Mitjançant aquest mapa interactiu, el Departament posa a disposició de la ciutadania la informació sobre els béns immatriculats de l'Església, concretament, de les inscripcions fetes entre 1946 i 2015. S'hi pot consultar el nombre de finques, el tipus, la ubicació, el registre corresponent i la titularitat dels immobles.
A més a més, ha creat l’Oficina de Mediació sobre Immatriculacions, que és un servei del Centre de Mediació de Catalunya, adreçat a l’Església i a les persones i entitats que reclamen la propietat dels béns immatriculats sense títol de propietat, amb l'objectiu que les parts s’acullin a un procés de mediació que faci possible arribar a acords extrajudicials per la via del diàleg.
La Iglesia se ha apropiado indebidamente de 3.722 fincas en Catalunya en 70 años
El Nacional / ACN
Foto: ACN
Barcelona. Jueves, 23 de julio de 2020. 14:33
Actualizado Jueves, 23 de julio de 2020. 17:51
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La Iglesia católica ha inscrito 3.722 inmuebles a su nombre, sin ningún título que acreditara su propiedad, según el Govern. Las inscripciones, hechas entre 1946 y el 2015, son mayoritariamente construcciones de culto (50%), como ermitas o cementerios, pero también terrenos rústicos y edificios como rectorías o palacios. La demarcación más afectada es Lleida, sobre todo los Pallars y el Alt Urgell, con el Pont de Suert encabezando el ranking.
El ejecutivo creará una oficina de mediación para que las partes se sienten a negociar, pero los afectados dicen que no hay nada que hablar porque es "una ilegalidad y un robo". La Iglesia llevó a cabo las inmatriculaciones amparada por una ley franquista en vigor hasta el 2015 que le permitía actuar como notario.
Plano general de la ermita de Sant Pere de Vallhonesta, en Sant Vicenç de Castellet, con Joan Casajoana, que asegura ser su legítimo propietario. / Foto: ACN
Los registros que ahora ha hecho públicos el Govern muestran como Lleida es la provincia catalana donde la Iglesia católica ha inscrito más inmuebles a su nombre, con más de 2.100. También agrupa las tres comarcas más afectadas de toda Catalunya, que son el Pallars Sobirà, donde se han realizado el 11,2% de las inmatriculaciones; el Pallars Jussà, con 7,9%; y el Alt Urgell, con 7,7%. Por municipios, el Pont de Suert (Alt Urgell) y Olesa de Bonesvalls (Alta Ribagorça), con 82 inmatriculaciones cada uno, son las localidades que acumulan más.
Con respecto al resto de provincias, en Barcelona se han contabilizado más de 700, casi 500 en Girona y casi 400 en Tarragona. De estas demarcaciones, destacan los registros de Anoia, con el 7,1% de las inmatriculaciones, y de la Cerdanya, con el 5%.
Los datos constan en el conjunto de los registros de la propiedad de Catalunya, y desde ahora se pueden consultar en un mapa interactivo donde se puede ver el número de fincas, el tipo, la ubicación, el registro correspondiente y la titularidad de los inmuebles.
Una oficina para llegar a acuerdos
Ante una inmatriculación, si el legítimo propietario quiere recuperar la finca, se tiene que dirigir a los juzgados para demostrar documentalmente que el inmueble le pertenece. Esta acción no prescribe y, por lo tanto, no hay límite de tiempo para presentar la demanda.
Con el objetivo de "llamar" a la mediación entre las partes que reclaman la propiedad, el Departament de Justícia ha creado la Oficina de Mediación sobre Inmatriculaciones, un servicio que pretende servir para llegar a acuerdos extrajudiciales, por la vía del diálogo.
Actualmente la mayor parte de las disputas son por la inscripción de lugares de culto ubicados en propiedades privadas y solares rústicos, así como de equipamientos deportivos y plazas públicas en torno a iglesias y rectorías. Entre los lugares de culto, destacan conjuntos monumentales que son patrimonio histórico y cultural, pero también hay, incluso, equipamientos deportivos.
El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha asegurado que no se trata de señalar a nadie con el dedo, sino de buscar soluciones. "Que en ningún caso haya privilegios para nadie, es una medida a favor de resolver los problemas", ha añadido.
Desde el Obispado de Vic insisten en que, si se demuestra algún error en una inmatriculación, serán los primeros a resolverlo.
"No hay nada que negociar porque nos han robado"
Para Joan Casajoana, el campesino que inició la lucha ahora hace unos años, la cifra de 3.700 fincas "se queda corta". Casajoana asegura que "los listados sirven para nada". "Lo único que sirven es para dar la razón a aquellos a quienes antes nos decían que éramos unos locos", asegura. Con respecto a la oficina de mediación, Casajoana cree que con la Iglesia no hay nada que negociar, ya que lo que han hecho "es un robo y una ilegalidad".
A Casajoana le han devuelto la antigua masía familiar después de que el Obispado de Vic reconociera el error, pero falta el cementerio y la iglesia de Vallhonesta de Sant Vicenç de Castellet, del siglo XVII y única por su tipología, ya que tiene doble espadaña. Ahora, el propietario ha decidido ir por la vía judicial.
"La Iglesia tendría que ser coherente y solidaria"
El presidente de la Asociación de Micropueblos de Catalunya, Mario Urrea, confía en que la Iglesia "será razonable" y se pondrá a negociar. "Creo que no es el camino ni la manera de actuar, y menos una Iglesia que tendría que ser mucho más solidaria y coherente, y que el pecado capital de la avaricia no lo tendría que tener", ha asegurado.
