¿por qué Pablo Hasél acabará en prisión?
Músicos y juristas critican la restricción de la libertad de expresión y el uso de la ley para silenciar a artistas
Barcelona Pablo Hasél será el primer músico encarcelado en el estado español por sus canciones desde la Transición. Hasél tendría que entrar en un centro penitenciario a finales de la próxima semana, después de que la Audiencia Nacional le diera diez días para ingresar el jueves de la semana pasada. El rapero, que está condenado a nueve meses por un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro de injurias a la Corona, ha dicho que no se entregará voluntariamente, sino que tendrá que ser la policía quien lo vaya a detener. El caso ha levantado una oleada de protestas en defensa de su libertad –este sábado y domingo hay convocadas manifestaciones en toda Catalunya y el Estado – y, junto con las penas de prisión de Valtònyc y La Insurgencia, ha puesto en el punto de mira el uso de la ley para silenciar a artistas.
Más prisión que después de la Transición
"Meten a más músicos ahora en prisión que en la época de la Transición. A los cantantes que nos significábamos contra el franquismo, no nos encarcelaron entonces", afirma Lluís Llach. Uno de los últimos casos de artistas en prisión, justo después de la muerte de Franco, fue la condena al director de teatro Albert Boadella por la obra La torna. Más tarde, con los intentos de España para ser vista como un país democrático, "todas las fuerzas que sostienen el Estado necesitaban justificarse ante la población y ante Europa", recuerda Llach, de forma que no se llevaba a los artistas a los tribunales por sus canciones. "Ahora las cosas han cambiado. Tenemos más artistas condenados en prisión en España que en Turquía, es gravísimo", añade.
La sensación que la represión ha ido en aumento los últimos tiempos es compartida por más artistas. "Cada vez estamos en un estado menos democrático. Ahora que la monarquía tiene unos índices de popularidad más bajos, parece que estas condenas sean una manera de frenar cualquier posibilidad de disidencia activa", explica el músico y presidente de la Academia Catalana de la Música, Gerard Quintana. Cuando los artistas comparan la situación actual con la de hace unas décadas, llegan a la conclusión de que la permisividad a la hora de criticar el rey o las instituciones era más alta entonces. Las canciones Carta al Rey Melchor (1992) de Albert Pla, Jo vull ser rey (1994) de Els Pets y los temas de La Polla Records son algunos ejemplos. "Sonaban en todas partes, casi eran mainstream. Después del golpe de estado de Tejero, el Estado y la monarquía se debían de sentir más fuertes. Nos vendieron el relato de que estas manifestaciones no los hacían ni cosquillas. Ahora están más en peligro", dice Quintana.
Utilizar el Código Penal como una herramienta de represión
La ONG internacional Freemuse, dedicada a la defensa de la libertad de expresión de los músicos, alertaba el año pasado que España es el estado con más artistas con condenas de prisión de todo el planeta. En un informe, contabilizó que en España había 14 músicos con penas de prisión por sus canciones –Valtònyc, Pablo Hasél y los doce raperos de La Insurgencia–, por delante de Irán (13 artistas con condenas de prisión), Turquía (9) y Birmania (8). Encerrarlos en prisión es, según Cesk Freixas, "una estrategia del Estado para crear precedentes y para decir al resto de artistas que la música con finalidades políticas tiene consecuencias jurídicas y penas".
Judicializar la música evidencia su poder de difusión. "Hasél canta hechos objetivos que en otros ámbitos, como el periodístico, también se han explicado, pero sin haber encarcelados hasta ahora. Esto demuestra que la música se considera un medio de comunicación muy potente y que hay determinados temas del poder que al Estado no le interesa que se hablen mucho ", dice Freixas. "He cantado cosas de la monarquía y torturas policiales que han quedado reflejadas en la prensa. Hay raperos muy conocidos, como Eminem, que han hablado de asesinar al presidente de Estados Unidos y no les ha pasado nada. Lo que pasa en España es propio de uno de los países más autoritarios del mundo", explicaba este jueves Hasél en un encuentro online con la eurodiputada Clara Ponsatí y Valtònyc.
Los músicos temen que uno de los efectos de las condenas sea la autocensura. "Mucha gente dirá que no quiere cantar ciertas cosas. Pero también espero que se cree una ola de solidaridad acompañada de canciones sobre lo que se quiere silenciar", señala Freixas. "El Estado quiere eliminar los medios de comunicación que quedan libres. ¿Qué cantante se pondrá a decir las cosas que pasan, ante todo esto? Habrá miedo y autocensura, y esto lleva a la normalización del fascismo", subraya Llach.
