el ministro Ábalos por su encuentro aeronáutico con la vicepresidenta venezolana. Y todo esto sin mencionar el elefante en la habitación: las decenas de causas pendientes del ­procés.

España es uno de los países con mayor tasa de litigación per cápita (“nos veremos en los tribunales”). La sociedad española recurre con facilidad a la denuncia. Según una base de datos de la OCDE, en una muestra de 23 países, España aparece en posiciones de cabeza, sólo superada por Rusia y la República Checa. Detrás de nosotros vienen, sorpresa, Grecia e Italia. Este dato es un síntoma de que no somos capaces de resolver las diferencias sin la mediación del sistema judicial. Carecemos de unas normas sociales comunes y consensuadas de convivencia a las que podamos apelar para resolver nuestros conflictos: de ahí que no se vea otra salida que la intervención de una tercera parte. La causa última de esta patología radica, a mi juicio, en la falta de confianza interpersonal. En sociedades atravesadas por la desconfianza, tan sólo la autoridad de los jueces consigue zanjar las disputas.

No somos capaces de resolver las diferencias sin la mediación del sistema judicial

Aunque se trata de un análisis muy preliminar, he cruzado los datos judiciales reunidos por la OCDE con los datos sobre confianza interpersonal de la Encuesta Social Europea (European Social Survey) en veinte países: hay una correlación negativa muy fuerte entre ambas variables (-0,62): cuanta menor confianza interpersonal, mayor es la frecuencia de los litigios. En sociedades en las que reina la confianza, se acude a los tribunales fundamentalmente para la reparación de un daño, no para resolver diferencias. Precisamente porque carecemos de unas normas comunes de convivencia, las fuerzas de la oposición no se pusieron de acuerdo en echar a Rajoy hasta que hubo una primera sentencia judicial sobre la Gürtel. Habló un tribunal y se hizo la unión entre PSOE, Podemos y los partidos naciona­listas.

Por otro lado, los políticos, para zafarse de sus responsabilidades, consideran que la única verdad que cuenta es la judicial. Da igual que los hayan pillado con las manos en la masa: mientras no haya una sentencia que constate lo que todo el mundo vio, el político no se da por enterado.

Los partidos, como no se fían los unos de los otros, no son capaces de consensuar unos criterios para la selección de los miembros del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial. Aunque nuestras reglas de selección son muy parecidas a las de otros países europeos, funcionan en la práctica de manera distinta. Ante la imposibilidad de acordar nombres, se recurre al llamado intercambio de cromos para sortear las mayorías reforzadas que requiere la ley: yo apoyo a tu candidato, aunque sea un incapaz, a cambio de que tú apoyes al mío sin rechistar. De esta manera, se suprime toda discusión sobre qué cuenta como un candidato aceptable.

Para desjudicializar la querulante política hay que avanzar en la consolidación de unos valores comunes

Asimismo, el desarrollo hipertrófico del derecho administrativo trata de solventar el déficit de confianza estableciendo procedimientos minuciosamente reglados y baremos aparentemente objetivos para que cualquier decisión del Estado parezca una consecuencia mecánica de unos criterios preestablecidos. Más allá de lo arbitrarios que resulten los baremos, y de las consecuencias absurdas que a menudo producen, lo que me interesa destacar es que las dichosas puntuaciones numéricas son el recurso imprescindible cuando los órganos decisores no son capaces de consensuar unos principios sobre qué cuenta como una buena decisión, ya sea para contratar a una empresa o para seleccionar a un profesor de universidad. Este sistema, basado en los procedimientos y en la renuncia a entrar en la sustancia, produce, como no podía ser de otro modo, una litigiosidad insoportable.

El propósito dedesjudicializarla querulante política española es, sin duda, ­loable. Pero para que resulte efectivo, ­sería preciso avanzar en la consolidación de unos valores comunes. Mientras reine la desconfianza, la oposición no se re­sistirá a intentar bloquear cualquier avance mediante recursos judiciales. Nece­sitamos estándares sobre qué es admisible en el juego político y en un sistema demo­crático. Alcanzar la desjudicialización en el contexto actual de polarización, en­frentamiento e intransigencia se me an­toja una tarea titánica, por no decir ­qui­mérica.

, 08/02/2020 - lavanguardia