Sucede una vez y es muy grave. Pero piensas "mira quizás se despistaron y ahora que los han avisado, lo solucionarán". Y no. Sucede exactamente lo mismo una segunda vez y nadie toma ninguna decisión al respecto ni pasa nada. Y sucede una tercera vez. Y una cuarta. Y hasta DIEZ veces. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha condenado diez veces el Reino de España por no investigar denuncias de tortura. Y lo más sensacional es que en siete de estos casos (un nada despreciable 70%) el juez instructor era Fernando Grande-Marlaska, actual ministro el Interior. ¡DE-MO-LE-DOR!

Y el dato se cuela a la actualidad porque estos días la Audiencia Nacional juzga a ocho abogados acusados de hacer de enlace entre ETA y los presos de la banda. Es lo que los acusadores denominan "el frente jurídico". Todos ellos fueron detenidos hace 11 años por orden del entonces juez Grande-Marlaska y ahora dos de ellas han explicado las torturas a que fueron sometidas por la Guardia Civil.

Ahora volveremos al vídeo, pero antes permítame que le hable un poquito del antiguo juez y actual señor ministro y que lo es desde hace tres años, un mes y dos semanas.

1/ En la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) por el llamado Caso Segi, una organización abertzale declarada ilegal en el 2012 y que acabó con la absolución de los 40 acusados, se estima que el juez central de instrucción "no tomó medidas para evitar que los acusados fueran torturados para obtener una declaración", que las declaraciones de los detenidos ante la policía se hicieron "en un contexto inquisitivo y secreto sin ninguna garantía" y que hubo irregularidades cuando fueron interrogados por el juez. ¿Sabe quién era?

2/ Ramón Saéz Valcárcel, magistrado de la AN, emitió un voto particular discrepante en la sentencia contra los tres miembros de ETA Daniel Pastor "Txirula", Íñigo Zapirain Romano y Beatriz Etxeberria en relación a las medidas que el juez del caso tomó para evitar las sospechas de torturas a detenidos bajo su custodia. Sáez también consideró que las declaraciones de los acusados fueron hechas en "circunstancias anormales" ya que existió "una intensa privación de los derechos básicos de los detenidos". Como debió ser aquel juicio que el Tribunal Supremo ordenó repetirlo. ¿Sabe quién era el juez?

3/ El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CEPT) visitó España a mediados del 2011 y calificó como "sorprendente" que todas las detenciones en régimen de incomunicación que se produjeron los cinco primeros meses de aquel año "fueran autorizadas por el mismo juez" y que "nunca aplicó el protocolo que sí crearon otros magistrados para evitar torturas y maltratos a los detenidos". ¿Sabe quién era el juez?

4/ Añada a todo eso que Amnistía Internacional ha denunciado que el Estado español impide que se investiguen los delitos de tortura y maltrato, cosa que "contribuye a consolidar la impunidad ante estas violaciones de derechos humanos en España". Y súmele los informes de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura donde denuncia "las deficiencias estructurales por evitar los casos de tortura" y que "no se investiguen las denuncias cuándo se producen". ¿Sabe a qué juez se refieren?

Bien, con esta información de servicio ya podemos volver al vídeo. Va, haremos una cosa... Nos olvidaremos de la expresión corporal de angustia total y absoluta e imaginaremos que estamos ante una gran actriz a la cual se lo está inventando todo. Y diremos que las sentencias del TEDH y de la AN y las denuncias probadas de Amnistía Internacional y otros jueces son inventadas. ¿Sí? Pues ahora vienen las preguntas:

¿El Estado no debería haber investigado estos casos para demostrar que no eran ciertos, impedir cualquier sombra de duda y dejar impoluto el nombre de esta España que tanto dicen amar y defender? Sobre todo después de DIEZ sentencias contrarias. ¿Y el entonces juez y ahora ministro, no tiene nada que decir? ¿No cree necesario defenderse de nada? ¿No tiene una versión alternativa? ¿Y no tiene que dar ninguna explicación? Al Estado que lo situó en el lugar donde estaba y a los ciudadanos que le pagamos el sueldo. ¿O es que al juez y actual ministro tanto le da haber recibido SIETE sentencias de un tribunal de derechos humanos? Y sabiendo esta trayectoria, ¿el gobierno más progresista de la historia lo hizo ministro precisamente a él? ¿Por qué? ¿Y el presidente del Gobierno no tiene nada que decirnos?

Y una última pregunta: ¿en un estado donde ha habido víctimas de primera y de segunda y donde una persona tan poco sospechosa de connivencia con ETA como Consuelo Ordoñez afirma que "El PP nos utiliza a las víctimas para hacer oposición, intoxica con mentiras e incita al odio", los torturados también deberían ser víctimas?