’desescalada’: una organización imposible para un modelo escolar obsoleto

La vuelta a clase en el mes de junio, cuando se entre en la fase 2 de la desescalada, está generando un gran malestar entre los docentes, que ven inasumible el conjunto de medidas preventivas sanitarias y de organización que hay que tomar para poder atender en condiciones a los alumnos que vayan a la escuela. Y especialmente están en contra de la atención a los menores de uno a seis años, como medida de conciliación para padres que no pueden teletrabajar, por la retahíla de medidas nuevas, la diseminación de grupos de pocos alumnos y por el riesgo que supone para la salud la proximidad.

Desde que el niño entra en el parvulario, sin zapatos, hasta que sale hay que cuidar su higiene y vigilar lo que toca, lo que come y a quién se acerca. Las recomendaciones del cambio de pañales, por ejemplo, son parecidas a las de un protocolo hospitalario. Pero, además, hay que evitar que compartan juguetes, que se muevan en la siesta o jueguen con niños que no son de su grupo. Todos los juguetes hay que limpiarlos tras cada uso y la ropa del educador hay que lavarla a 60ºC dos veces por semana. Para aumentar la dificultad, ayer se rebajaron los grupos de 13 niños por profesor a 8 en P-3 y 10 en P-4 y P-5, lo que supone aumentar el profesorado.

Después de recibir las Instrucciones para la reapertura de los centros escolares para junio, y que sirven también para el inicio de curso 2020-2021, los directores de algunas zonas acordaron ayer comunicar a los servicios territoriales de Educación la imposibilidad de atender a todos los requerimientos en la etapa infantil, y de asumir los riesgos derivados de un eventual brote. La apertura de las escuelas infantiles fue acordada por el Gobierno español como medida de conciliación pero ayer el ministro Salvador Illa descargó en las autonomías la decisión de abrir.

En todo caso, los directores son los responsables, según el ministerio y la conselleria, de evitar la propagación del virus en los centros, lo que implica asegurar la limpieza de los edificios, mobiliario y materiales, la higiene de docentes y alumnos, y la organización del centro para garantizar que se cumplen las normas de distanciamiento social.

Una de sus preocupaciones es que las instrucciones no especifican las consecuencias laborales o jurídicas que podría derivar un brote en su escuela. El Departament d’Educació contesta a este diario que “no se trata de buscar responsables”, sino de “actuar” a tiempo en caso de que se detecte. No obstante, no aclara en quién recae la responsabilidad jurídica si de la titularidad del centro (la Generalitat o el Ayuntamiento en caso de la pública, la entidad privada en caso de la concertada) y si el director queda a salvo.

Las escuelas infantiles, tanto las privadas como las municipales, están esperando ver qué sucede en las guarderías de Barcelona, que podrían elaborar un protocolo propio, basado en la orden de Educació.

Otra de las preocupaciones suscitadas al recibir el documento y que será analizada hoy por los directores de centro de la escuela pública en una reunión de urgencia es la derivada de la obligación de pedir a los trabajadores de su centro una declaración firmada sobre su vulnerabilidad ante la Covid-19. La necesidad de saber el personal disponible para abrir los centros podría conculcar con el derecho del trabajador a preservar sus datos sanitarios.

Según las instrucciones, los directores de centros públicos tendrán que exigir a los docentes una declaración de responsabilidad sobre su estado de salud y si han sido infectados por el virus, tienen síntomas o son contactos de otros enfermos. Estos datos se incluirán en una plataforma informática gestionada por la entidad responsable de la gestión sanitaria de la Covid-19.

En concreto, se indica que los directores “deberán informar” a los trabajadores de la “necesidad de declarar” las condiciones de “vulnerabilidad, casos, contactos estrechos y sintomatología de Covid-19”, para permitir identificar al personal que puede participar en las actividades presenciales. No explica, no obstante, qué ocurre si un trabajador se niega.

Tampoco se especifica cual es el procedimiento si una familia no firma la declaración de responsabilidad sobre el estado de salud de su hijo, conforme “cumple con los requisitos” para asistir al centro, y se compromete a avisar de la aparición de un caso de infección en el entorno y permanecer localizable mientras el niño está en el centro. Educació responde que en caso de no querer firmar, “se podría dar la circunstancia de que esos alumnos puede ser que no fueran a la escuela”.