Un grupo de trabajo para impulsar un cambio normativo
El Departament de Justícia ha impulsado la constitución de un grupo de trabajo para identificar los supuestos que puedan exigir una actuación pública orientada a recuperar los bienes que tengan que ser disfrutados por el conjunto de la sociedad, para dar apoyo institucional a los municipios en el ejercicio de acciones análogas, para facilitar la consecución de acuerdos y para impulsar las medidas legislativas que se consideren necesarias. Este grupo de trabajo, que se pondrá en funcionamiento en septiembre, contará con los órganos de la administración catalana competentes en materia de registros de la propiedad, patrimonio de la Generalitat y patrimonio cultural, cooperación con la Administración local y asesoramiento y defensa en derecho de la Generalitat.
La primera administración que publica las immatriculaciones
La Generalitat es la primera administración que hace públicas las inmatriculaciones de la Iglesia. Ha optado por hacerlo después de que el ejecutivo español hiciera caso omiso de la Resolución 419/X del Parlament, de 13 de noviembre de 2013; e incumpliera la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, de 4 de abril de 2017, que exigían transparencia al Estado en relación con los bienes que la Iglesia ha inscrito en el registro sin ningún título de propiedad. También ha instado a su divulgación el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), con la Resolución 498/2016, de 9 de octubre de 2019. Hay que recordar que el Gobierno dispone de la lista de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia desde el 6 de febrero de 2018, pero nunca lo ha difundido.
Fincas inscritas en virtud de una ley de 1946
La polémica sobre los bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia tiene el origen en la ley hipotecaria que el franquismo aprobó en 1946. Esta norma, vigente hasta diciembre de 2015, establecía que la Iglesia, igual que la Administración, podía inmatricular una finca aunque no tuviera ningún título que acreditara su propiedad. Concretamente, el artículo 206 facultaba a los propios diocesanos para acreditar la propiedad de los bienes inmatriculados, como si fueran notarios. Las autoridades eclesiásticas sólo tenían que extender un certificado que hiciera constar el título o modo con que estos bienes fueron adquiridos, requisito que a menudo entendían satisfecho con una alusión genérica en la posesión de los inmuebles desde tiempos inmemoriales.
¿Qué son las inmatriculaciones y por qué son el gran negocio de la Iglesia?
La Iglesia ha registrado como suyas
hasta 30.000 propiedades en las dos últimas décadas. La institución se benefició de los privilegios que le otorgó el nacionalcatolicismo de Franco.
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Actualizado: Lunes, 12 agosto, 2019 15:21
Publicado: 12.08.2019 15:32
Abril de 1939. Franco admira el llamado 'Desfile de la Victoria'. El dictador acaba de ganar la Guerra Civil y muestra su poderío militar. En medio de los festejos, el 'generalísimo' se para delante de una iglesia y, como un caballero cruzado, ofrece su triunfo a Dios. Desde entonces, en España comienza a imperar el nacionalcatolicismo.
"En la época de Franco, ser español y católico significaba definir tu identidad", explica Evaristo Villar, teólogo y portavoz de Redes Cristianas. Franco y la Iglesia encabezada por Pio XII se adoraban mutuamente. El Vaticano reconoció la soberanía del dictador y lo condecoró; era un amor correspondido. Y por la gracia de Franco, la Iglesia fue colmada de regalos y privilegios: las inmatriculaciones.
Pero ¿qué es una inmatriculación? Lo explica Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de 'Recuperando', Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia: "Es la primera vez que un bien inmueble accede al registro de la propiedad. Nuestro derecho exige que, para que un bien acceda al registro, tiene que existir un título material que lo justifique".
Rodríguez continúa: "Lo que ha sucedido con las inmatriculaciones es que existía un privilegio que proviene del franquismo y que equiparaba a la Iglesia católica con la administración, y a los obispos con notarios". En 1946, el franquismo aprueba su ley hipotecaria. En su reglamento se dice que "tratándose de bienes de la Iglesia, las certificaciones serán expedidas por los diocesanos respectivos". Resumiendo: bastaba con que el obispo diera su bendición para que la Iglesia tomara como suyo cualquier bien o propiedad.
En palabras de Jorge García, presidente del de 'Movimiento hacia un estado laico': "Se daba la potestad de que los diocesanos, obispos y arzobispos, pudieran autocertificarse bienes simplemente con un certificado suyo, sin aportar ningún titulo de la propiedad reconocido". Franco solo puso una excepción: la iglesia no podía matricular a su nombre templos destinados al culto.
"La única prohibición era que no accedían al registro los templos de culto porque se habían entendido históricamente como bienes de dominio público. No del Estado, sino de cualquiera de nosotros, como calles, plazas o ríos. A pesar de eso, existe constancia de que, desde 1946 hasta la muerte del dictador, también se inmatricularon templos de culto", expone el portavoz de 'Recuperando'.
Franco murió, pero su ley siguió viva. Las matriculaciones siguieron: desde 1975 hasta 78, y del 78 al 98, también se inscribieron bienes contra esta prohibición. Ahora, más de 40 años después, España está pendiente de que el Gobierno publique el listado de inmatriculaciones de la Iglesia. En total, ha inscrito como suyas, en dos décadas, 30.000 propiedades que van desde templos a casas parroquiales, o incluso fuentes y parques infantiles. Sin su publicación, Ayuntamientos o particulares no pueden reclamar la titularidad de esos bienes.
Los 30.000 bienes inmatriculados por la Iglesia
Un parque infantil en Eskoriatza, una casa particular, huertas y montes, un merendero en Guadalajara o la mezquita de Córdoba. Todas estas propiedades están entre los 30.000 bienes que la Iglesia inscribió como propios en las últimas dos décadas y que, según varias asociaciones, no les corresponden. El vídeo que acompaña a estas líneas detalla algunas de esas inmatriculaciones:
