residencias de ancianos, letal vertedero (infra)humano

La discriminación de los ancianos oscurece la gestión de la pandemia

• Familias de muertos en residencias piden investigar por qué no fueron hospitalizados

06/06/2020 - lavanguardia

La sospecha de que los ancianos que vivían en residencias fueron discriminados en las admisiones de los hospitales durante las semanas más críticas de la pandemia va tomando cuerpo a medida que pasan los días.

La dramática lucha por salvar vidas a toda costa tuvo sus víctimas entre los eslabones más débiles. No todos tuvieron las mismas oportunidades en la “sanidad de guerra” puesta en práctica en aquellos días. Lo ocurrido plantea un dilema ético sin precedentes.

Así lo acredita el testimonio de familiares, directores y trabajadores de residencias y de centros de dependientes y asistentes sociales consultados por este diario.

Estos testimonios constituyen la otra cara de la pugna política suscitada en diversas comunidades –Madrid, Catalunya, o Galicia entre otras– a raíz de la filtración de documentos internos del propio sistema sanitario en los que se daban instrucciones precisas para no trasladar a los sobrecargados centros hospitalarios a personas con determinada edad o determinadas características funcionales o vitales.

En realidad, la discriminación de enfermos no es reprochable desde un punto de vista médico. Hay personas cuyas circunstancias vitales podían desaconsejar el traslado a un hospital porque podría acabar provocando más sufrimiento en su situación terminal. El problema se produce cuando la discriminación adquiere un carácter general, cuando se aplica de modo indiscriminado.

“Todo, desde el principio, fue un auténtico desastre. No había manera de trasladar a un solo enfermo a los hospitales. En el 061 me lo dejaron claro desde el principio. No se podían hacer derivaciones”, explica Albert Valenzuela propietario de una residencia en el Eixample de Barcelona donde acabaron falleciendo ocho usuarios.

“El día 20 [de marzo] –explica la directora de una residencia de Mollet que prefiere mantener su identidad en el anonimato– tuvimos una reunión con el médico de asistencia primaria y allí fueron muy claros: no se podía hacer ninguna derivación hospitalaria”.

Misma palabras y mismos resultados. Esas eran las instrucciones y así se aplicaron. De hecho, en este centro, del 23 de marzo al 5 de abril, cuando se produjo el punto álgido de la epidemia, se intentaron 15 derivaciones a los hospitales, pero solo dos fueron admitidos 2. El resto se quedaron en la residencia, en muchos casos, con paliativos.

“Llegó un momento –explica Cinta Pascual, la presidenta de una de las principales patronales de residencias ACRA– en que todas las peticiones de derivación acababan en lo mismo: morfic, morfic, morfic…”.

Morfic es la palabra con la que se definen los enfermos terminales a los que se aplican paliativos. Todo ocurrió en pleno confinamiento, con las puertas de las residencias de ancianos cerradas a cal y canto, en medio del caos en los pasillos de los hospitales y los centros de asistencia primaria desbordados.

El estado de alerta y los sucesivos decretos que siguieron a éste atribuyeron a las comunidades autónomas plenos poderes para poder actuar en las residencias de ancianos tras identificarlas como el eslabón más débil del sistema de servicios a la dependencia. En el caso de Madrid y en el de Catalunya, la tutela de la administración pasó de las consejerías de Servicios Sociales a las de Sanidad o Salut.

Desde el 20 de marzo, las decisiones médicas sobre los residentes recayeron sobre los ya de por si desbordados profesionales de los centros de asistencia primaria de referencia de cada una de ellas. Las residencias, por ejemplo, perdieron la potestad de pedir una ambulancia para trasladar a enfermos por su propia cuenta.