¿Hasta qué punto protege la libertad de creación?
El rapero Alex Nicolaev, conocido artísticamente como ELGI y que formaba parte de la ya desaparecida banda La insurgencia, fue condenado en 2018 a seis meses de prisión por sus letras, junto con once músicos más. "No es lo mismo hacer un mitin que cantar una canción. Pero eso a la Audiencia Nacional le da igual, se lo pasa por el forro", destaca ELGI, que considera la condena una criminalización de la disidencia: "Ven que nuestra lucha ha llegado a los jóvenes y que se está tomando conciencia. No aceptan una opinión diferente ". Uno de los argumentos de su defensa durante el juicio fue precisamente el derecho a la libertad de creación. "Legalmente, en los casos de creación artística siempre se está hablando de ficción, de una obra que surge de la imaginación del artista. Esto hace que sea más protegible", señala el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, Carlos Sánchez Almeida, que subraya que "la libertad de creación es un derecho con protecciones específicas dentro del artículo 20 de la Constitución".
Pero por encima de la libertad de creación "debería primar la libertad de expresión y opinión, que en estos casos se vehicula artísticamente por medio del rap", asegura la abogada penalista Laia Serra. "Si amputamos al mundo artístico la posibilidad de hablar de determinados actores políticos o hechos, estamos tratando a la cultura como si fuera menor de edad", añade el también abogado penalista Benet Salellas. Entonces, ¿por qué los altos tribunales consideran que la libertad de expresión no ampara a los artistas? Salellas responde: "Las instituciones españolas, que son las que toman las decisiones, tienen mal entendida la libertad de expresión. La aceptan para emitir mensajes inofensivos. Esto no es libertad, es adulación. Se trata de poder expresar mensajes que sean contrarios al statu quo, que sacudan y puedan llegar a ser ofensivos para la ideología predominante".
La abogada penalista Teresa Vallverdú, miembro del colectivo Drets, dice que "es una anécdota" que la Constitución avale la libertad de expresión y que este derecho fundamental "se restringe abusivamente". "El problema no es qué dices, sino de quién lo dices", considera. Solo en algunas excepciones, como el caso del músico César Strawberry de Def Con Dos, el Tribunal Constitucional anuló la condena amparándose en el derecho a la libertad de expresión.
La instrumentalización del delito de enaltecimiento del terrorisme
En las condenas de Hasél, Valtònyc y La Insurgencia, Serra explica que los tribunales, empezando por la Audiencia Nacional, les aplican el artículo 578 del Código Penal -el de enaltecimiento del terrorismo- "de manera muy amplia y laxa". "No tienen en cuenta que la directiva europea de 2017 [de la lucha contra el terrorismo] exige que debe haber un contenido explícito de incitar a la violencia. Como ocurre con la mayoría de los delitos políticos, el potencial de los discursos es muy subjetivo y eso permite interpretaciones arbitrarias", valora Sierra. Vallverdú alerta que "instrumentaliza la ley" de manera extensiva para convertir estos casos en un ejemplo, porque "poca gente querrá rizar el rizo".
En el encuentro del jueves con Hasél y la eurodiputada Ponsatí, Valtònyc decía que España "necesita un enemigo" para justificar su represión y desmovilizar a los movimientos sociales. "No soy partícipe de bandas armadas y se me ha juzgado como si fuera miembro", lamentaba el rapero, que señalaba que, en cambio, el Código Penal no se ha aplicado contra la música machista ni por declaraciones racistas o xenófobas: "la libertad de expresión es para la derecha". "Nosotros hacemos canciones. Decir que amenazamos es como decir que Nabókov es pederasta por Lolita", concluía Valtònyc.
Injurias a la Corona a pesar de los pronunciamientos de Estrasburgo
El otro delito por el que también envían a la cárcel Hasél y Valtònyc, el de injurias a la Corona, demuestra que la Audiencia Nacional "no está haciendo una recepción" de los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Salellas llevó a Estrasburgo la condena a dos chicos por injurias a la Corona por quemar fotos del rey y el TEDH condenó a España por violar la libertad de expresión. "La sentencia del TEDH plantea que debe haber una cierta capacidad de provocación que queda incluida en la libertad de expresión", recuerda Salellas, que piensa que "una parte de la judicatura", como las audiencias provinciales y los juzgados, lo tienen en cuenta, "pero en los tribunales donde debería calar en profundidad parece que son impermeables a Estrasburgo".