España cañí -41: derechos, los de los saqueadores
El ex presidente de la SGAE, Teddy Bautista, reclamó ayer en el juzgado una indemnización de 1,8 millones de euros por haber "renunciado" al cargo el pasado julio. En cambio, la sociedad de autores considera que dimitió y sólo le reconoce la posibilidad de cobrar 675.000 euros, cifra que dobla el sueldo anual que tenía Bautista al frente de la institución.
El declive y quiebra de la CAM, entidad intervenida por el FROB, está ofreciendo algunos episodios que provocan, como mínimo, la sorpresa. Porque su ex directora general, María Dolores Amorós, a la que se le atribuye parte de la responsabilidad en la nefasta gestión de la entidad - que investiga también la fiscalía anticorrupción-,exige que se le indemnice con 10 millones de euros por su despido. La cifra demandada la calcula en concepto de lucro cesante, por los 17 años que aún le quedaban de contrato.
En el juicio que se celebró ayer por este asunto, su letrada alegó que el despido fue "improcedente" y exigió, además, que se le restituya el puesto y la pensión vitalicia de 369.497 euros anuales. Los abogados de la CAM han defendido la decisión de apartarla, entre otras razones, porque "actuó en beneficio propio al calcular su pensión vitalicia" y por "falsear las cuentas para ocultar la debilidad financiera de la entidad". María Dolores Amorós llegó ayer al juzgado entre gritos de varios afectados por las cuotas participativas. "Ladrona", "choriza" y "corrupta", fueron algunos de los insultos. La que fuera mano derecha del ex director general de la CAM, Roberto López Abad, durante 10 años, fue despedida el 28 de septiembre del 2011 por los nuevos administradores de la entidad a raíz de la intervención del Banco de España en julio de ese año. El FROB capitalizó la caja con 2.800 millones de euros mediante la compra de acciones y de otros 3.000 millones para dar liquidez inmediata.
Durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia, uno de los tres administradores de la CAM, José Antonio Iturriaga, ha señalado que la gestión de la entidad "es propia de la vía penal". Iturriaga ha señalado que existen documentos, soportes informáticos y correos electrónicos cruzados entre diferentes actores de la caja que "reflejan incumplimientos normativos y ocultación de cifras". Uno de los testigos de la acusación ha señalado también que Amorós "manipuló" las cuentas, y aseguró que en el primer trimestre del 2011 hubo beneficios del grupo por valor de 65 millones de euros mientras que los administradores del FROB detectaron pérdidas por valor de 1.136 millones de euros.
Estos argumentos no han amilanado a la defensa de Amorós, que interpreta que el despido provocó a la ex directora general "daños morales en su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen".
25-II-12, efe/S. Enguix, lavanguardia
27-II-12, internautas.org