Entre tanto, en las propias residencias el personal –en muchas ocasiones mal preparado y peor protegido– libró una batalla contra la pandemia tan o más titánica que la que tenía lugar en los hospitales y mientras el sistema sanitario les daba la espalda en muchas ocasiones. En Catalunya, tras filtrarse a la opinión pública un controvertido documento del SEM en el que se restringían las derivaciones, la consellera de Salut, Alba Vergés admitió que la gestión en las residencias había tenido momentos críticos pero defendía que el Govern ya había tomado las riendas de la crisis. Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, el departamento habitualmente responsable de los geriátricos, defendió un cambio de modelo de gestión.

Nada de ello convenció a las familias de las víctimas, que han empezado a presentar demandas en la fiscalía para que se aclare qué sucedió y si, como sospechan, “se limitó el esfuerzo terapéutico”.

La demanda presentada en Catalunya, promovida por la asociación Residencias 5+1, ha sido suscrita por más de doscientas personas y afecta ya a más de treinta residencias amén de la propia administración. Pedimos que se investigue caso por caso “por qué no se derivó a los enfermos a los hospitales”, explica Maria José Carcelén, portavoz de la asociación. En Madrid también se han cursado otras demandas similares. De hecho, la Fiscalía General del Estado cifró el pasado 25 de mayo en más de 180 las causas civiles y penas abiertas en España por la gestión de los geriátricos.

El pasado jueves el Síndic de Greuges de Catalunya hizo público este jueves un informe sobre los derechos y la salud durante la crisis de la Covid-19. En este documento resalta un párrafo que verifica una vez más la existencia de una discriminación genérica: “La saturación del sistema sanitario ocasionó que no se pudiesen hacer las derivaciones hospitalarias oportunas especialmente teniendo en cuenta que las personas ingresadas en las residencias de mayores son el colectivo más vulnerable”.

Fuentes del Síndic de Greuges precisaron posteriormente que esta afirmación incluida en su informe procede de las quejas que presentaron familiares y trabajadores de las residencias y que, por el momento, esos datos no se habían podido contrastar con los dos departamentos de Treball, Afers Socials i Famílies y de Salut.

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07/06/2020 - lavanguardia

“Nuestra madre estuvo agonizando [en la residencia] sin oxígeno toda la semana” explica Mari Carmen Porcel, cuya madre acabó falleciendo el día 24 de marzo. Pese a que empezó a presentar los primeros síntomas el día 14 no fue trasladada de la residencia donde vivía en Sant Joan Despí al hospital General hasta el día 22 cuando ya quedaba poco o nada que hacer por su vida. “La ambulancia tardó 6 horas en venir” explica su hija.

“Alguien se pensó que teníamos capacidad de respuesta. Y no, no la teníamos”. Andrés Rueda, preside una de las pocas asociaciones de directivos de centros asistenciales que hay en España (Ascad) y describe de este modo “la impotencia y la rabia” que embarga todavía a muchos trabajadores de residencias de ancianos tras el desastre de la Covid-19.

En su inmensa mayoría, no estaban preparadas para sortear esta “tormenta perfecta”: con una población extremadamente vulnerable; con unos recursos médicos que, con el visto bueno de las administraciones, eran escasos y poco sofisticados; sin medios sanitarios para protegerse y evitar contagios pese a lo cual una quinta parte del personal acabó enfermando.

Todo ello dentro de edificios cerrados a cal y canto porque las residencias de ancianos fueron confinadas incluso antes de que se confinara el resto del país. Las residencias fueron una gran trampa mortal.

El caso que explica Mari Carmen Porcel, y otros muchos similares a este, describe la situación en el interior de las residencias donde la capacidad para responder a la epidemia era escasa por no decir nula.

Las residencias no son hospitales. Nunca lo han sido a pesar de que, desde la aprobación de la ley de Dependencia en el 2006,
se han especializado en acoger a personas con cuadros clínicos complejos.

