14F: ¿qué obliga a 80.000 integrantes de mesas electorales?
Más allá de la salud y la vida
Elisa Beni
Madrid. Miércoles, 3 de febrero de 2021. elnacional.cat
“La moral de esclavos es, en lo esencial, una moral de la utilidad”
F. Nietzsche
En estos días en los que preservarse del contagio se hace ya más difícil que saltar de una trinchera a otra bajo un fuerte fuego cruzado, créanme que pienso mucho en los 80.000 ciudadanos que se van a tener que sentar durante once horas de votaciones, más las correspondientes de recuento, en espacios cerrados y con una alta afluencia de personas. Me estremece. Ya no solo el ir a votar, que también, aunque es un acto más rápido, menos arriesgado, sino el permanecer con la mascarilla y el miedo puestos mientras pasan lentamente las horas.
Y todo ello porque a seis jueces les parece que los datos de la pandemia son proyecciones —¡qué más quisiéramos, señores de los ropones, que tener seguridades!— y que “no hay certezas sobre la mejora que supondría el aplazamiento”. ¡Ahí, bien toreros! No hablan del posible empeoramiento, sino que no están seguros de que habría mejora. Es su propio compañero de sala el que les recuerda que sí existe un informe en la causa del director de la Agència de Salut Pública que afirma que los movimientos de 5 millones de personas, desde luego, aumentan el riesgo epidemiológico. Claro que —les dice el disidente, que parece ser el más concurrente con el sentido común— no tienen ningún otro parecer científico que oponer a este. Ninguno. Los ropones pasan de lo que afirman los técnicos de salud, pero más que nada porque ellos lo valen.
El Govern habrá decidido no recurrir la decisión para no crear más desconcierto ni liarla parda, pero lo cierto es que la resolución está plagada de planteamientos que sólo pueden proceder de mentes que han despegado de la realidad. Unos tipos que escriben que ya saben que hay catalanes en los hospitales y enfermos y hasta al borde de la muerte y que los habrá también el 14 de febrero, pero, vamos, que “en todos los procesos electorales hay un número de electores que no pueden ir a votar por razones médicas”. ¿De verdad me están comparando? O sea, ¿no se han dado cuenta de que en este proceso habrá los que normalmente no pueden más los de la pandemia? Ellos a lo suyo. Aunque las cifras, insisten, son predicciones —¡qué más quisiéramos, señores, que saber con certeza cuántos van a enfermar y cuántos a morir!— estas apuntan a un 2,5 por ciento del censo electoral, que les parece peccata minuta y que “no hace que las elecciones no puedan ser consideradas democráticas”. Eso sí, ellos las mantienen para asegurar que no se vulnere el derecho a voto de los catalanes. No lo olviden. Lo de toda esa gente en riesgo o agonizante o enferma son cosas de la vida. “Las condiciones no serán las mejores en cuanto al estímulo y participación electoral (…) pero no se puede decir que impidan un proceso electoral razonable” y, dados los estándares de racionalidad que manejan los togados, hasta entiendo que lo piensen.
En toda la resolución no efectúan los egregios magistrados una ponderación entre el derecho al voto y los derechos a la vida y la integridad física, el derecho a la igualdad y el derecho a la protección de la salud, que para qué se van a liar, hombre
Miren, lo de esta sección de lo contencioso administrativo es para que les quiten las estrellas de West-Point, que ya saben que los jueces contenciosos se consideran la crema de la crema de la judicatura española. Me consuela un poco el magistrado que suscribe el voto particular, y que coincide con el parecer de muchos de sus compañeros de otros órganos similares. Al menos uno que sabe dónde se pone el sombrero. Alguien que se acuerda de realizar una ponderación de derechos que los que deciden ni plantean. Es como les cuento. En toda la resolución no efectúan los egregios magistrados una ponderación entre el derecho al voto y los derechos a la vida y la integridad física (artículo 15 CE), el derecho a la igualdad (artículo 14 CE) y el derecho a la protección de la salud (artículo 43 CE), que para qué se van a liar, hombre. Nada. Además ellos tienen muy claro que “si es posible circular en los términos necesarios para ir a un colegio, efectuar colas y permanecer en espacios cerrados, algunos sin límite de aforo, como en el transporte público”, pues se puede ir a votar y ya está. Es seguro que ellos no saben que no se debería de poder viajar hacinado en el transporte público o que los que forman parte de las mesas no pueden elegir, pero, ¡qué más da! Ellos insisten en que se limitan a lo jurídico, que lo sanitario no es lo suyo. No nos lo juren.
El magistrado del voto particular ha dado un paso al frente, pasando de esa nefasta y puñetera unanimidad que se quiere imponer en los tribunales españoles, porque así queda claro que en derecho era perfectamente posible preservar a todos estos ciudadanos en un momento crítico de la pandemia. El día 24 de febrero, diez días después, espero que no tengan que arrepentirse de nada, porque espero que las cifras no se disparen, pero, en todo caso, a ellos tampoco les pasaría factura. Serían cosas de los gobernantes, ya saben, que no las organizaron bien.
Es su compañero el que nos recuerda en su voto que en la República Francesa acaban de empezar a tramitar la norma que retrasará todas las elecciones regionales hasta junio. Pero eso es porque los franceses no entienden nada del derecho a voto ni de elecciones democráticas y porque no se lo han querido consultar a los jueces catalanes.
Yo sigo pensando en los afectados porque “hay riesgos que no es posible descartar”, dice José Manuel de Soler, y “el aplazamiento es un mal menor que libera a los participantes en la campaña, a los votantes y a los 80.000 integrantes de las mesas de los riesgos para su salud”. Al menos, más allá de los que se dedican a los cálculos electorales y a buscar su mejor momento, él tendrá la conciencia tranquila. Yo echo este caso en el montón de los despropósitos judiciales. Tengo un saco lleno.