Esto es así porque el sistema de la ley propicia el perfil de un usuario enfermo. La Administración solo da ayudas a aquellas familias cuyos ancianos presentan grados de dependencia severos (grados II y III). De este modo, paulatinamente, han acabado acogiendo a personas físicamente vulnerables. Sin embargo, y esta es una de las claves del drama vivido en estos centros, nunca se les ha exigido que tengan un servicio médico ni un equipamiento sanitario homologable al de un hospital. Salvo excepciones, nadie lo tenía.

De hecho, al menos en el caso de Catalunya, los servicios médicos de las residencias no tienen ni tan siquiera acceso a los historiales clínicos de sus usuarios. Es más, en algunos territorios, el historial no estaba en manos del centro sanitario público más cercano, sino en manos de mutuas privadas que en su momento se adjudicaron un concurso de la Administración.

Ante estas circunstancias, lo más razonable y la única opción para las residencias era poder trasladar a sus enfermos a los hospitales. Pero como relatábamos en la edición de ayer en muchos casos fue imposible: “En varias ocasiones –explica Ana María Garrido que tenía ingresado a su tío en una residencia de Sant Adrià de Besòs– les comenté [por teléfono porque las visitas estaban prohibidas ] que se lo llevaran al hospital pero decían que no llevaban a nadie, que el protocolo era quedarse aislado como los demás. Hasta que un día me llamó la doctora y me dijo que estaba muy flojo que no comía que había pedido traslado a un centro sanitario pero nunca llegó. Al día siguiente me llamó la residencia y me dijeron que había fallecido”.

El 24 de abril , cuando la pandemia empezaba a remitir, y a preguntas del diputado del PSC en el Parlament de Catalunya, Raúl Moreno, la consellera de Salut, Alba Vergés –que en aquel momento ya había asumido la gestión de la crisis de las residencias– explicó que se había realizado 1.800 traslados de ancianos a hospitales. Una cifra importante, pero que palidece a la luz de las cifras de contagiados y sospechosos de contagios que registrados en las residencias: unos 40.000. El dato es todavía más sorprendente cuando, según los datos de la propia Generalitat, en el 2019 había 55.400 personas viviendo en residencias de ancianos en Catalunya.

Sobre la expansión de la enfermedad dentro de las residencias hay otro dato muy descriptivo del drama que se vivió puertas adentro de estos centros. Con unos 30.000 empleados que trabajan en estos centros en Catalunya, la quinta parte acabó contagiada. En otras comunidades el drama no debó de ser muy distinto. La directora de una residencia relata el caso de un centro en Teruel que de un día para otro se quedó solo con dos personas para cubrir las necesidades del centro. Eran el matrimonio propietario de la residencia. Todo el personal estaba de baja o había marchado.

Las residencias fueron uno de los últimos eslabones en la cadena de la emergencia también a la hora de recibir material para proteger a su personal, lo que también explicaría la extraordinaria velocidad a la que se propagó el virus. En Catalunya, las primeras mascarillas y EPI’s entregadas por la Administración llegaron en la segunda semana de abril. La generalización de las pruebas PCR vendría mucho más tarde.

La respuesta de la Administración ante la falta de personal –forzada o no, porque también hubo trabajadores que abandonaron sus puestos– fue abrir una convocatoria para suplirlos en la bolsa de trabajo.

Fue a finales de marzo y las residencias contrataron por esta vía a personal no especializado que recibía un cursillo online de apenas unas horas. Personal que, al día siguiente, estaba atendiendo a personas en grave riesgo de enfermar. Y todo por un salario muy bajo.

Andrés Rueda recuerda que en aquel momento todos los centros de día de toda España estaban cerrados y había “centenares o miles de personas en sus casas sin nada que hacer que conocen bien este campo de trabajo y que podrían haber sido movilizados”. No fue así, a diferencia de la estrategia que se desarrolló en el ámbito de los hospitales y los centros sanitarios donde la Administración movilizó a estudiantes de medicina y a médicos jubilados para poder cubrir las necesidades de personal. También ahí, en esa diferente estrategia de reclutamiento hubo quizás, otra flagrante muestra de discriminación.